domingo, 18 de octubre de 2015

LA SEGUNDA PIEDRA DE BOGARIS

A92, Ideal de Almería,
18 de octubre de 2015


El pasado viernes culminó, con el acto formal y simbólico de la colocación de la primera piedra, el proceso administrativo iniciado en  enero de 2006 para la construcción de un gran centro comercial en Torrecárdenas. Allí estuvieron el alcalde Rodríguez-Comendador junto al presidente de Bogaris, Javier Charlo, empresa promotora del proyecto, dando la primera paletada de arena y cemento a una obra no exenta de polémicas, sospechas o suspicacias políticas a lo largo de la última década.
Javier Charlo, Pte de Bogaris y
el alcalde de Almería pala en mano.
 Foto: Ideal
Pese a lo deslucida que apareció en los medios la colocación de la primera piedra, promocionada a bombo y platillo horas antes desde el Ayuntamiento, ni el alcalde ni los promotores desaprovecharon la ocasión para "vender" las bondades numéricas de tan faraónica obra con 176.454 metros cuadrados a construir. Albergará un total de 116 locales, donde se instalarán las primera marcas del consumo en España. Y lo más importante, se crearán un total de 1300 puestos de trabajo directos. La empresa sevillana Bogaris ha encargado el proyecto al afamado estudio Chapman Taylor que se ha inspirado en la estela cinematográfica de Almería, especialmente en las películas del Oeste americano. Algo que no es casualidad ya que, la tramitación de este proyecto, iniciada cuando  el PP de Almería competía con Juan Enciso en El Ejido por tener un Corte Inglés, según todos los indicios podría tener todos los ingredientes de una película y no precisamente de vaqueros.
Al mismo tiempo que los señores Charlo y Comendador se fotografiaban en tan histórico momento, con los consiguientes agradecimientos del edil a los promotores por su apuesta almeriense, en un despacho de la sede de la Fiscalía Superior de Granada, uno de sus miembros,  Juan Ignacio Fernández-Amigo de la Torre, seguía cumpliendo el mandato de su superior jerárquico, Jesús García Calderón, a propósito de una denuncia registrada en Fiscalía el pasado 23 de septiembre y presentada por Amayt a cuenta de la génesis y tramitación administrativa del centro comercial de Torrecárdenas. El fiscal delegado quedaba autorizado a realizar "aquellas actuaciones que estime conveniente" para, una vez concluidas en el plazo establecido, adoptar la decisión que corresponda.
La extensa denuncia de 77 folios, desgrana un impresionante rosario de presuntas irregularidades que se habrían cometido a lo largo de la dilatada tramitación del proceso por parte del Ayuntamiento de Almería y, fundamentalmente, por sus responsables políticos en materia urbanística y también sus técnicos. Convendrá dejar constancia que este asunto del Centro Comercial de Bogaris era uno de los diez o doce temas que integraban la denuncia preparada antes de las últimas elecciones municipales por el PSOE y que, finalmente, nunca elevó a la Fiscalía por una decisión política interna.

Una licencia de 43 millones

Pero de todas las actuaciones municipales que más sospechas levantan, la concesión de la licencia es, sin duda, la más llamativa para los denunciantes. En efecto, el Consejo de la Gerencia de Urbanismo, el 8 de junio pasado, en la última reunión correspondiente a la corporación 2011-2015, aprueba la Licencia de Obras. La preside el alcalde y su vicepresidente  Pablo Venzal, senador y diputado autonómico respectivamente y, por tanto, aforados. De ahí que la denuncia haya sido presentada en Granada. Se extrañan los denunciantes que en tan solo 7 días hábiles "los Servicios Técnicos Municipales emitan sendos informes, técnico-jurídicos. Se convoca-reúne y dictamina el orden del día para la reunión de la Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo y se otorga y notifica una licencia de obras de 170.000 metros cuadrados de importe superior a los 43 millones de euros. Increíble".
Todo ello sucede en un contexto político muy singular. El PP no había sacado mayoría absoluta, PSOE y Cs habían alcanzado un acuerdo para desalojar a los populares. Pues pese a estar en funciones y con grandes posibilidades de no seguir gobernando el equipo del PP, Comendador y Venzal impulsan la aprobación de una licencia millonaria que, a todas luces, dejaba maniatado al futuro gobierno municipal.
Siendo esta última circunstancia muy llamativa y bastante escandalosa desde un punto de vista político, en el texto de la denuncia se enumeran las múltiples casualidades ( o causalidades ) que se han dejado ver en el largo laberinto administrativo que han tenido que sortear los de Bogaris para llegar a la primera piedra del viernes.
Se menciona al ex ministro Manuel Pimentel como el muñidor inicial de esta operación siendo uno de los dueños de Detea (de la que nació Bogaris) a través del entonces concejal de Urbanismo Juan Megino, coaligado el GIAL con el PP, al que Pimentel apoyaría en las elecciones autonómicas siguientes. El mismo Megino que, ahora, en la recta final para poder obtener Bogaris la licencia y colocar la primera piedra, ha vuelto a unirse al PP cerrando su lista en las municipales. Tampoco olvidan los denunciantes la pirula final de Miguel Cazorla, que fue amigo y concejal del GIAL con Megino, que con su inesperada abstención permitió que Comendador volviese a ser de nuevo alcalde, rompiendo unilateralmente el pacto cerrado horas antes con Pérez Navas y el PSOE. El mismo Cazorla que, liderando Ciudadanos, ha acabado presidiendo la Comisión Municipal de Urbanismo. En definitiva, una serie de coincidencias, que, junto a las presuntas irregularidades cometidas por la administración municipal, invitan a sospechas de corrupción y, para ello, nadie mejor que la Fiscalía para determinar la legalidad, o no, de lo realizado.
Pero no solo la popular asociación anticorrupción de Almería ha llevado este tema a los tribunales de Justicia por la vía penal. Hay otras personas y entidades que se consideran perjudicadas y que también han hecho lo propio ante los tribunales de Justicia. Y a la vista del contenido de las denuncias, por dos vías procesales distintas- penal y administrativa- cabe preguntarse si Bogaris logrará en diciembre colocar la segunda piedra de su faraónico complejo comercial. El tiempo y la Justicia nos lo dirán más temprano que tarde.


