TERUEL SUEÑA AHORA CON IDEA

Desde hace unos días, en el seno del PSOE de Almería, se vuelven a velar armas en espera de que "Sevilla" proceda al nombramiento de un almeriense para un puesto de alta responsabilidad en la administración autonómica: Director General de la Agencia IDEA. Para algunos se trata de un nuevo sueño de Sánchez Teruel para motivar a la parroquia socialista. Salvando las distancias y la notoriedad del cargo, se reproduce nuevamente una sensación bastante similar a la vivida hace nueve meses cuando Susana Díaz llegó a la presidencia y casi todo el mundo daba por hecho en Almería que José Luis Sánchez Teruel sería nombrado consejero de Agricultura en el nuevo gobierno. Que finalmente la presidenta optara por Elena Víboras para consejera supuso una especie de jarro de agua fría -helada, más bien- para el aspirante y para el amplio y variopinto coro de seguidores que vendieron la piel del oso antes de ser cazado.
Esta semana, nuevamente, se han retroalimentado ciertas expectativas provinciales ante un hipotético nombramiento aunque, esta vez, de forma discreta y mucho más silenciosa que en el otoño pasado, cuando algunos soñaban con "una consejería para Almería".
El cargo que ahora aparentemente se pretende desde el socialismo almeriense no es moco de pavo. Se trata del máximo sillón ejecutivo de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía  (IDEA). 
El pasado 19 de junio, su director general, Antonio Valverde, ponía el cargo (obligado según Valderas) a disposición del consejero José Sánchez Maldonado tras comparecer en calidad de imputado ante la juez Mercedes Alaya en la causa de los Eres. Comenzaba, a partir de esa dimisión, un breve periodo de interinidad al frente de IDEA que concluirá mañana lunes, día 30, cuando el Consejo Rector se reúna y acepte la dimisión de Valverde. 
Consultadas el pasado viernes fuentes de la Consejería de Innovación, de quien depende el más potente brazo inversor empresarial del gobierno autónomo, señalaban que "no existe, a día de hoy, ningún nombre sobre la mesa del consejero para sustituir a Antonio Valverde". Otra fuente, malagueña y cercana al consejero Sánchez Maldonado, aseguraba sin embargo que "Pepín buscará, seguramente, una solución interna y de continuidad, promocionado al actual número dos de IDEA, Antonio Galán Pedregosa, para el cargo de Director General".
Otras fuentes socialistas, por su lado, destacan que las presiones que el consejero de Innovación está recibiendo en los últimos días desde Almería son considerables "y lógicas". No conviene olvidar, se recuerda, que el secretario general del partido en la provincia, José Luis Sánchez Teruel, preside como diputado la Comisión de Economía, Innovación Ciencia y Empleo en el Parlamento de Andalucía, cargo clave para los intereses políticos del consejero a la hora de rendir cuentas de su gestión en la cámara autonómica. 

Objetivo real: la Gerencia

En esta línea, siempre según las fuentes socialistas consultadas, Sánchez Teruel estaría apostando por Francisco Giménez Felices, economista, y actualmente Secretario de Economía y Empleo de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Almería que lidera el propio Teruel.
Sin embargo, siendo cierto el rumor que coloca a Giménez como firme aspirante a la dirección de IDEA, en Almería algunos conocedores de la jugada consideran que "se trata de una operación de despiste, una cortina de humo o más bien una carambola a dos bandas". En efecto, se cree que en realidad Giménez Felices estaría reservado para la Gerencia provincial de la Agencia, a cuenta del inminente abandono de la misma, por razones personales y familiares, de la actual responsable Eva Pozo, una mujer de perfil técnico, muy valorada y que fue nombrada en la etapa del consejero Antonio Ávila. Un cargo, el de Gerente, considerado fundamental a nivel provincial dada la capacidad para impulsar subvenciones y ayudas al tejido empresarial almeriense.
Giménez Felices, que durante 12 años fue decano del Colegio de Economistas de Almería, es un conocido asesor de empresas, socio de ´Sócrates Grupo Consultor Correduría de Seguros S.L. ´ y eterno aspirante desde hace años a figurar en un puesto político de relevancia en Almería. (Un socio suyo está al frente del órgano inversor de la delegación de Educación).
En agosto de 2010, Giménez, sorprendió a propios y extraños enviando un buró fax al entonces secretario de la ejecutiva local socialista, Juan Carlos Usero, pidiendo primarias para la alcaldía de Almería y anunciando su candidatura. Esta irrupción se produjo tras dinamitar Nono Amate la candidatura del empresario Antonio Cantón, auspiciada por Martín Soler y Diego Asensio. Giménez Felices, que fue estrecho colaborador de Soler en el PITA y al que llegó a conceder el máximo galardón del Colegio de Economistas siendo consejero, fue considerado entonces como candidato del martinismo frente a Usero, que era el aspirante oficialista apoyado desde Sevilla por Pepe Griñán, Rafael Velasco y Susana Díaz. No hubo primarias y Giménez vio frustradas sus expectativas. El cambio del martinismo por el teruelismo le volvió a dar una nueva oportunidad en política, presentando batalla por la agrupación de Almería que perdió por goleada frente al ex alcalde y catedrático Fernando Martínez. Ahora, desde la ejecutiva provincial, Teruel quiere que se ocupe de IDEA, bien como Director General (parece que un sueño) o como Gerente provincial. Independientemente de su contrastada capacidad como economista y asesor, en caso de ser nombrado Gerente, Giménez Felices, se asegura que afrontaría un hándicap importante como es la limitación -por incompatibilidad ética y estética,- para atender y relacionarse con numerosas empresas almerienses para las que ha trabajado desde hace años como asesor -entre otras cosas para conseguir subvenciones públicas- desde su propia empresa Sócrates Grupo Consultores.  De momento la pelota está en el tejado del consejero Pepín Sánchez Maldonado.



