lunes, 26 de mayo de 2014

EL CGPJ DEJA VACANTE EL JUZGADO QUE INVESTIGA A GABRIEL AMAT

A92, Ideal de Almeria 
Domingo 25 de mayo de 2014



El pasado lunes 19 de mayo, cesó oficialmente en sus funciones como titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción  Nº 1 de Roquetas de Mar la jueza Tamara Martínez Esteban. Desde ese día, la Sra. Martínez Esteban, es la nueva titular  del Juzgado de Primera Instancia Nº 4 de Arrecife en Las Palmas.
En la correspondiente Orden publicada en el BOE del sábado pasado, 17 de mayo, firmada por el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes Serrano, sorprendentemente no se efectúa ningún nombramiento de juez sustituto para el muy sobrecargado juzgado de Roquetas que deja la Sra. Martínez. Tan solo aparecen nombramientos de tres nuevos jueces para la provincia de Almería: en El Ejido y dos en Huércal-Overa. Ana Fernández Moreno, que de San Javier en Murcia pasa a ocuparse del Nº 4 de la capital del Poniente, con competencias en materia de Violencia sobre la Mujer y dos nombramientos para Huércal-Overa,  Eva María Campos Ruiz, que procedente del juzgado de Vielha (Lleida)  encargarse del Juzgado Nº 2 y Fernando Julio Ruiz-Rico Alcaide que, desde Almadén (Ciudad Real), pasa a ser el nuevo titular del Juzgado Nº 3 huercalense.
Que el CGPJ haya dejado vacante, de momento, el Juzgado Nº 1 de Instrucción de Roquetas, atendiendo a una rutinaria política de concurso de traslados, no debiera ser a priori noticia destacada ni inquietante. Pero en dicho órgano jurisdiccional se tramitan causas muy importantes desde hace años en materia de corrupción - La Fabriquilla, Las Salinas o la Trama Amat entre otros-  o lo que es lo mismo, se dan una serie de circunstancias de carácter político y social que, necesariamente, provocan que se enciendan todo tipo de luces rojas de alarma y de sospecha.
La jueza que ha sido trasladada a miles de kilómetros de Roquetas, la Sra. Martínez Esteban, había accedido a dicho juzgado a principios de abril de 2013. Dos años antes, el 14 de septiembre de 2011, había ingresado en la Escuela Judicial como integrante destacada de la 63ª Promoción, junto a un total de 348 alumnos más. Ocupó el puesto número 16 con un 88,53 de nota, de las más altas por cierto.
Al llegar al Juzgado de Roquetas, Tamara Martínez, necesitó tiempo para aterrizar y, sobre todo, ponerse al corriente del estado de complejos sumarios, siendo el más mediático y político el conocido como  "Caso La Fabriquilla". Sus dos predecesores en el Juzgado,  Pedro de Dios Hernández Olmo (abrió diligencias sobre el caso el 24-5-2012) y Ramón Alemán Ochotorena ( nombrado el 30- 7- 2012), dejaron prácticamente en pañales la instrucción de un complejo pleito iniciado a instancias de Margarita Kaiser Terriza, denunciando presuntas ilegalidades cometidas por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Roquetas, bajo la presidencia del poderoso Gabriel Amat. Actos y decisiones políticas que desembocaron en un rosario de supuestas irregularidades, las mismas que permitieron un gran pelotazo urbanístico por parte de los "amigos del poder político".
El Juez Ramón Alemán, que duró en el puesto nueve meses, se marchó sin que siquiera le confirmasen oficialmente que José María González era el concejal de Urbanismo responsable en el momento de la tramitación del asunto de la polémica finca.
Tras cinco meses en el cargo como instructora de Tamara Martínez, logró que González declarase y lo hizo en calidad de imputado junto a otros técnicos. En honor a la verdad, convendrá dejar sentado que la juez que se acaba de marchar, ha sido la que verdaderamente han dado un gran impulso, lento, pero impulso decisivo y con paso firme, a una causa que venía padeciendo un sospechoso y preocupante sesteo procesal.