LA CUAJADERA

HASTA LUEGO, AMIGOS DE IDEAL

Arrancaba el mes de febrero del año 2014 y fue cuando tuve el honor de firmar, por vez primera, un trabajo periodístico en las páginas de Ideal de Almería. Recuerdo que fue un repaso a los sumarios de nunca acabar y que ahí siguen, inacabados. Fue gracias a la generosidad del director, Eduardo Peralta,  que me invitó a colaborar, con el que me unía - y me une- una entrañable amistad personal y profesional tras haber compartido muchas semanas de tertulias radiofónicas en el viejo "Ruedo Andaluz".
-Eduardo, ya me conoces, seré una fuente de problemas para ti, con tirios y troyanos enfrente, le dije entonces. Y Eduardo, periodista de raza curtido en mil batallas, me dio la respuesta que esperaba.
-Con eso cuento, pero eres un periodista responsable. Siéntete libre.
Y, efectivamente, me sentí libre y nunca, a lo largo de más de cien domingos circulando por la A-92, recibí una llamada desde Granada poniendo pegas o censurando mi trabajo. Si me apuran, en alguna ocasión, fue todo lo contrario: "Pepe, más madera".
Perdonen que ´La Cuajadera´ de hoy esté aderezada con cuestiones personales de quien firma, pero lo considero necesario y oportuno al despedirme temporalmente de Uds, justo cuando estoy a punto de embarcarme en una nueva aventura profesional que me exigirá, de entrada, todo el tiempo y entrega que merecen los recién nacidos.
Les confieso que mi paso por Ideal de Almería no solo me ha reportado satisfacciones profesionales. También personales. Haber conocido y trabajado con Ángel Iturbide, contando muchas veces con su complicidad; también con Miguel, Fran, Mari Carmen, Sergio, Javier, Elisabeth, Julio y tantos otros compañeros y compañeras de la redacción de Ideal de Almería que dignifican a diario, con su trabajo, este bendito oficio de servir a los almerienses a través del periodismo. Un placer haberles conocido, compartido informaciones e incluso aprendido a constatar con ellos, una vez más, que el llamado "periodismo de provincias" tiene la categoría del valor y el esfuerzo máximo, sobre todo cuando se ejerce desde la honestidad como lo hacen ellos a diario y no siempre con los recursos que desearían.
Termina de momento mi ir y venir entre Sevilla y Almería a través de la A-92; esa autovía, ese cordón umbilical, que ha permitido unir más a esta provincia con el resto de Andalucía o al menos que Almería no esté tan aislada como siempre la mantuvieron y mantienen algunos desde el egoísmo político. Entre otros ese siniestro personaje que este viernes pasado se arrastraba por algún despacho de Madrid, billetera institucional en mano, intentando comprar silencios que no logró. Y gracias también a los lectores, muchos de los cuales han mantenido una interactividad permanente con este cronista a través de las redes sociales. Ahí seguiré. Y, ¿por qué no?, gracias también a mis detractores y calumniadores, especialmente a los más poderosos del lugar y a sus palmeros a sueldo; desnudarles de sus muchas miserias cada domingo no les ha gustado nada. No estaban acostumbrados. Sus insidias han dado sentido a mi trabajo, que como dejó escrito George Orwell, figura que admiro y releo con frecuencia, "periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás es relaciones públicas". A esos que viven de robar o malversar los dineros de los ciudadanos ya les adelanto que continuaré atento a sus desmanes y que en mi nuevo destino profesional, por supuesto contando con firmas almerienses, les seguiré la pista casi con la misma atención e intensidad que les he prestado desde esta página impar del Ideal cada fin de semana.
Adiós y hasta pronto queridos lectores. Les deseo mucha salud a todos, que sean felices esta próxima Navidad y que voten en libertad. Pero por favor, no voten a los corruptos.


domingo, 11 de octubre de 2015

CASO MARISMAS: LA G.C. INSISTE Y ACUSA A SÁNCHEZ TERUEL DE MALVERSACIÓN


“José Luis Sánchez Teruel, quien fue Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, de la Consejería de Agricultura, tenía entre sus obligaciones, planificar, supervisar, coordinar, tutelar la gestión y ejecución de fondos estructurales, relativos a las ayudas al desarrollo rural, a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y firma cada uno de los documentos contables imprescindibles para el pago de las certificaciones desde la 28ª hasta la 34ª y en adelante de las obras de mejoras de regadíos de la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir, Corporación de Carácter de Derecho Público, dando su conformidad a lo certificado. No se procede a tomar declaración como imputado por este delito -Malversación de Caudales Públicos- al ser miembro del Parlamento de Andalucía y por ende tener la condición de persona AFORADA, por lo que procedemos a informar sobre el mismo”. 
Exactamente con estas expresiones literales se pronuncia la Unidad Orgánica de Policía Judicial  de la Guardia Civil, a las órdenes del Juez sevillano Juan Gutiérrez Casillas, en una nueva y extensa diligencia, a la que he tenido acceso, dentro de la investigación del ´Caso Marismas´ que dura ya 18 meses. Este informe viene a complementar el trabajo policial entregado al magistrado en mayo pasado, ordenando entonces el Juez nuevas averiguaciones, concretamente sobre los procedimientos usados con los fondos públicos destinados a la mejora de regadíos. En definitiva, seguir el rastro del dinero. En el informe de mayo, conviene recordarlo, se proponía para su imputación judicial a siete personas, entre altos cargos del Grupo Abengoa, funcionarios de Agricultura, miembros de la CRMG y el ex director general Sánchez Teruel al que los investigadores le imputan un total de cinco delitos graves: Tráfico de influencias. Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función. Delito de fraudes y exacciones ilegales. Delito de coacciones. Y pertenencia a Grupo Organizado.
El nombre del Secretario General del PSOE de Almería y flamante Coordinador Regional del PSOE-A, nombrado hace unos días para este cargo por Susana Díaz, es en este reciente informe el último de una lista de diez personas, algunas ya “imputadas” policialmente, a propósito de la presunta comisión del delito de Malversación de Caudales públicos. Junto a Sánchez Teruel también aparece mencionado su antecesor en el puesto, el médico radiólogo sevillano Tomás Martínez Jiménez, al que se acusa también del delito de Malversación. El Sr Martínez, según el informe, “ya ha sido imputado por este delito en esta investigación, por lo que no se le vuelve a tomar declaración como imputado por ello”.
En este mismo contexto destaca como novedosa la propuesta de imputación de cuatro personas más, destacando Juan Luque Alfonso, Interventor Delegado de la Intervención General de la Junta de Andalucía en esas fechas “por la comisión de un presunto delito de Prevaricación”.
Se da la circunstancia de que el Sr Luque Alfonso ya fue imputado por Mercedes Alaya en el sumario del Caso Ere. Junto al Interventor también aparecen Joaquín María Sánchez Mancha, director de Obras de la CRMG, el roquetero Antonio Jesús Viciana Ortiz de Galisteo, que fue Gerente  de la UTE Riegos Marismas y Juan Bautista Peña López-Pazo, posterior gerente en el mismo puesto, los tres acusados de Malversación de Caudales Públicos.

20 millones más

En los aspectos financieros de la operación destaca la GC que la directiva de la CRMG tuvo conocimiento del préstamo y posterior subvención, “haciendo constar que no es un préstamo hipotecario, sino un préstamo/Póliza de carácter muy especial” (…) “Era Befesa la que emitía facturas, no la UTE y solicita 12.500.000 euros de incremento del contrato y para ello se solicitaría un proyecto complementario de unos 20 millones, cosa que se hizo” (…) “Con el dinero de la subvención se constituían imposiciones a plazo fijos no abonando las certificaciones, que se pagaban con el préstamo a los pocos días, no a los 120 días que estaba estipulado”. (…) “Es de obligado cumplimiento el avalar las cantidades subvencionadas”. (…) “Les causa asombro (a los directivos de La Caixa) la 1ª Certificación en menos de un mes de obra y que se le adjudique la licitación a una empresa que estaba situada a partir de la quinta”.
La Caixa, entidad financiera que sustenta todo el entramado financiero de esta operación, aparece de forma destacada, prestado declaración como testigos dos ex directivos sobre cuya actuación la GC no detecta ilícito penal. No obstante, se hace constar que “creemos y consideramos que ha habido una mala práctica profesional, ya que el consejo de los técnicos financieros de la entidad bancaria, tenía que ser asesorar a sus clientes ( la CRMG) de la forma más beneficiosa para estos, cosa que observamos que no fue así, ya que el único interés, era obtener ´bonos´ por rendimiento de la sucursal a cuenta de las imposiciones a plazo fijo”.
A partir de este extenso y complementario informe policial de casi cien folios, ahora el siguiente paso procesal queda en manos del Fiscal quien deberá en pocos días proceder a hacer suyas- si lo considera oportuno- las acusaciones de la Guardia Civil y elevarlas al magistrado. Recuérdese que, en en este asunto, el Fiscal adscrito al caso ha dejado escrito, negro sobre blanco, su felicitación a los investigadores por el “magnífico trabajo” realizado en esta compleja trama de corrupción. Habrá llegado entonces un momento clave, desde el punto de vista procesal y, sobre todo, político en el ´Caso Marismas´. Gutiérrez Casillas deberá aceptar o no las propuestas de imputación de la policía y, si procede, del fiscal si las asume; llegado el caso concreto del aforado José Luis Sánchez Teruel, deberá proceder a redactar una motivación razonada y elevar su propuesta de imputación a la Sala correspondiente del TSJA. Algo que, de suceder, colocará a Susana Díaz y al PSOE-A ante una crisis interna de notables consecuencias ya que debería dimitir de todos sus cargos tal y como obligó Díaz a Chaves y Griñán.
No obstante conviene dejar reseñado que las autoridades de la Junta, Carmen Ortiz consejera de Agricultura y la presidenta, como secretaria general del PSOE-A, implícitamente han dejado clara su apuesta por la inocencia del político almeriense de Chirivel. Algo que se evidencia en el nombramiento de Sánchez Teruel para el puesto de Coordinador Regional del PSOE-A, que conlleva ser miembro nato de la ejecutiva regional. Todo ello ha sucedido tras conocerse este tercer documento policial inculpatorio contra Teruel del que las partes - la Consejería de Agricultura está personada en la causa- tuvieron conocimiento oficial el pasado 30 de septiembre.