LA CUAJADERA


1- Juez Especial para Amat

La asociación AMAyT ha formalizado esta semana ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía un escrito de súplica entorno a las diligencias previas 34/12 que se siguen en el Juzgado Nº 1 de Roquetas de Mar a propósito del ´Caso La Fabriquilla´ y la denominada ´Trama Amat´. 
"Suplicamos a este Tribunal el nombramiento de un juez instructor especial, por las extraordinarias circunstancias que concurren en las mentadas diligencias, así como de los pertinentes funcionarios de apoyo en aras de salvaguardar el derecho a la  tutela judicial efectiva de las partes". Para sustentar la petición, la asociación anticorrupción, adjunta copia del escrito denuncia elevado el pasado 14 de junio a la Fiscalía Superior del TSJA donde ponía en conocimiento del Ministerio Público "las irregularidades y dilaciones indebidas que se han venido produciendo en la instrucción" de las mencionadas diligencias.
"Desde que se incoaron dichas diligencias- afirman en su escrito- los jueces que han intervenido en las mismas han sido tres. En la actualidad, ante el traslado de la última jueza, se ha nombrado otra nueva jueza que aún no ha tomado posesión de su cargo. La situación expuesta está trayendo consigo, dada la complejidad de la causa, una falta de impulso de oficio, provocando dilaciones indebidas y posiblemente prescripciones de algunos de los delitos que son objeto de investigación, por cuanto que a día de hoy aún no se han recibido declaraciones en calidad de imputado a algunas de las personas  que han intervenido en la perpetración de los delitos investigados". Se refieren en concreto al alcalde de Roquetas, Gabriel Amat y a los miembros de la Junta de Gobierno por él presidida que, en su día, aprobaron las correspondientes licencias para la construcción de diez chalés ilegales en terrenos de La Fabriquilla. Y añaden: "Teniendo en cuenta el número de tomos y folios de las actuaciones, cada vez que se nombra a un nuevo juez, para ilustrarse del contenido de los mismos, transcurren largos periodos tiempo, en perjuicio de adoptar las decisiones judiciales que correspondan en cuanto a la práctica de las diligencias de prueba que solicitan tanto la acusación pública, como la acusación popular, así como las defensas respectivas".
En evitación de que sigan aconteciendo dichas dilaciones en este procedimiento solicitan a la Sala de Gobierno del alto tribunal andaluz se nombre Juez Instructor Especial y funcionarios de apoyo necesarios "dado que dicha causa versa sobre delitos cuyas extraordinarias circunstancias de lugar tiempo de ejecución y personas que en él intervienen como ofensores y ofendidos, motivan el nombramiento de aquel y de los funcionarios de apoyo que se designen para la más acertada investigación y segura comprobación de los hechos, todo ello al objeto de evitar prescripciones de los posibles delitos investigados y la continuidad de las dilaciones indebidas"

2.- Sigue la Omertá

Tras conocerse, hace una semana, que el Ministerio Fiscal propone que declare Gabriel Amat y parte de su equipo de Gobierno como "imputados" en el sumario de La Fabriquilla, nuevamente el silencio se ha adueñado del escenario político almeriense. Ni una línea, ni una sola declaración ha protagonizado el PSOE al respecto. La Ley del silencio, la omertá del bipartidismo, sigue vigente en Almería. A la vista está.

FISCALIA PROPONE QUE GABRIEL AMAT DECLARE COMO IMPUTADO.

Poco antes de enviar este artículo he tenido conocimiento de que el pasado 9 de junio el fiscal David Calvo López elevó al Juzgado de Instrucción nº 1 de Roquetas un escrito en el que «muestra su conformidad» con las diligencias solicitadas por la acusación en el ‘Caso La Fabriquilla’. «El Ministerio Fiscal considera que es imprescindible tomar declaración a los imputados para que expliquen por qué votaron o informaron favorablemente la concesión de las licencias y puedan aportar cuantos elementos tengan a su disposición de descargo». Los cargos públicos a los que el Fiscal propone imputar serían Gabriel Amat, alcalde, y los concejales del PP Francisca Toresano Moreno, Antonio García Aguilar, Pedro Antonio López Gómez, José Juan Rubí Fuentes, José Galdeano Antequera, Francisco Martín Hernández y José María González, titular entonces de Urbanismo, ya imputado en la causa. Fuentes judiciales indicaron a la acusación particular el pasado viernes que esta petición deberá esperar a ser elevada al Juez hasta que el CGPJ nombre al nuevo titular del Juzgado, «dada la complejidad del asunto» y dado que a la actual sustituta le quedan «unas dos semanas» de permanencia en el mismo.

"Esta Acusación Popular ha detectado una dejadez flagrante en cuanto a la instrucción de causas judicializadas en las que se encuentran involucrados, directamente, cargos públicos representativos o institucionales de nuestra provincia. Retrasos injustificados y permisivos que conducen, clara y premeditadamente,  al entorpecimiento de las instrucciones arriesgando, con ello, y a sabiendas, las posibles prescripciones de algunos de los  delitos, supuestamente, cometidos".

Así de contundente se expresa la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT) en una denuncia presentada el pasado miércoles día 18 ante la Fiscalía Superior del TSJA en Granada. Dicha ONG, constituida en diciembre de 2012, ha protagonizado desde entonces una serie de iniciativas, como acción popular, conducidas a denunciar ante el Ministerio Público llamativos casos de presunta corrupción política y económica en la provincia de Almería, todos ellos judicializados tras ser analizados e investigados en primera instancia por la Fiscalía del alto tribunal andaluz.

En el escrito de referencia se centran fundamentalmente en la instrucción que se lleva a cabo en el Juzgado Nº 1 de Roquetas de Mar entorno a las Diligencias Previas 34/12, relacionadas con el denominado ´Caso La Fabriquilla´ y ´Trama Gabriel Amat´, "donde se encuentra involucrado, directamente, y entre otros el Sr. Gabriel Amat, así, como una inmensa mayoría de familiares y personas allegadas, de clara y manifiesta amistad, socios y compañeros de corporación. Recientemente ésta Asociación, y al respecto de la supuesta “trama familiar” del Sr. Amat, ha presentado ante esa Fiscalía Superior una extensa denuncia de ampliación sobre los hechos que, ya fueron  denunciados  y judicializados".

Casos Facturas II y HALSA

Antes de entrar a fondo en los detalles concretos del caso que afecta directamente al jefe de filas del PP de Almería en las instrucciones mencionadas en Roquetas, la asociación anticorrupción recuerda una serie de sumarios que a su juicio también estarían sufriendo incompresibles retrasos y dilaciones no justificadas. El denominado ´Caso Facturas II´ en Diputación es uno de ellos. "Hace referencia al pago, por parte de ésta institución (aproximadamente involucrados unos 46 Diputados provinciales y dos corporaciones gobernadas por PSOE y PP, teniendo en cuenta que algunos de ellos lo han sido en las dos corporaciones), de supuestas facturas falsas emitidas por medios de comunicación por importe superior al millón de euros"

También menciona el ´Caso Hispano Almería, " en el que, en principio, quedaría demostrada la posible financiación, irregular, del Partido Popular mediante el cobro en “b”, y con recibís emitidos por la empresa, a cambio de suculentos contratos de obras en municipios de la provincia de Almería, fundamentalmente, gobernados por el Partido Popular:  ayuntamientos de Roquetas de Mar, de Níjar, etc., así como los pagos o prebendas, y bajo el mismo sistema,  a técnicos de la administración pública local, funcionarios de esos Ayuntamientos, del que cabe destacar, muy especialmente por sus considerables cantidades y número de técnicos “sobornados”, el propio Ayuntamiento de Roquetas de Mar del que, el Sr. Amat es su Alcalde Presidente desde hace más de 18 años. En todo éste “contubernio” y como no podía ser de otra forma, también, se encuentra involucrado algún que otro Alcalde y Parlamentario Andaluz (como así lo dejó demostrado en su escrito de denuncia, esta parte, en la que lleva intentando personarse desde hace más de 90 días, en las actuaciones judicializadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería), del Partido Popular como lo es el Alcalde de La Mojonera D. José Cara Fernández ( que casualmente se encuentra casado con la Sra. Concejal Delegada de Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y, a su vez, socio de los dueños de la empresa pagadora de esas cantidades en “b”, Hispano Almería, mediante otra llamada Gesponiente.)".

Entiende AMAyT que, relacionado con este mismo asunto de HALSA, hay que encuadrar el denominado "Caso Auditorio de Roquetas", denunciado hace años por concejales roqueteros del PSOE, a los que acabó dando la razón el TSJA y que, tras solicitar la reapertura de sumario para investigación penal una vez sustanciados y declarados ilegales los aspectos contencioso administrativos, se encuentra pendiente de apelación en la Audiencia, fijada para el 17 de febrero de 2015.

Centrados en las incidencias que parecen concurrir en el procedimiento seguido por La Fabriquilla, denunciado en su día por la perjudicada Margarita Kaiser Terriza y al que Fiscalía propuso unir el de la "trama Amat" por posible conectividad en los delitos a investigar, AMAyT refleja un rosario de fechas y actuaciones que demostrarían que se ha ido dilatando injustificadamente la causa y ocultándoles información. En unos casos la responsabilidad radicaría en el propio juzgado y, en otras, en la escasa o pasiva intervención de la Fiscalía de Almería. Especialmente chocante resulta, por ejemplo, la comparecencia en calidad de imputado del ex concejal de Urbanismo y mano derecha durante años de Amat en este área, José María González. Una comparecencia "que desde que el Iltmo. Sr. Fiscal solicitó la declaración y citación, como imputado, del Sr. exconcejal 9/01/2012 hasta la fecha, ya prevista y en principio, 16/09/2013, habrían transcurrido, ni más ni menos, que 18 meses". (Al final serían 21) Y preguntan: "¿No parece, en principio, demasiado tiempo el transcurrido para la citación y localización de un Sr. cuyo domicilio se encuentra en el mismo término municipal? ¡Un señor que ha sido concejal de la corporación municipal durante más de 17 años!"

También se recuerda que, desde hace casi un año, que la Juez ordenó asignar a la Unidad de Investigación de Delitos Económicos y Financieros del CNP la elaboración de un informe de investigación, asunto del que las partes personadas no han vuelto a tener noticia en estos meses.

Sistemáticos retrasos

Se queja la asociación anticorrupción de sistemáticos retrasos en la entrega de documentación por parte del juzgado, como por ejemplo el informe de Fiscalía donde se proponía, antes de solicitar imputación de los miembros de la Junta de Gobierno con Amat al frente, que se acreditase por el secretario del Ayuntamiento de Roquetas el nombre de quienes otorgaron la licencia de diez viviendas ilegales en la Fabriquilla. Dos meses tardó en comunicase a la acusación el informe del Fiscal, lo que les conduce a afirmar "que no cabe extraer otra conclusión que la existencia mal intencionada y preconcebida en demorar aquellas resoluciones que, a sabiendas, puedan ir encaminadas en contra de los intereses del Sr. Amat", acusación lanzada directamente contra "la funcionaria encargada de estas diligencias previas".