LA CUAJADERA


Bonilla contra Arenas

En el PP de Sevilla no quieren a Javier Arenas para que lidere la lista al Congreso. El propio Juanma M. Bonilla, en un desayuno ´of the récord´ esta semana con 13 periodistas en Sevilla, cuentan los colegas que se desmelenó y que no dejó títere con cabeza. Para el dirigente popular no es de recibo que Arenas, con 30 años de presencia en la política activa, haya querido ser diputado autonómico por Almería - “me la colaron” dicen que dijo-, senador autonómico y ahora quiera dar el salto al Congreso por Sevilla. La única alternativa que se baraja en ámbitos populares es que vuelva a los brazos de su ´hermano mayor´, Gabriel Amat, para que le sitúe de número dos por Almería tras Rafael Hernando. Pero a eso también se opone Bonilla. En el contexto de esta bronca interna hay quien sitúa el achicharramiento al que se está sometiendo a la gente de Arenas en Sevilla, -Ricardo Tarno, Isidro Cuberos o Eloy Carmona- a propósito de los documentos emanados del Caso Gürtel. Mientras  tanto se busca desesperadamente la famosa cinta que Luis Bárcena le grabó a Arenas en el restaurante Oriza de Sevilla de la que se certifica su existencia. Y todo ello a dos meses de las elecciones. A todo esto hay quien no descarta que Arenas le devuelva el golpe muy pronto al político malagueño que, hoy por hoy, preside el PP-A.


Durán, una improvisación del PSOE


El cordobés Juan Pablo Durán no era la “persona de gran prestigio” (Mario Jiménez dixit) destinada a ser inicialmente el Presidente del Parlamento de Andalucía. En realidad  el elegido era Manuel Jiménez Barrios, a la sazón vicepresidente de la Junta y Consejero de Presidencia. De hecho, aseguran fuentes del PSOE de Córdoba, Durán supo de su nominación a menos de 24 horas del pleno de constitución de la Cámara. La improvisación de última hora fue, por tanto, la responsable del aterrizaje en las Cinco Llagas de un discutido personaje al que se le ha puesto enfrente toda la oposición por sus torpes y sectarios manejos de la institución. Los socialistas tuvieron que cambiar a última hora de caballo ya que, por la Ley de Gobierno, el puesto de Jimenez Barrios en el ejecutivo solo podía ostentarlo un miembro del consejo de gobierno en funciones, máxime cuando ya se sabía del estado de buena esperanza de la presidenta. El actual número dos del gobierno, llegado el caso que Susana Díaz abandone la política andaluza dependiendo de lo que pase el 20D, es el más firme candidato para sustituirla.

domingo, 4 de octubre de 2015

EL DÍA QUE AMAT SOÑÓ PERPETUARSE GRACIAS A IU

Fue el miércoles día 23. Pasadas las 13,37 de la tarde, un breve post en el muro personal del Portavoz de IU en el Ayuntamiento de Roquetas, Ricardo Fernández, encendió luces de alerta en los despachos políticos de Almería. Especialmente en los del PP, cuyo presidente provincial, Gabriel Amat, llevaba días inquieto ante la -para él- incomprensible maniobra anunciada días antes por IU, según la cual el portavoz de la coalición en la Diputación, Juan Pablo Yakubiuk, dejaba el cargo para concentrarse en exclusiva a tareas de oposición en el Ayuntamiento de Roquetas. Alguien cercano al presidente de los populares, llegó a comentar esos días en los pasillos de Diputación: “A Gabriel le ha puesto tan nervioso este extraño cambio, conoce tan bien como actúa Yakuviuk, que no debiera extrañarnos que dejase la Diputación para concentrarse solo en Roquetas”.
Pero la llamada que recibe sobre las dos de la tarde de ese miércoles le hace albergar esperanzas para perpetuarse como alcalde y, por tanto, no perder el control de un ayuntamiento clave del que es dueño y señor desde hace décadas.
“Ricardo Fernández - le informan- acaba de anunciar por Facebook su dimisión como Coordinador de IU en Roquetas”. Al presidente Amat le cuentan algo más: “en IU se ha abierto una grave crisis interna, algo que podría incluso desembocar en que Ricardo abandonase la disciplina de IU y estrenase el Grupo Mixto”. Amat, viejo zorro conocedor de los más ínfimos detalles de las leyes vigentes, de inmediato imaginó que una hipótesis como esa podría significar, nada más y nada menos, que la inviabilidad futura de cualquier moción de censura que le descabalgase de la alcaldía, ya que la Ley prohíbe expresamente que un tránsfuga vote en ese contexto de censura. De ser así, el empate de doce contra doce concejales era evidente y, por tanto, neutralizaba cualquier operación para desalojarle como alcalde perpetuo de Roquetas.
La bomba lanzada por Fernández Álvarez a través de la red social sorprendió gratamente en la cúpula del PP almeriense e impactó como un misil en las filas de la militancia y simpatizantes de IU, desconocedores hasta ese momento de que horas antes había tenido lugar una tensa asamblea en la que Ricardo Fernández había echado las patas por alto presentando la dimisión in voce ante el resto de compañeros y camaradas. Su breve y críptica nota era, no obstante, suficientemente explícita: “Debido a los últimos acontecimientos que han ocurrido en el seno de la coalición y también debido a la falta de confianza por parte de algunos miembros del consejo local de Izquierda Unida en Roquetas y en el seno de la colegiada provincial por parte de algunos miembros, presenté mi renuncia ayer en la asamblea local como coordinador local. Esto no influye en mi función como portavoz y concejal en el ayuntamiento de Roquetas. Seguiré trabajando para los vecinos y para el pueblo como lo he estado realizando estos últimos años…”

¿Pero por qué dimite?

¿Qué razones habían motivado esa falta de confianza a la que aludía Ricardo Fernández? se preguntaban quienes desconocían las interioridades de la coalición. “Mi explicación la di en la asamblea”, fue la única respuesta oficial dada por Fernández al ser preguntado por este cronista en el hilo de su muro, tras el anuncio de dimisión. 
Ante las insuficientes explicaciones, consultadas diversas fuentes de la coalición, he podido poner en pié las motivaciones reales de esta crisis que, de momento, parece que ha concluido sin mayores consecuencias.
Este verano, la coordinadora provincial de IU, Rosalía Martín, mantuvo un encuentro con Antonio Maíllo, aprovechando la estancia del líder regional en la zona del Cabo de Gata. Martín, a la vista de los adversos resultados electorales y sus consecuencias internas, planteó una operación de carácter orgánico (y político) que fue secundada de inmediato por Maíllo. Situar a María Jesús Amate en la Diputación como nueva portavoz y destinar en exclusiva a Yakubiuk en Roquetas, como concejal, con derecho a remuneración, sueldo que con la fórmula anterior “se perdía”. Y, en el aspecto político, poner en el día a día del Ayuntamiento roquetero, clave en el poder personal de Amat, a quien durante años ha sido su único látigo opositor denunciando irregularidades y presuntas corrupciones en Diputación. “Juan Pablo ha sido el único político que ha sido capaz de poner en aprietos a Amat con su trabajo de hormiguita, revisando a fondo dudosos procedimientos y extraños expedientes” señalan las fuentes de la coalición consultadas. El asunto quedó perfilado y decidido, fijándose la fecha del 21 de septiembre como el día en el que se anunciaría el cambio. Todo iba sobre ruedas hasta el rebote personal de Ricardo Fernández quien justificó para su inesperada dimisión que no había sido informado de dicho cambio. Algo que no parece responder a la verdad ya que la propia Rosalía Martín anduvo días persiguiéndole telefónicamente sin éxito para contársela, hasta que lo logró al final en un contacto directo y personal. De la misma forma, indican las fuentes consultadas, que el propio Antonio Maíllo hizo partícipe a Fernández telefónicamente del cambio previsto y las razones políticas “de peso”. “En ningún momento se ha planteado quitarle de portavoz - aseguran- en todo caso que se estudiase que Juan Pablo Yakubiuk ejerciese una vice portavocía en materias concretas como Urbanismo de la que es especialista y donde está el meollo de Amat. Pero nunca marginar ni prescindir de Ricardo como portavoz como él podría haber pensado” se asegura.
La mini crisis abierta en IU Roquetas ha quedado reconducida y resuelta finalmente. Al menos formalmente. El propio Ricardo Fernández me aclaraba telefónicamente el jueves que su acta “siempre ha estado y estará a disposición de lo que decida el partido” y, por supuesto, desmentía que hubiese pasado por su cabeza darse de baja de IU, quedársela y así posibilitar que Amat se perpetuarse como alcalde durante la actual legislatura sin disponer de su acostumbrada y añorada mayoría absoluta.