Finalmente manifiestan su queja por el hecho de que el CGPJ haya dejado vacante de titular el Juzgado Nº 1 de Roquetas; preguntan si se ha ordenado -y por quién- cambiar al Fiscal que inició la causa; se interesan por los informes realizados por la UDEF y la UDYCO y, "si lo considera oportuno la Fiscalía", se muestran dispuestos a elevar estas denuncias al CGPJ para que se depuren posibles responsabilidades de los funcionarios intervinientes a distintos niveles en estos procedimientos.

LEY DEL SILENCIO ENTRE PP Y PSOE

Ha transcurrido más de un mes -seis semanas exactas se cumplen hoy- desde que la opinión pública tuvo noticia de la propuesta realizada ante un Juez por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Sevilla para imputar, entre otros, al jefe del socialismo almeriense José Luis Sánchez Teruel en el sumario del ´Caso Marismas´. La información, avanzada desde estas páginas el domingo cuatro de mayo, causó un auténtico tsunami interno en el PSOE-A, a veinte días de la cita electoral de las europeas. Teruel aparece acusado de tres delitos: Negociaciones y Actividades Prohibidas a los Funcionarios Públicos, Abuso en el ejercicio de sus Funciones y Tráfico de Influencias.

El Secretario General del PSOE  y diputado autonómico no tuvo en esta ocasión más remedio que aceptar la evidencia presentada documentalmente por la Guardia Civil y reiterar públicamente su disposición a colaborar con la Justicia, recordando una vez más que su labor al frente de la D. G. de Regadíos de la Junta en 2008 siempre estuvo encaminada a colaborar y ayudar al millar largo de pequeños y medianos agricultores, perjudicados por el escándalo de una costosísima obra pública inacabada y donde, parece, que han desaparecido demasiados millones enviados por Europa para la mejora de sus regadíos. Teruel dejó atrás ese día las formas desafiantes y descalificadoras de meses atrás contra el mensajero que se atrevió a levantar acta de que algo olía mal, muy mal, en las Marismas del Bajo Guadalquivir de Sevilla, en relación con los dineros públicos supuestamente controlados desde la Consejería de Agricultura a la que perteneció como alto cargo.

Seis semanas después de que la Guardia Civil confirmase, con varias propuestas de imputación, todo lo publicado por este cronista en el otoño de 2013, se ha hecho patente, una vez más, la ley del silencio en el escenario político almeriense. Sin embargo a los ciudadanos más observadores no se les ha escapado el hecho de que el PP, tan batallador en Sevilla contra las tramas de corrupción socialista de los Eres, Invercaria, UGT, Formación etc, no se ha dado por enterado de que el jefe de filas del PSOE almeriense, el mismo socialismo que, pese a la altísima abstención, le ha arrebatado victorias en infinidad de pequeños pueblos de la provincia el 25M, estaba incurso en un sumario de presunta corrupción de gran calado y propuesta su imputación por la Guardia Civil ante Juan Gutiérrez Casillas, titular del Juzgado Nº 16 de Sevilla.

Los populares almerienses sorprendentemente han optado por callar y respetar desde el silencio la figura política de Sánchez Teruel; de la misma forma que el dirigente socialista mantiene sistemáticamente las mismas formas con Gabriel Amat y las investigaciones judiciales en las que desde hace tiempo está incurso el jefe de los populares y alcalde roquetero. La única andanada socialista contra la posible corrupción del PP en Almería la protagonizaron dos militantes de Roquetas, apoyados por el dirigente regional Mario Jiménez, a cuenta del escándalo del elevado coste del Teatro Auditorio -17 millones- un 120% más de lo inicialmente presupuestado, ampliación "ilegal" según sentenció en su día el TSJA. Pretender reabrir una investigación penal del Caso Auditorio, tras conocerse el fallo del Contencioso Administrativo de Granada, instrucción inicial que paralizó en su día el juez Durbán Sicilia destinado entonces en Roquetas, le supuso al PSOE de Almería que Gabriel Amat autorizase a los pocos días a su número dos, Javier Aureliano García, que sacase las facturas falsas guardadas en un cajón durante año y medio y presentara denuncia en Fiscalía, dando pie al ´Caso Facturas I´ y al procesamiento de destacados ex altos cargos socialistas en Diputación, casualmente por parte del magistrado Sr. Durbán. Proceso cuya eclosión de declaraciones se produjo en plena campaña electoral última. Ojo por ojo, diente por diente. Los socialistas habían  incumplido la ley del silencio no escrita.

Esta misma filosofía de no agresión - "no jugar con las cosas de comer" en palabras de un socialista almeriense crítico con la política de Teruel en este campo- entre los dos grandes partidos no es nueva, sino heredada desde los tiempos de Martín Soler como jefe de filas del PSOE. De hecho, tampoco ha pasado desapercibida en estos días la silenciosa y amortiguada respuesta del PP a la imputación del exconsejero Soler por parte de la juez Mercedes Alaya en la trama de los Eres.

De tal forma que, en las últimas dos décadas, ya sea con Martín Soler o ahora con José Luis Sánchez Teruel, el PSOE almeriense tampoco se ha renovado en este aspecto concreto y ha optado por mantener una especie de ´omertá´ de incalculables consecuencias sociales y políticas, dejando en manos de IU (y UPyD en menor medida) la iniciativa y el protagonismo en las denuncias contra la corrupción política y económica en la provincia. Bien es cierto que IU, de momento, solo ha arremetido públicamente contra altos de cargos del PP. (Se supone que por respeto al pacto de gobierno con el PSOE en la Junta). Aunque alguna consejería, en manos de la izquierda comunista, ya ha recibido discretas indicaciones desde Almería para que se paralicen o controlen determinados fondos que, sin fiscalización y con irregularidades denunciadas, se han evaporado en determinadas comarcas por parte de cargos socialistas.

Pero una cosa es el silencio en el mismísimo escenario político de Almería y otra bien distinta han sido los discretos pasos dados por Sánchez Teruel tras conocer, a través de IDEAL, que la Policía Judicial proponía su imputación en la causa de las Marismas, acusado de haber podido cometer tres delitos, graves todos ellos en un político en activo y con aspiraciones de futuro.

Según fuentes conocedoras de la marcha del procedimiento judicial que en breve, tras solicitarlo la Guardia Civil, posiblemente sea declarado "secreto", el diputado socialista se plantó, acompañado de asesor jurídico, en el Juzgado con la intención de personarse en la causa y poder conocer fehacientemente la marcha de la instrucción y todo aquello de lo que formalmente se le acusa. Pretensión a la que el magistrado Gutiérrez Casillas se negó en redondo. No conviene olvidar que Sánchez Teruel, licenciado en Derecho, en caso de resultar finalmente imputado judicialmente en este procedimiento, no lo será por parte del juez de instrucción, sino que, tras la oportuna y atenta remisión a Granada, deberá estudiar la Sala de lo Civil y Penal del TSJA su participación en los hechos, por estar aforado como parlamentario autonómico.

En este procedimiento, sin embargo, si se admitió hace meses la personación del PP-A como acusación, según confirmó en su día el diputado Miguel Ángel Arauz, que sigue muy de cerca este conflicto como portavoz de Agricultura de los populares en la cámara autonómica,.

Por otra parte las investigaciones del equipo judicial de la Guardia Civil continúan a buen ritmo, según las fuentes consultadas, centrados de momento en la recogida de abundantísima documentación de todo tipo en la Comunidad de Regantes y en la toma de declaraciones a numerosos protagonistas de primer nivel. Se estiman, a priori, que en esta causa acabarán compareciendo en torno a medio centenar de personas entre regantes, técnicos y responsables de las empresas implicadas, funcionarios de la Junta de Andalucía, responsables de entidades bancarias y políticos que hayan intervenido en el asunto durante años desde los más altos niveles de la Consejería. José Luis Sánchez Teruel, de momento y por lo que parece, deberá esperar su turno. Pero mientras, en la Almería política, goza de un especial aforamiento para el adversario. Nadie del PP le pondrá en aprietos. Con las cosas de comer no se juega ni en broma. La "ley de silencio", la ´omertá´ entre PP y PSOE de Almería, aún no ha sido derogada.

LA CUAJADERA:

1. Caso Facturas I

-Paco Torres, abogado defensor de la funcionaria Teresa González Rivera, principal encartada como funcionaria en el caso, ha presentado un escrito de reforma contra el último auto del magistrado Durbán Sicilia. A lo largo de 14 folios, el famoso penalista utiliza sal gorda jurídica para descalificar de arriba abajo la instrucción del juez. Además de usar términos como injusto o surrealista, se refiere a llamativas "no imputaciones", a la "celeridad inaudita" del magistrado, a un procedimiento inductivo, que no se ha buscado el "chorreo" de dinero, instrucción concluida solo al 10 o 20% y que se le ha dado "cancha ancha" a la acusación de la Diputación. Habla de sutiles manipulaciones, de errores técnicos en la grabación de declaraciones, interrogatorio del Siglo XVIII, inexactitud de informes policiales e indefensión de su representada. Propone, finalmente, una serie de diligencias que, de ser aceptadas, podrían volver a situar el proceso casi al inicio de su instrucción.

2.- Javier Aureliano García.

-Vista y oída su declaración como testigo ante el juez, lo suyo fue como un paseo militar. Frágil memoria la de JAG al no recordar aspectos fundamentales y fechas; declara varias veces que la reunión a solas en su despacho con el empresario Joaquín Conde duro "uno o dos minutos" y que nunca vio las facturas falsas de 40.000 euros que, comprometidas por el equipo Usero, acabó pagando el equipo Amat nada mas llegar. Ósea él.

Publicado hoy, día 15 de junio de 2014, en Ideal de Almeria.

MALAS ARTES CON EL ´CASO FACTURAS I´

A92- IDEAL de Almería
8 de junio de 2014

Un auto judicial, notificado el pasado martes día 3 a las partes personadas en el proceso por el "Caso facturas I", ha puesto sobre el tapete político almeriense varias cuestiones que han causado gran inquietud, incluso indignación en algunos sectores sociales.

Amén de que resultan muy llamativas las prisas que parece tener el Magistrado Luis Durbán para dejar finiquitada la instrucción de este sonoro caso de corrupción política, que afecta especialmente al PSOE, dado que según el propio documento judicial falta por presentar abundante documentación por los imputados y acusados, no es lo que más llama la atención de la casi concluida instrucción judicial.

Todo ello independientemente de que éste ha sido uno de los asuntos judicializados, a instancia de la Fiscalía, que con mayor velocidad procesal se ha instruido últimamente en los juzgados de Almería,- comenzó el 19 de abril del pasado año- ha llamado poderosamente la atención que el propio magistrado no haya tenido más remedio que anular la imputación a Francisco Iglesias Hernández, ex Gerente del Patronato de Turismo.