LA CUAJADERA

El ascenso de Teruel

El nombramiento de José Luis Sánchez Teruel como Coordinador regional del PSOE-A ha sido vendido como un ascenso del político de Chirivel en el seno del partido. Y ostentar el mismo cargo que en el pasado desempeñaron Juan Pablo Durán, actual Presidente del Parlamento o la propia Susana Díaz, evidentemente así lo parece. No obstante hay quienes en el seno del partido en Almería no lo consideran así: “ eso son asistir a dos reuniones al año y pare Ud de contar” indican. Y el hecho de que el Coordinador sea miembro nato de la Ejecutiva regional se justifica diciendo que “Almería tenía que cubrir una plaza que en su día dejó Rogelio Mena cuando Susana le obligó a dimitir por sus escándalos en Albox”. Pese a quiénes intentan aguarle la fiesta al secretario General del PSOE de Almería, lo cierto es que él mismo lo ha vendido como un ascenso en su carrera política. Y objetivamente lo es. 
Una promoción desde luego arriesgada para Susana Díaz y para el PSOE-A, ya que sobre la cabeza política de Sánchez Teruel pende todavía la petición al Juez de cinco imputaciones de cinco delitos por parte de la Guardia Civil en el ´Caso Marismas´. Un asunto, por cierto, que sigue instruyéndose y que arrojará en breve otro “escandaloso” informe policial con nuevas peticiones de imputación, según fuentes conocedoras del caso.

Desaparece testigo clave en ´Tres Reyes´

No está muy claro que el próximo martes día 6 arranque finalmente la vista oral de tres días por el Caso Tres Reyes. Varias novedades recientes invitan a pensar en que se consume finalmente su aplazamiento. Por un lado un extraño baile de defensores de última hora. Por otro, la sorprendente desaparición de un testigo clave ya que no ha podido ser localizado por el Juzgado en Madrid, que  ya ha colgado el correspondiente edicto en el tablón. Se trata de Roberto Alonso Ygea, uno de los supuestos “espías” - este de primer nivel- que aparece en las conversaciones intervenidas y que, uno de los supuestos miembros del CNI imputado, identifica como “miembro de la CIA” en España; el verdaderamente interesado en la compra de los dinares iraquíes en poder del empresario ejidense denunciante del caso. Roberto Alonso Ygea, pese a aparecer en la trama de forma activa, nunca fue ni detenido, ni interrogado, ni imputado por los agentes de la Guardia Civil actuante. Por otra parte la Fiscal del caso ha sido condecorada esta semana a propuesta de la Policía y la Guardia Civil.

Bogaris/Torrecárdenas.

Tras la extensa denuncia presentada la semana pasada por Amayt ante la Fiscalía del TSJA, esta institución ha ordenado que se proceda a judicializar la misma para su investigación a través de la Fiscalía de Almería. Se trata de un cúmulo de presuntas irregularidades/delitos en los que habrían participado responsables municipales de Almería, beneficiando ilegalmente los intereses de la sevillana Bogaris, la misma empresa a la que se investiga ahora a cuenta de los fondos europeos del plan Jeremi concedidos irregularmente a través de Invercaria, según los investigadores de la Udef.



domingo, 27 de septiembre de 2015

MAR DE PLÁSTICO: CUANDO LA FICCIÓN IRRITA MÁS QUE LA REALIDAD



Casi cinco millones de espectadores vieron el pasado martes en Antena 3TV el estreno de la serie de ficción ´Mar de Plástico´, rodada bajo los invernaderos del Poniente almeriense y ambientada en un pueblo de nombre imaginario, Campoamargo. Como era de prever la producción televisiva de AtresMedia, uno de los grupos mediáticos más mimados por la publicidad institucional controlada por el PP de Almería en estos últimos años, ha levantado división de opiniones. Lógico, un trabajo artístico no tiene por qué levantar unanimidades. Pero llama poderosamente la atención que las críticas más aceradas estén lideradas por algunos dirigentes políticos, destacando la del alcalde de El Ejido. "Menudo esperpento de serie", ha asegurado Paco Góngora, a través de su Twitter. "Entre el profundo desconocimiento de nuestra tierra y su gente, la nula calidad del guión, la mala fe y el sensacionalismo calumniador, la serie no es que sea mala, es peor”. El edil ha afirmado que llevará pasado mañana, martes, a pleno una moción para elevar una queja a la productora y a la cadena. "¿Se puede hacer una serie más mala en todos los sentidos?”.
El que fuera delfín de Juan Enciso, hoy convertido en alcalde tras volver al PP, se ha erigido en improvisado crítico cinematográfico, descalificando desde el primer capítulo una serie que, a la vista de su audiencia, promete un largo y exitoso recorrido.
 La irrupción de Góngora en la polémica, no obstante, tiene su importancia sociológica y, sobre todo, política ya que saca a la luz una particular forma de entender la protección, contra viento y marea, del peor de los localismos. Y, en este caso concreto, una incoherencia personal y política más que evidente.
A imagen y semejanza de su mentor, el imputado Enciso, Góngora se ha puesto en cabeza de la manifestación contra ´Mar de Plástico´, de la misma forma que a principios de la década del 2000 lo hicieron desde el ayuntamiento de El Ejido cuando las graves revueltas de los inmigrantes. Todo, convendrá recordarlo, con el mismo argumento que ahora se utiliza: la mala imagen para una ciudad, una comarca y, si me apuran, de una provincia como Almería. Mala imagen que Góngora no tuvo en cuenta cuando, él en persona, intentó capitalizar la ofensiva anticorrupción de trabajadores de ElSur, ciudadanos anónimos, periodistas, jueces, policías y fiscales contra el clan de corrupción descubierto en la corporación en lo que se llamó ´Operación Poniente´. Su imagen, con el atril portátil del PP, bajo el balcón del alcalde Enciso, pidiendo que dimitiera tras nueve meses de cárcel preventiva, pasó a los anales del arranque de la lucha contra la corrupción en Almería. Cabe preguntarse qué hubiese dicho hoy Góngora y su partido, el PP, si el guionista de la serie de la productora Boomerang TV hubiese plasmado en su argumentario, en vez de una trama de ficción con un asesinato de fondo, los pormenores de aquel tinglado escandaloso de latrocinio con todos los ingredientes que gustan en este tipo de series al gran público: política, dinero blanco y negro, sexo, infidelidades, rusas mantenidas, avaricia, lujos de todo tipo y conexiones al más alto nivel con la política oficial de 2007 en Andalucía y España.
Ahí, por tanto, radica el problema de este tipo de políticos que desde una visión cateta, sectaria y provinciana de su liderazgo, se incomodan especialmente cuando los periodistas levantamos acta de cuanto sucede a su alrededor o a ellos mismos. Díganme sino como el Sr Góngora ha logrado que su actual imputación judicial, por graves delitos fiscales, esté pasando prácticamente desapercibida en los medios de comunicación y sin consecuencias políticas. Eso sí que tiene pinta de esperpento democrático.