Lo desimputa porque "no hay indicios de que tuviera conocimiento de los hechos punibles referentes que han sido objeto de instrucción". Es más - afirma Durbán Sicilia- "la investigación ha permitido constatar que comunicó al Vicepresidente de la Diputación Provincial determinadas irregularidades en la facturación en cuanto tuvo noticia, siendo esto lo que a la postre desembocó en la denuncia dirigida a la Fiscalía Provincial, que a su vez dio lugar a estas actuaciones. Así resulta no solo de su declaración sino de la documentación que aportó (acta de manifestaciones ante Notario de una empleada del Patronato, así como escritos dirigidos al Vicepresidente), habiendo sido confirmada su versión por el citado Vicepresidente (Javier Aureliano García), que fue oído como testigo. Por lo demás, justificó el pago de la parte correspondiente a su esposa, Delfina Quintana Fernández, en relación con un viaje en el que ella lo acompañó, quedando así desvirtuados los indicios de criminalidad inicialmente apreciados respecto de uno y otro en torno a este desplazamiento".

Es de tal gravedad política lo que antecede, confirmado y rubricado por un juez, que viene a revelar la anómala o mal intencionada actuación del número dos de la Diputación de Almería, brazo derecho del presidente Gabriel Amat y Secretario General del PP, a la hora de la presentación de la denuncia que dio pié al "Caso Facturas I" para hallar el paradero de casi medio millón de euros públicos usados y abonados de forma irregular. (El "Caso Facturas II", que deberá buscar en torno a los cuatro millones del presupuesto de la Diputación irregularmente pagados, fundamentalmente a medios de comunicación almerienses, sigue  desde primeros de este año en un juzgado de Almería sin que se conozcan avances en su instrucción).

Lo primero que se confirma es que, Iglesias Hernández, un año y medio antes de que Javier Aureliano García presentase la denuncia ante la Fiscalía, ya había trasladado al número dos de la Diputación información detallada sobre las presuntas irregularidades por él detectadas desde la gerencia. La pregunta que procede es bien simple: ¿Por qué motivo el segundo de Amat tarda casi año y medio en poner en conocimiento de la Justicia las denuncias sobre irregularidades penales aportadas documentalmente por Gerente del patronato?

Javier Aureliano García no ha contestado aún a esa pregunta clave que, para muchos juristas, (y para IU que ya ha anunciado una iniciativa en Diputación) lleva implícita una clara ocultación a la acción de la Justicia de presuntos delitos. Y no lo ha hecho porque es posible que su explicación deje en evidencia la más que probable utilización partidista de la administración judicial, de lo que a todas luces podría ser considerado como una denuncia oportunista contra el adversario político. Malas artes en definitiva.

"Enterrar al PSOE"

En efecto, a finales de 2011, Javier Aureliano García, investido como número dos de la Diputación, cuentan que solía presumir en reuniones de amigos de tener sobre su mesa suficientes facturas irregulares "como para enterrar a los del PSOE", asegura una testigo que le trató y le escuchó alardear en esa época.

La bomba de relojería que JAG guardaba en forma de facturas irregulares del equipo PSOE/PAL tardaría sin embargo muchos meses en estallar. Se trataba, según se ha evidenciado, de hallar el momento más oportuno para enterrar y machacar a los del PSOE. La oportunidad acabaría llegando con el resurgimiento del escándalo del "Caso Auditorio", tras una decisión del TSJA según la cual, Gabriel Amat y su equipo municipal de Roquetas, habían autorizado ilegalmente un sobrecoste del 120% del presupuesto inicial de la faraónica obra -unos 17 millones en total- todo ello por cierto en favor de la constructora de cabecera del Ayuntamiento de Roquetas, también investigada judicialmente, Hispano Almería S.A. De cuyo sumario, por cierto, tampoco se sabe nada después de meses judicializado por orden de la Fiscalía y que IU intenta vincular al caso Bárcenas y las cajas B del PP.

Mario Jiménez, como número dos del PSOE-A, en nombre entonces de Pepe Griñán, se plantó en Almería e impulsó que su partido pidiese la reapertura del sumario que, años antes, el entonces Juez destinado en Roquetas, Luis Durbán Sicilia, había sobreseído provisionalmente en espera de que se pronunciase el TSJA a través del Contencioso Administrativo, tal y como ocurrió al cabo de los años.

Fue a los pocos días del anuncio de Jiménez cuando JAG ve claro que debe sacar la artillería de facturas irregulares celosamente guardadas en su cajón y mandarlas a Fiscalía. Estaba tan premeditada su estrategia, tomó tanta velocidad en armar el ajuste de cuentas judicial, que olvidó un detalle importante: decir en su denuncia que Francisco Iglesias Hernández fue la persona que ante su autoridad denunció por escrito el irregular manejo de fondos públicos en el Patronato. Un "olvido" que provocaría, nada más y nada menos, la imputación durante un año largo de Iglesias, con el consiguiente perjuicio personal, familiar y profesional del economista. También olvidó reseñar que, al menos dos facturas heredadas del equipo socialista por valor de unos 40.000 euros, fueron pagadas a la empresa PubliFiestas Conde, tras el visto bueno de su jefe directo, el presidente Gabriel Amat. Facturas también irregulares o falsas, aspecto sobre el que nada se dice en el auto judicial del Sr Durbán.

Convendrá dejar constancia de que Javier Aureliano García y el PP, su partido, tuvieron más suerte que el PSOE en el lance judicial iniciado para dirimir sus cuentas pendientes en Almería. Hasta en plena campaña de las europeas hizo desfilar el juez a un ramillete de socialistas, con el ex presidente Juan Carlos Usero como testigo al frente y un vicepresidente, Pérez Montoya, como principal imputado de los 21 que arroja la causa. Y mientras el caso de las facturas falsas cogía gran velocidad de la mano del instructor Durbán, el "Caso Auditorio" quedaba nuevamente aparcado, de momento, hasta febrero de 2015, en el que la Sala de la Audiencia presidida por el Magistrado Ruiz-Rico se pronunciará sobre una apelación pendiente presentada por el PSOE para que se reabra el sumario del escándalo del Auditorio de Roquetas, sobre el que por cierto siguen apareciendo nuevos documentos comprometedores, según asegura el letrado Antonio Ruano.

LA CUAJADERA

1.- Ramón Sedeño.

El presidente del Voleibol Almería es uno de los 21 imputados en el sumario del Caso Facturas I. El hombre de Unicaja en Almería, presidente de la Comisión de Control de la Obra Social de la entidad malagueña, sigue gozando del "absoluto y total respaldo de la entidad" a la que lleva años vinculado, aseguran fuentes de Unicaja cercanas a Braulio Medel. "Ramón no ha sido imputado por nada relacionado con la caja ni con el banco; el club Voleibol está patrocinado por Unicaja, uno más de los muchos que apoyamos en Andalucía. Creemos que Ramón es una víctima de que no se hayan respetado los procedimientos administrativos en la propia Diputación y que el club ha cobrado, mediante intercambio de viajes del equipo, por una publicidad que ha estado dando". La misma fuente recuerda que no procede su dimisión, ya que "en nuestro código interno la dimisión solo es exigible cuando la persona ha sido condenada en firme por un tribunal y este no es el caso"

2.- Martín Soler

El único almeriense que a punto estuvo de llegar a ser presidente de la Junta y se quedó en consejero (de Agricultura primero e Innovación después) ha quedado finalmente imputado por Alaya. Era de prever por dos razones. La primera porque tras el auto sobre el IFA/IDEA quedaba claro que Soler debió tener conocimiento en parte de todo, en tanto que máximo responsable político del organismo. Y segundo, porque era uno de los pocos nombres que "ha pintado" en la política socialista andaluza de las ultimas décadas que no había sido imputado por la famosa jueza.

3.- Adivinanza

-¿De que famosa operación urbanística y especulativa, aún no concretada ni ejecutada, se dice que está en manos de testaferros norteños y que en realidad pertenecería a un núcleo de propietarios muy populares, notables y conocidos como "La triple A"?

LA TENTACIÓN DE SUSANA

A92, IDEAL de Almeria
1 de junio de 2014

La están tentando o más bien presionando. Unos con el corazón, otros con la faca afilada y escondida, pero tentaciones al fin y al cabo a una mujer que, por vez primera, deberá meditar seriamente, usando su contrastada inteligencia de estratega orgánica, donde empieza y donde acaban sus notables ambiciones políticas.

Que uno de cada cuatro votantes del domingo pasado del PSOE fuese andaluz y el hecho cierto de que la federación andaluza ganase la batalla regional en siete de las ocho provincias andaluzas- en Almería pinchó una vez más - superando al PP-A en más de nueve puntos, han situado definitivamente a Susana Díaz en el pódium del socialismo español, convertida de esta forma, por méritos propios, en un activo y en un referente del que todos llevan hablando desde hace siete días con sus respectivas noches.

La gran pregunta que, a día de hoy, se hacen todos es si Susana Díaz optará por presentarse y librar la que, a priori, puede ser la definitiva gran batalla de su biografía política dentro del PSOE, donde desde su adolescencia creció y se consolidó como una gran dirigente para el Siglo XXI.

La tentación es grande, enorme, y ella de deja querer, pero a nadie se le escapa que dar el paso para instalarse en la planta noble de Ferraz, al frente de la Secretaría General del PSOE, lleva implícitos riesgos a medio plazo sobre los que deberá meditar seriamente la presidenta; "la mejor presidenta que ha tenido nunca la Junta de Andalucía", en palabras del también joven aspirante Eduardo Madina. Un piropo que, leído con literalidad, es cierto porque ha sido la única mujer que ha accedido al cargo desde 1982. Otra cosa es que Madina haya querido compararla con Escuredo, Borbolla, Chaves y Griñán. Eso sería harina de otro costal, entre otras cosas porque nunca Susana ha sido cartel electoral del PSOE-A y, por tanto, aún no ha ganado unas elecciones autonómicas. Las que de verdad la legitimarían como dirigente indiscutida.

Cabe también preguntar si el 25M pasado ha existido realmente el denominado "efecto Susana" para que el socialismo sureño haya obtenido tan buenos resultados frente al PP. No tan buenos si tenemos en cuenta que no acudió a las urnas casi el 57% del electorado; en total 3.588.221 andaluces se abstuvieron, frente a los 2.717.971 -un 43,10%- que sí acudieron a votar.

Resulta bastante arriesgado, a la vista de estos datos de participación, sostener que gracias al impulso personal de Susana Díaz han votado al PSOE-A 937.319 andaluces. Mientras que al partido que ganó las últimas elecciones autonómicas, el PP-A, tan solo le han respaldado 691.155 votos. (El torero Cagancho quedó algo mejor en su famosa tarde en Almagro).

Puede ser cierto que el electorado que participó el domingo de la gran fiesta de la democracia, en gran medida, lo hiciera respaldando al PSOE por la reorganización sufrida hace ocho meses y, sobre todo, por  el cambio generacional que ha protagonizado Susana Díaz en Andalucía, merced dicho sea de paso, a un proceso en el que un militante no fue un voto. Pero no solo por eso. Gran parte de la culpa puede que la tenga el propio PP por dos motivos. Primero por la acción del gobierno de Mariano Rajoy, su enorme desgaste como gestores de la crisis en la que han abrasado a la clase media de este país que no acaba de creerse eso de que "España va mejor". Y, también, por como ha gestionado la derecha - ordeno, mando y sin paripé de primarias siquiera- las sucesiones de Javier Arenas y Juan Ignacio Zoido al frente del PP en la región. Históricamente el electorado ha castigado a todos aquellos partidos donde se han producido broncas internas y en el PP no solo se ha percibido ruido de navajas - entre Arenas y Cospedal- también un "dedazo" de Rajoy enviando a un Juanma Moreno Bonilla al que, visto lo visto y oído, le faltan bastantes hervores como líder de la derecha en Andalucía.