La lección de Ceuta.

No hay que buscar fuera del PP para encontrar ejemplos de políticos prácticos, sensatos, con sentido común y con amplitud de miras. Juan Vivas Lara, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, es uno de esos políticos capaces de darle la vuelta a la adversidad, pensando más en los intereses de sus administrados que en los suyos propios o de su partido. Vivas, hace meses, se enfrentó a una situación similar cuando Mediaset (Tele5) planteó el rodaje de la, también, exitosa serie ´El Príncipe´. Una trama donde confluyen aspectos mucho más delicados y vidriosos como los derivados del fenómeno yihadista y la existencia real de una barriada, Príncipe Alfonso, con una problemática muy singular. ¿Qué hizo Juan Vivas? Además de leerse el guión - cosa que según la productora parece que no ha hecho Góngora- optó por colaborar y pedir contrapartidas imponiendo ciertas condiciones que, a la postre, han servido para una promoción turística sin precedentes de la ciudad española del norte de África. 
“No te puedes imaginar como han aumentado las visitas de personas de toda España a nuestra ciudad a raíz de la serie de El Príncipe” me comenta el presidente Vivas que no oculta su satisfacción de cómo lograron, de acuerdo con la productora, darle la vuelta a los posibles efectos negativos de las aventuras de policías nacionales y agentes del CNI de ficción en Ceuta. Entre otras cosas lograron encastrar la emisión de cada capítulo entre reportajes informativos, con gran rigor y calidad, sobre los temas que aparecían en la serie, contextualizando una problemática de interés general y donde quedaba meridianamente clara la imagen real de la ciudad en relación con los asuntos que iban apareciendo semanalmente. Eso y, sobre todo, recalca Juan Vivas, las magníficas imágenes de la Ciudad para cuyo rodaje “pusimos nuestra total  disposición y colaboración”. Tan contentos están en Ceuta con la producción televisiva que han vuelto a apoyar sin contemplaciones ni polémicas estériles la filmación de la siguiente temporada.
Algo que no ha sucedido en Almería, donde el problema de cierta clase política no está en el contenido de una serie de ficción, está justamente en el ADN de una casta acostumbrada a controlarlo absolutamente todo; hasta una serie de fantasía de la que no han sido capaces de obtener los indudables beneficios que podría reportar a una comarca y a una provincia donde, desgraciadamente, pasan cosas tan o muchos más graves y morbosas que las que se puedan visualizar en ´Mar de Plástico´.  Manipular a los vecinos, haciéndoles creer que quedan mal parados en la serie, es el camino fácil. Lo difícil es negociar y trabajar duro para sacar partido positivo a una actividad artística de gran proyección nacional. Pero para eso hay que ser un Político, con mayúsculas y con amplitud de miras.  

LA CUAJADERA

La niña robada

Ascensión López, que nació en 1964 en la actual sede del Parlamento de Andalucía cuando era Hospital de las Cinco Llagas, fue vendida por 250.000 ptas y comprada por un influyente matrimonio almeriense que la adoptó y crió. El martes próximo deberá comparecer a las 9,15 de la mañana en el Juzgado Nº 3 de Almería para responder ante una querella por injurias y calumnias interpuesta por Sor Dolores Baena, la monja cuya firma aparece en el certificado de adopción y que era sobrina de los padres adoptivos. Sor Dolores es uno de los personajes más relevantes e influyentes de la sociedad almeriense en calidad de fundadora y presidenta de la Asociación Nuevo Rumbo.
Ascensión, destacada militante de las asociaciones de niños robados en España, ha manifestado que ha estado recibiendo “presiones” en los últimos días para que no conteste a las preguntas  en el juzgado y para que “desconvoque” la concentración ciudadana - ese “circo” le dijeron- prevista para esa mañana, a las 9,30, a las puertas de la Ciudad de la Justicia. Ascensión no solo no acepta las presiones recibidas, sino que acude dispuesta a responder a todo lo que le pregunte Su Señoría.
Aún recuerda la Sra López, el enigmático saludo que recibió en el acto de investidura del alcalde Comendador cuando, el portavoz Rafael Hernando se dirigió a ella, sin conocerla, y le espetó: “En septiembre nos veremos, ¿eh?” e hizo mutis.

La lista de  Teruel

“Tanto el nombre de Sonia (Ferrer Tesoro) como el de Juan Carlos (Pérez Navas) han sido impuestos desde Sevilla por Susana (Díaz). El resto, sin duda, los ha colocado José Luis (Sánchez Teruel)” Así lo aseguran fuentes socialistas almerienses, a las que no ha sorprendido la composición final de las listas, especialmente la del Congreso, que se conocieron el pasado viernes. Salvo puntuales y escasas excepciones, los nombres que aparecen, la mayoría ocupando cargos institucionales en la actualidad, son definidos como el nuevo “teruelismo” algo que, según esas fuentes, viene a dar la sensación de que en “en Almería no tenemos banquillo de gente igualmente preparada en el partido”. La composición no ha gustado en agrupaciones importantes de la provincia como Almería, El Ejido, Vícar e incluso la muy domesticada  de Roquetas que han visto como se ha “premiado” otros puntos de la provincia con menos implantación del partido.
Como número cuatro de la lista aparece Francisco Giménez Felices, actualmente delegado de IDEA en Almería de quien , por cierto, ha llamado la atención que haya tardado meses en borrarse de sus numerosas sociedades mercantiles, al estar incompatibilizado - al menos políticamente- para mantenerse en las mismas.




domingo, 20 de septiembre de 2015

PREPARANDO LA CAMPAÑA DE NAVIDAD


A-92, IDEAL de Almería,
Domingo 20 de septiembre de 2015


Unos dicen que será el día de la Patrona de los ciegos, Santa Lucía, el domingo 13 de diciembre. Otros, el propio Mariano Rajoy que es quien puede legalmente convocar las elecciones generales, no ha descartado que sea el domingo 20, dos días antes de la Lotería de Navidad y a cuatro de la Nochebuena. Una campaña, por tanto, en días donde todo el mundo es bueno, buenísimo, plagado de fraternales maratones solidarios televisivos en el que, este año, se impondrá el lema “siente a un refugiado sirio en su mesa”.
Los tambores que anuncian una nueva convocatoria a urnas - el caminito verde de los andaluces a su colegio electoral no cría hierba- vuelven a sonar y todos los partidos no ocultan con sus comportamientos la verdadera importancia y trascendencia de la cita en la que, demoscópicamente hablando, puede pasar de todo, excepto que un partido saque mayoría absoluta para colocar a su líder en La Moncloa.
Formalmente, en estos días, las fuerzas políticas que concurrirán en diciembre con sus candidatos a las generales, preparan sus listas. Y aquel ambiente de renovación del sistema que se respiraba, por ejemplo, antes de las autonómicas andaluzas y las municipales se ha evaporado. Lo comprobaremos, más temprano que tarde, con los nombres y apellidos que aparecerán en las papeletas; pero no hay que ser adivino para proclamar que el gatopardismo - que todo cambie para que todo siga igual- seguirá siendo el eje fundamental que presida la confección de las candidaturas, especialmente en las veteranas formaciones donde las dictaduras de los aparatos y el líder nominarán no los más preparados, que alguno habrá, sino a los más dóciles, inútiles y serviles. Y en las fuerzas emergentes habrá de todo como en botica, pero no conviene olvidar que se están nutriendo- salvo honrosas excepciones- de rebotados de la política, arribistas y jugadores de fortuna. Osea, profesionales de la política que tanto criticaron para engaño del incauto elector.