No parece por tanto que el liderazgo real de Susana Díaz tenga la dimensión que altos dirigentes socialistas han querido proyectar con sus tentadores piropos de esta semana, animándola de paso a aterrizar en Ferraz y en la política estatal acampada junto a los leones del Congreso, ya que no posee escaño de diputada.

La llave de IU

Pero hay otro aspecto importante y decisivo que no conviene olvidar y seguramente no olvida la presidenta de la Junta a la hora de meditar si da el paso a por el sillón que deja Rubalcaba. Ella no es María Dolores de Cospedal, más conocida por su actividad orgánica en Génova 13 que por su gestión al frente del gobierno monocolor de Castilla la Mancha. Susana Díaz preside un gobierno de coalición y sus socios, IU, ya le han hecho saber que consideran que debe estar dedicada ´full time´ a presidirlo.

La coalición de izquierdas, que ha subido considerablemente en las europeas, no contaba con el fenómeno de "Podemos" que, con más de un millón doscientos mil de votos, han dado la campanada por la izquierda, anunciando que se presentarán en próximos comicios municipales y autonómicos. Están crecidos y creciendo. IU es, ahora, la primera interesada en evitar que los herederos políticos del 15M se organicen convenientemente. Tampoco les interesa electoralmente un PSOE renovado con Susana al frente en Ferraz. Motivos más que suficientes como para radicalizarse, poner nuevamente en solfa el bipartito andaluz, dejar a Susana Díaz en minoría y obligarla a convocar elecciones autonómicas antes de que concluya la actual legislatura.

Llegados a este punto resulta muy arriesgado, visto desde Andalucía, la ascensión de Susana a la dirección ejecutiva del partido. Tanto que podría suponer vestir Ferraz para desnudar al PSOE-A en su único bastión. Además, Díaz, hoy por hoy, no tiene a su alrededor a una persona con carisma y consenso suficiente que la pueda sustituir ni en San Telmo ni en San Vicente.

De tal forma que la única fórmula que podría ser viable, dadas las circunstancias en el tablero socialista federal y la gobernanza de una región con índices alarmantes de paro -hasta el Papa se ha hecho eco esta semana- es optar por la presidencia del partido.

Una presidencia, desde luego con más poder y menos decorativa, controlando la ejecutiva a través de personas claves de su plena confianza,  que sí podría ser un destino políticamente apropiado para la joven lideresa andaluza del PSOE y presidenta de la Junta.

Que Susana Díaz caiga en la tentación de pelear por la Secretaria General supondría, ni más ni menos, abortar un proyecto andaluz -"hay otra forma"-  que parece que lleva electoralmente buena velocidad de crucero, pero que aún le quedan millas para llegar a buen puerto, ósea, ganar unas autonómicas en Andalucía.

LA CUAJADERA

1.- María Jesús Serrano.

-La Consejera de Medio Ambiente confesó este jueves en Canal Sur TV que personalmente no le gusta El Algarrobico. Que la Junta quiere su demolición y que, cuando esta se produzca, pondrán en marcha un Plan de Empleo para Carboneras.

Serrano justificó la posición favorable al hotel del PSOE de Carboneras por razones estrictamente locales, desmintiendo que la dirección provincial esté en esa misma línea. La Consejera, no obstante, se sorprendió -porque lo desconocía- que el Secretario de Ideas y Programas de la ejecutiva provincial de Sánchez Teruel, Antonio Amérigo Fernández, haya sido el dirigente más destacado en favor de la apertura del hotel y en contra de las acciones de Greenpeace durante la pasada campaña. Desconoce Serrano si esta contracampaña socialista les ha restado votos en Almería. "Habría que analizarlo" dijo.

2.- José Manuel Ortiz Bono.

-El Ayuntamiento de Roquetas ya ha hecho llegar al juzgado (vacante) de Roquetas la documentación requerida en su día acreditando quiénes, junto a Gabriel Amat y en Comisión de Gobierno, aprobaron once viviendas ilegales en La Fabriquilla. Diligencia necesaria para que la instrucción decida -o no- la imputación de los responsables tal y como solicitó Fiscalía y la Acusación particular.

Pero entre la documentación aportada sorprende un informe, firmado por Ortiz Bono, ex delegado de Obras Públicas - hoy delegado de Agricultura y Medio Ambiente- en el que la Junta autoriza los cambios de uso del terreno, algo que previamente la propia Junta y los tribunales habían considerado fuera de norma y en suspensión cautelar.

3.- AMAyT

La Asociación almeriense contra la corrupción ha anunciando que elevarán a instancias judiciales superiores -Audiencia y Fiscalía de Almería, Fiscalía del TSJA y CGPJ-  su inquietud ante el hecho de que haya quedado vacante el Juzgado Nº 1 de Instrucción de Roquetas, precisamente el que lleva desde hace años la investigación de varios y voluminosos sumarios que afectan al líder del PP en Almería y alcalde de Roquetas, Gabriel Amat. AMAyT cree que esta circunstancia -dilación- podría conducir a prescripciones no deseadas. También se plantean la recusación de un Magistrado en el ´Caso Auditorio´, aparcado judicialmente hasta febrero de 2015.

4.- Basuras.

- Fuentes sindicales aseguran que próximamente elevarán a Fiscalía denuncia sobre el proceso de la última adjudicación del servicios de basuras en la ciudad de Almería. Lo que narran los sindicalistas parece más un cuento siciliano que una historia almeriense real.