Control mediático

Pero al mismo tiempo que se cumple con el paripé obligatorio de hacer unas listas, a mayor gloria del caciquismo de turno, quienes detentan el poder local, provincial o regional redecoran solapadamente, desde las sombras, sus respectivos escenarios para que, llegado el momento, la opinión pública no acceda a recordar actuaciones políticas que durante estos cuatro últimos años han marcado la vida de los ciudadanos y la sociedad. En realidad lo que hacen es barrer, sin apartar los muebles y, lo que es peor, ocultando la peor basura bajo las alfombras. Todo ello trufado de viejas promesas, millones a porrillo, obras imposibles ahora que la crisis, dicen, ha pasado, aunque en Andalucía hayamos vuelto a sobrepasar el millón de parados, algo que los voceros, de un color y de otro, han obviado esta vez, en contra de lo que pasó en verano cuando dejamos atrás las seis cifras. Y es que, en este capítulo, el control de la información de los medios, públicos y privados, también forma parte de los preparativos de la decisiva campaña de Navidad. No es exagerado afirmar que, a día de hoy, los grandes medios de comunicación privados en Andalucia sobreviven gracias a la inversión de dinero institucional de propaganda -que no de publicidad- que con descaro inyectan las autoridades políticas. Y ya se sabe, quien paga manda. Ante la tremenda crisis de anunciantes convencionales, reconocida en privado por casi todos los responsables de esos medios, ha llamado poderosamente la atención esta semana lo manifestado en el Parlamento por Joaquín Durán, Subdirector de la RTVA, al convencer a sus señorías - a todos menos a Podemos- de que la viabilidad del conglomerado mediático de la autonomía dependerá del mercado publicitario y del marketing, garantizando reiteradamente que con la fusión de la radio y la TV pública no habrá “ni despidos, ni traslados” entre el millar largo de trabajadores de la RTVA. Ojalá y no se equivoque, pero mucho debería cambiar el sistema productivo andaluz para que la cuota de inversión publicitaria aumentase para tan deseable objetivo. Sin olvidar, como machaconamente recordó Durán, la potencia comercializadora ( ojo y de audiencia) del duopolio imperante con Mediaset y Atresmedia.
En los cambios de atrezzo que la clase política está aplicando al escenario preelectoral, además del control de los medios -para contrarrestar impotentes lo que se escribe y se lee en Internet- y reiterar que, ahora sí, se cumplirán las viejas promesas incumplidas, hay quien afina hasta extremos insospechados. Veamos un caso cercano.

Tres Reyes en octubre.

En Almería, sin ir más lejos, tenemos el famoso ´Caso Tres Reyes´ cuya vista oral está prevista que arranque a principios del próximo mes octubre. Pues bien, en este procedimiento, cuyo protagonista más destacado es el ex jefe de los Abogados del Estado en Almería, Demetrio Carmona, junto a seis procesados más, se está intentado por parte de uno de los defensores - muy vinculado a Gabriel Amat- que se dicte un aplazamiento de la vista oral. En este asunto, un supuesto capitán del Ejército y varios colaboradores más, que decían ser agentes del CNI, engañaron a Carmona y sus socios almerienses a cambio de neutralizar, dadas sus influencias en Madrid, ante el ministro Alberto Ruiz Gallardón, una operación de acoso y derribo contra Carmona al frente de la jefatura de la abogacía del Estado en Almería. Todo ello a cambio del contacto con un empresario de El Ejido, poseedor de una millonada de antiguos dinares iraquíes confeccionados por la CIA cuando la primera guerra de El Golfo. Empresario al que acabaron chantajeando y amenazando de palabra. Y en todo este entramado, parece que también engañados como los imputados locales, el subdelegado del Gobierno, Andrés García Lorca y el propio Gabriel Amat que mantuvieron reuniones con ellos en sus respectivos despachos oficiales en los días previos al inicio formal de la denominada ´Operación Tres Reyes´ por la Guardia Civil.
Como comprenderán, que toda esta cloaca vuelva a resurgir en plena precampaña electoral, parece no gustar al líder del PP, entre otras cosas porque las defensas pretenden demostrar que las autoridades almerienses padecieron el mismo engaño que el resto de imputados.
Fuentes de los procesados almerienses, incluso uno de los imputados que apareció de la mano de los supuestos “espías", han confirmado que “nadie quiere que se aplace la vista oral y si un abogado defensor lo está proponiendo, él sabrá por qué, pero es un planteamiento que no respalda ninguno de nosotros y lo desautorizamos expresamente”.


LA CUAJADERA

Minas de Alquife

-La promesa de reapertura de las viejas minas de hierro de Alquife en Granada ha sido, junto a la de Aznalcóllar en Sevilla, una de las promesas estrella de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la campaña autonómica última. Pero ni una ni otra parece que vayan a ser cumplidas con la celeridad y los tiempos que la entonces candidata socialista prometió. 

-La mina sevillana, ya se sabe, está afectada por una investigación judicial con sospechas graves de corrupción. Y la de Alquife, de la que esta semana el consejero  Sanchez Maldonado reiteró ante el Parlamento su “inminente reapertura", parece que va por el mismo camino. 

-La administración concursal de la sociedad de gananciales del matrimonio almeriense Sánchez Ferre-Redondo Segura, propietaria de gran parte de los activos de la mina, califica de “improcedente” la transmisión de las concesiones de Minas del Marquesado a favor de la mercantil Minas de Alquife S. L, propiedad de un consorcio alemán. La Junta, según los AC, debería observar “la máxima cautela”, pues esos derechos mineros, adjudicados por Auto en 2001 a los antiguos trabajadores, habían sido adjudicados en el 2000 a tres súbditos británicos que, posteriormente vendieron al matrimonio Ferre-Redondo y, además, “podrían haber caducado”  dicen los abogados.

 -Ponen bajo sospecha las prisas del gobierno de Susana Díaz y hablan de “parcialidad” a favor de los alemanes y de “la evidente existencia de una hoja de ruta (de la Junta) que no se altera”. Ven sospechosa la aceleración en el tiempo de los trámites administrativos de la Junta “con la incorporación a la misma del Sr García Secades como Consejero”. Juan Ramón García Secades, asturiano, veterano militante del PSOE, llegó a ser Subsecretario del Ministerio de Educación en 1993 y Secretario de Estado de Defensa en 1985, entre otros muchos cargos en administraciones socialistas. 

-La Admón. Concursal, finalmente, muestra su preocupación porque “vemos paralelismo de este caso con el de Minas de Aznalcóllar, bajo investigación judicial, y entiende que deben, a la vista de las circunstancias, paralizarse los expedientes administrativos”. También llaman a la responsabilidad “y cautela” de los políticos para que no usen en campaña la “inminente apertura” de las minas de Alquife prometiendo cientos de empleos, “llevando a la confusión, con cantos de sirena, a una comarca tan lastrada por el paro y tan vulnerable a ilusionarse con proyectos que, a la postre, resultan fallidos”.








Minas de AlquifeANUNCIAN ACCIONES LEGALES CONTRA LA JUNTA.La Administración Concursal se muestra "sorprendida y...

Posted by Pepe Fernández on Lunes, 21 de septiembre de 2015

domingo, 13 de septiembre de 2015

LA POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA EN ANDALUCÍA

A-92 , IDEAL de Almería,
domingo 13 de septiembre de 2015


Hubo un tiempo, hace años, en los que el PSOE, cuando se autodenominaba “el gran partido de los andaluces” y tutelaba eufórico la “Andalucía imparable”, peleaba a brazo partido no solo por ganar en las urnas el gobierno de la comunidad, ayuntamientos y diputaciones. Cuando ya lo controlaban casi todo fueron a por los Colegios Profesionales, las comunidades de regantes e incluso las comunidades de vecinos.  Esa táctica, que parecía exclusiva de la izquierda, con el paso del tiempo y las migraciones del voto, fue puesta en práctica por el principal partido de la oposición, el PP,  mucho más selectivo desde luego a la hora de conseguir influir incluso en otros poderes del Estado de Derecho. En estos días, sin ir más lejos, estamos viendo cómo se debate la idoneidad o no de notables magistrados encargados de dirimir mediante sentencia final instrucciones tan polémicas como el Caso Gürtel, magistrados habituales en la órbita popular como la FAES de donde uno de ellos ha llegado a cobrar colaboraciones.
Pero no hay que irse de Andalucía para certificar que el poder político lo invade todo torrencialmente, como sucedió en Adra esta semana, y que, cada día que pasa, la ciudadanía es más consciente de un intervencionismo no solo escandaloso, más bien repugnante desde el punto de vista democrático.
El gran escándalo de corrupción que ha estigmatizado para mucho tiempo al socialismo en Andalucía, el denominado Caso EREs, no ha escapado del intervencionismo político a lo largo de un lustro de instrucción. Sin restarle un ápice al valor, arrojo y tesón contra la corrupción puesto de manifiesto por la instructora Mercedes Alaya, cualidades por cierto poco visibles en otros jueces contemporáneos salvo dos o tres excepciones más en España, convendrá reconocer de inmediato que su trabajo indagatorio ha estado bajo sospecha de politización y parcialidad durante años. Su amistad manifiesta y conocida con el ex magistrado, ex Decano, ex presidente del PP-A y ex alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, la colocó desde el principio bajo una enorme lupa que, cinco años después, ella misma ha utilizado para destruir ante el CGPJ a su sustituta en el juzgado Nº 6 de Sevilla, Mª Angeles Nuñez Bolaños. Con una pequeña gran diferencia, cuando a Alaya la acusaron de instruir en favor de los intereses políticos del PP - Arenas llegó a ganar las elecciones de 2012- sus detractores se anduvieron por las ramas sin atreverse a concretar qué supuestos “favores” unían a Alaya con Zoido. A lo más que se llegó fue a insinuar que el entonces Decano de los jueces sevillanos, resolvió el curso de un expediente informativo contra Alaya y otro juez que podría haber desembocado en una falta muy grave ante la inspección del Consejo.
Pero aquel asunto, no exento de aristas delicadas de tipo personal, no tuvo mayor recorrido, salvo el daño que supuso para sus protagonistas el demoledor boca a boca sevillano.
Sin embargo, años después, sería la propia Alaya la que usaría el mismo medicamento contra su sucesora al frente del Juzgado, tras comprobar como le quitaba “sus” macrocausas, al haber obtenido, a petición propia, plaza en la Sección 7ª de la Audiencia y que “alguien” le garantizase que seguiría en comisión de servicio con los macrosumarios. La acusaba - negro sobre blanco ante el CGPJ- de amistad manifiesta con el Consejero de Justicia de la Junta, Emilio de Llera y, lo más insólito, lanzaba una velada acusación de posible prevaricación de Núñez Bolaños al escribir que ella y su marido Julio Güija, prestigioso psiquiatra forense, coincidían dando clases en un conocido Instituto Jurídico con el hermano del exconsejero imputado Ángel Ojeda Avilés, Antonio, Catedrático de Derecho del Trabajo en la US. Por cierto, un Instituto donde también imparten clases numerosos magistrados (incluso del Supremo), fiscales, secretarios judiciales, abogados etc etc. Destacando, entre todos ellos, el actual Presidente de la Audiencia de Sevilla Damián Álvarez. El escrito de Alaya, por cierto, ha causado gran malestar e irritación en los ámbitos judiciales sevillanos. Un argumentario el usado contra su sustituta que, de paso, deja en entredicho la figura, las competencias y la propia labor del Secretario del Juzgado Nº 6.

Alaya, Bolaños, PP y PSOE

Pero aquí no acaba la cosa. La investigación normativa de un abogado imputado por Alaya, ha puesto al descubierto que la magistrada parece que ha obviado, para poder armar y sostener su acusación contra los altos cargos de la Junta, Chaves y Griñán entre ellos, legislación publicada en el BOE de la que no ha dado cuenta al Supremo en su motivación razonada según afirma el letrado Carlos Leal. Y para redondear estas posibles prevaricaciones ha saltado, de la mano de la Guardia Civil, el asunto de la Faja Pirítica de Huelva; 34 millones gestionados al alimón por gobierno central, con Aznar de Presidente, Zoido de delegado del Gobierno, y la Junta presidida por Manuel Chaves.
En este punto no parece lo más importante la posible existencia en ese Ere según la GC de unos 300 intrusos - algo más que discutible según fuentes del PP-, lo más destacado es remitirse a la comparecencia en el proceso de los Interventores del Estado, en calidad de peritos, testimonios claves de este enrevesado asunto, a los que la defensa del exdirector general de Trabajo, Daniel Rivera, preguntó con insistencia sobre la normativa legal en la que se fundamentó la operación del sector minero onubense. “Que no la habían examinado” fue una de las pocas respuestas que se pudo obtener ese día ya que, el resto de preguntas sobre la Faja Pirítica fueron declaradas “improcedentes” por la Sra Alaya.
La juez Núñez Bolaños, que con sus primeras actuaciones está dejando en evidencia la más que polémica instrucción de su predecesora, ha abierto esta vía aparcada por Alaya y que, desde luego, no ha gustado al PP que, de la noche a la mañana, han pasado en el caso EREs de acusadores a acusados, de investigadores a investigados.
En todo este contexto -volvemos al principio- dos detalles que invitan a pensar en maniobras desde las sombras del poder político para influir en el Judicial. Por un lado ha empezado a circular por Sevilla el historial como funcionario del marido de la nueva instructora, donde se le presenta como muy cercano al poder socialista y al que supuestamente se le habría beneficiado en su carrera como forense dentro de la Junta de Andalucía que le nombró primer Director de Instituto de Medicina Legal.  Por otro lado, y este dato sí es más significativo, resulta para mucha gente altamente sospechoso que Bolaños, de los juzgados sevillanos que salieron a concurso, solo pidió el Nº 6. O le daban ese órgano jurisdiccional o Bolaños se hubiese quedado en el Juzgado de Familia donde llevaba 10 años. Su antigüedad de 21 años en la Carrera se lo puso en bandeja para lograr la plaza, jugándose su traslado a Penal a una sola carta.
La hasta ahora soterrada batalla en los bajos fondos judiciales de Sevilla ha aflorado siendo ya de dominio público y de la misma no se escapa ni el propio presidente del TSJA, Lorenzo del Rio, que algunos creen que no ha apoyado suficientemente a Alaya y al que le han acabado sacando que cobra mensualmente de la Junta en concepto de alquiler de su vivienda. Por cierto, el poder político, en este mismo capítulo, llegó a plantearle al Fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón, que se alquilase “algo barato en Guadix, de unos 80 euros”, para poder justificar el que le abonasen al igual que al Presidente del TSJA un alquiler mensual en Granada. Ni que decir tiene que el fiscal no solo se negó en redondo. Cuentan que incluso amenazó al generoso ofertante de la Junta con abrirle diligencias si le volvía a plantearle tan despreciable como ilegal sugerencia.

Cuando las encuestas preguntan a los ciudadanos por la Justicia, sus resultados son aterradores. Nuestro sistema judicial ha perdido credibilidad y, en gran medida, la confianza de los ciudadanos. Y como continúe así este estado de cosas, acabarán por perderle el respeto a quienes tienen la sagrada obligación de administrarla de manera independiente, limpia y transparente, y sin condicionantes políticos tan descarados y a la luz del día. Y esto en Andalucía vale desde Ayamonte hasta San Juan de los Terreros, pasando por Santa Elena. Pero si hay que empezar a resolver la cuestión, lo primero es la elección de la cúpula de gobierno de los jueces, el CGPJ, mimética representación con cuotas del poder político, factor principal de la politización de la Justicia en España, no el único, sin olvidar  que en entre los moradores de juzgados y Audiencias también hay corruptos, como en el resto de la sociedad, aunque de eso se hable poco.

domingo, 6 de septiembre de 2015

LA LENTA BÚSQUEDA DEL 3% ALMERIENSE

A-92, IDEAL de Almería,
domingo 6 de septiembre de 2015



La publicación esta semana de un documento, hallado en la caja fuerte de un empresario catalán, donde se confirma el pago del 3% de obras públicas al partido de Jordi Pujol y Artur Más, CDC, se ha convertido en el penúltimo cartucho para arrinconar electoralmente al secesionismo catalán. Un espectacular registro por orden judicial ha situado en primer plano de la campaña autonómica del Principado la podredumbre de la que todos vienen hablando hace años - Pascual Maragall lo hizo por vez primera en sede parlamentaria- pero sobre la que hicieron oídos sordos todos los poderes del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial e , incluso, el denominado cuarto poder, la prensa, los medios de comunicación en general.
La escandalera política que hay montada en Cataluña, coincidiendo con el arranque de su enésima campaña en pocos años, vista desde el sur, hace meditar seriamente sobre los paralelismos que existen entre aquel territorio de cuatro provincias y esta porción de Andalucía llamada Almería. Bien es verdad que, de un tiempo a esta parte, y dado el hartazgo social reinante contra la corrupción sistémica generalizada, en Almería han empezado desde modestas trincheras sociales a desatascar con denuncias ante Fiscalía las rebosantes cloacas. Pero conviene destacar que, al igual que ha venido sucediendo durante décadas en Cataluña, también los poderes almerienses y andaluces del Estado de Derecho adoptan la política del avestruz, escurriendo el bulto y mirando para otro lado en una parcela, la corrupción política, muy contraproducente y perjudicial para quienes la denuncian. El manejo por corruptores y corrompidos de importantes cantidades de dinero (público fundamentalmente) les permite una capacidad de defensa inaudita. (Algún día habría que saber  con exactitud cuánto se gastan las instituciones públicas almerienses en defensas judiciales de sus moradores, pagada por todos los contribuyentes, en vez de invertirlo en la mejora de servicios) Todo ello en el contexto de una omertá de silencio de la que, especialmente, se beneficia la clase política y económica. La irrupción de dos fuerzas emergentes en el escenario, con supuestas ansias de regeneración, no solo no ha aportado nada en la lucha contra el saqueo del dinero de los impuestos; en algunos casos hemos comprobado como se han incorporado, con menos vergüenza que un gato en una matanza, a la praxis de la vieja política apoyándoles para que todo siga exactamente igual o peor.
En este contexto no es ninguna novedad reseñar, una vez más, que ni los políticos con o sin responsabilidades de gobierno, los parlamentarios de la circunscripción o la generalidad de quienes integran el poder Judicial en la plaza, han demostrado una clara voluntad de luchar contra esta lacra. Algo , por desgracia, bastante generalizado en la geografía española, pero que llama poderosamente la atención en una provincia donde desde hace más de dos décadas mandan y deciden las mismas personas en ámbitos decisivos. Y, sobre todo, en un territorio con un potencial económico excepcional en sectores estratégicos como son la agricultura o el turismo. Quizás, detrás de esta singularidad sociopolítica de Almería, podamos encontrar alguna de las respuestas a la eterna condena de insularidad y marginación impuesta en las modernas comunicaciones que le permitan a Almería salir del rincón donde la tienen postrada, lease el Ave por ejemplo.

El Caso HALSA

De las decenas de casos de corrupción política que se han conocido en Almería en los últimos años, el denominado Caso Hispano Almería es especialmente llamativo y escandaloso. El 23 de octubre del año 2013 - pronto se cumplirán los dos años- la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT) entregaba en la sede de la Fiscalia Superior de Granada la siguiente documentación: 
“1.- Recibos (originales) emitidos por la empresa Hispano Almería correspondientes a pagos en “B” a miembros del Partido Popular en la provincia de Almería cuyo objeto, inicialmente y entre otros, es el de la financiación de campañas electorales.
2.-Extracto de la contabilidad de la empresa Hispano Almería correspondiente a los periodos de agosto de 2011 a enero de 2012, como una primera muestra de lo que aquí denunciamos.
3.-Notas simples, Prestamos Hipotecarios, documentos mercantiles, contables, societarios etc y en general correspondientes a la empresa Hispano Almería así como otras que pertenecen a los propietarios de la misma, los Sres. D. Miguel Ángel Morales Duarte y don Miguel Ángel Morales Carrillo (padre e hijo).
4.- Relación de Obras contratadas en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
5.-Relación del total de las obras que la empresa/s, el grupo, han realizado desde el inicio de sus actividades”.
La presentación de aquella denuncia tuvo eco especial en el diario El País que, pocos días después, iniciaba la publicación detallada de una serie de informaciones cuyos titulares son, por sí mismos, especialmente significativos y elocuentes: 
La Fiscalía, tras examinar el contenido de la denuncia, elevó el asunto a su delegación en Almeria con la instrucción de que se formalizase denuncia ante el juzgado correspondiente, en este caso el número 6 de la capital. El mismo juzgado que ha puesto reparos para que los denunciantes, AMAyT, se puedan personar como Acusación particular, obligándoles a depositar un dinero del que no disponen. El mismo juzgado que, a día de hoy, no parece haber avanzado un solo metro en la investigación de este escandaloso asunto que afecta de lleno, desde el punto de vista político, al líder provincial del PP Gabriel Amat, protegido por Javier Arenas y a los dueños de HALSA, la familia Morales, propietarios de la considerada como la “constructora de cabecera de Gabriel Amat”.

La excusa que en los ámbitos judiciales se suele escuchar, cuando se les pregunta por la desesperante lentitud de los procesos por corrupción en Almería, es siempre la misma desde hace una década: nos faltan medios, no podemos más, esas investigaciones son muy complejas, no hay intencionalidad en dilatar los procesos para que prescriban los delitos, etc etc. También en esta parcela, por lo que parece, Almería es el farolillo rojo de España, algo que el ciudadano medio no acaba de creerse o comprender. Sobre todo cuando conoce que determinados procedimientos y juzgados que investigan casos de corrupción política - caso EREs por ejemplo- disponen de medios a los cinco minutos de pedirlos públicamente su titular, como pasó con los armarios de Alaya o los jueces de apoyo que se le pusieron. Lorenzo del Rio, cuyo mandato como presidente del TSJA está a punto de vencer, en sus visitas a Almería se ha hartado de prometer más medios y togados por metro cuadrado, igual que el Ministro de Justicia Rafael Catalá. Pero lo cierto es que en Almería parece que quienes administran Justicia, además de no poder abarcar el trabajo acumulado con eficacia, dan - algunos- la sensación de que no quieren investigar, juzgar y condenar a quienes se siguen sintiendo impunes a la vista de que continúan con sus comportamientos de toda la vida. Y la denominada Operación Poniente, que lleva instruyéndose desde los años 2007/08, sin fecha aún para la vista oral, es un ejemplo claro de lo que ni es ni debe ser impartir Justicia.

Nota aclaratoria:  

El juzgado que en la actualidad tiene la responsabilidad de investigar el denominado "Caso Halsa" no es el Nº 6 de Almería, sino el Nº 3 cuya titular es la magistrada Ana Belén Vico. Efectivamente, tras la primera investigación de la Fiscalía del TSJA, la documentación  con su correspondiente denuncia fue remitida al Juzgado Nº 6, cuyo titular era entonces Luis Durban, hoy en la Audiencia Provincial de Almería. Y recaló en aquel Juzgado porque en el mismo se había abierto un procedimiento a raíz de la denuncia de los dueños de Halsa por supuesto robo de documentación interna por un ex trabajador, algo que finalmente no quedó demostrado judicialmente. (Los dueños de Halsa denunciaron el supuesto robo tras conocer que se iba a dar a la publicidad en prensa y Fiscalía el asunto de su Caja B junto a abundante documentación supuestamente hallada en un contenedor) Fue entonces cuando el caso Halsa fue remitido al Decanato de los jueces de Almeria para un nuevo reparto, recayendo finalmente donde se encuentra en la actualidad, el Nº 3. Ha sido, por tanto, la Sra Vico la que no ha permitido la personación en la Causa como Acusación de los denunciantes de AMAyT.  Una decisión que, a primera vista, evita luz y taquígrafos sobre la marcha del procedimiento judicial.
No obstante el orden de los juzgados no altera la conclusión final: casi dos años y nadie sabe en qué punto está esta instrucción de gran calado económico y, sobre todo, político en Almería.

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