Se presenta el Fiscal

Entre los hitos más destacados en la instrucción de Tamara Martínez, se debe hacer constar la irrupción presencial en la Causa del representante del Ministerio Fiscal que tiene propuesta la imputación, secundada por la Acusación, de Gabriel Amat y todo el equipo de Gobierno que intervino en la toma de decisiones consideradas fuera de Ley. Desde hace meses el Juzgado tiene solicitados al Ayuntamiento de Roquetas el correspondiente certificado que avale los nombres y apellidos de los responsables de dichos acuerdos, documentos que aún no han cruzado la calle.
Fuentes de la Acusación, al tiempo que no ocultan su malestar y preocupación por el nuevo parón que se presume en la instrucción de este caso, manifiestan su satisfacción al haber conocido que, antes de marcharse, la Juez Martínez Esteban ha dado luz verde a importantes diligencias planteadas por los acusadores.
La noticia de que el CGPJ haya dejado vacante este juzgado concreto en Roquetas, en los ámbitos políticos, ha levantado preocupación y ciertas dosis de indignación. Especialmente en el seno de Izquierda Unida. En el actual aparato provincial del PSOE se huye sistemáticamente de cualquier ataque al PP de Almería y a su líder Amat, en materia de corrupción. Sirva como ejemplo que en el mitin socialista del pasado jueves en el Castillo de Santa Ana, con Trinidad Jiménez como plato fuerte, el SG, José Luis Sánchez Teruel, "no mencionó ni una sola vez a Gabriel Amat en su intervención" asegura una fuente presente en el acto.
Rosalía Martín, coordinadora provincial de la coalición de izquierdas, trasladará la preocupante situación planteada en el Juzgado de Roquetas a la cúpula de IU en Sevilla y Madrid y, especialmente al abogado Enrique Santiago, el mismo que denunció a Luis Bárcenas.
Pero con ser preocupante el casi seguro parón que sufra la instrucción del escándalo de La Fabriquilla y otros, mucho más inquieta en IU la investigación que se lleva a cabo de la denominada "Trama Amat". Aquella denuncia de AMAyT de principios de 2013, fue trasladada por la Fiscalía al Juzgado Nº 1 de Roquetas por existir conectividad con la trama de la Fabriquilla, de tal forma que la Juez Tamara Martínez asumió en julio de 2013 una macro investigación que alcanzaría los últimos años de gobierno de Amat al frente del ayuntamiento roquetero. Así lo escribió la instructora en una Providencia “Que procede la acumulación de la denuncia presentada por la Asociación AMAyT ante la Fiscalía Superior de Andalucía de Granada al presente procedimiento de Diligencias Previas nº 34/2012”. De hecho tanto la UDYCO como la UDEF llevan al menos diez meses trabajando en las claves de una trama que, en resumidas cuentas, podría acabar demostrando cómo familiares, socios y amigos de Gabriel Amat se habrían estado beneficiando de decisiones políticas y administrativas del jefe de los populares almerienses, especialmente en materia urbanística. Por otro lado, en este mismo asunto, conviene dejar constancia de la inminente presentación ante la Justicia por parte de AMAyT de ocho tomos, más de mil folios y sus documentos correspondientes, como ampliación de la primera denuncia en torno a la "Trama Amat".
Si a la vacante que el CGPJ deja en este juzgado clave de Roquetas, se añade la noticia avanzada aquí el pasado domingo, según la cual hasta el 17 de febrero de 2015 no se verá en la Audiencia de Almería la Apelación planteada en nombre de dos militantes del PSOE de Roquetas por el también escandaloso "Caso Auditorio", puede concluirse que, políticamente hablando, Gabriel Amat y el PP de Almería están de enhorabuena al haber logrado ganar tiempo. Mucho tiempo. Demasiado tiempo si se tiene en cuenta el estado de opinión de la sociedad española al respecto de la delincuencia en la política, así como la intensa actividad y celeridad desplegada por la Justicia contra la corrupción en todo el país.


LA CUAJADERA


1.- Rosalía Martín.

La dirigente provincial de Izquierda Unida invitó esta semana a que viajase a Almería el abogado Enrique Santiago, el mismo que en nombre de la coalición de izquierdas denunció en su día al ex tesorero del PP Luis Bárcenas. El letrado, especialmente interesado en el "Caso Hispano Almería", mantuvo reuniones con miembros de IU de los ayuntamientos de Almería, Roquetas, Níjar y de la Diputación, organismos donde se habrían contratado obras publicas a HALSA, apareciendo recibos de pagos de supuestas comisiones. Enrique Santiago anunció que estudia solicitar la incorporación de este caso a la trama Bárcenas en pieza separada ya que, se cree, el pago de ingentes cantidades de dinero en estos años, podría guardar relación con las cajas de dinero negro del PP en todas la provincias españolas, Almería en este caso, tal y como ha certificado el juez Ruz desde la Audiencia Nacional. En lo que va de año, la Diputación de Almería, habría adjudicado obras por un valor superior a los dos millones a la constructora investigada.

2.- Susana Díaz.

La presidenta y Secretaria General del PSOE-A está convencida de que hoy su partido volverá a ganar las elecciones europeas en Andalucía. Así lo la comentado en público en los últimos días. No obstante, Díaz, no ha ocultado en privado su preocupación por los resultados adversos que puedan lograr en tres provincias y por este orden: Cádiz, Almería y Málaga.

3.- Anyés Segura.

La ex concejal socialista de Almería, que declaró el viernes ante el juez del Caso Facturas I para explicar un viaje suyo a Madrid a un acto del PSOE, pagado por la Diputación, arremetió contra su compañero Juan Antonio Bisbal al que hizo responsable de la irregularidad. Segura fue más allá y anunció una querella para defender su honor frente a "cuatro chorizos" de su partido.


4.- Rectificación

Gabriel Amat no le dijo a Juanma Moreno Bonilla, tal y como se informó erróneamente aquí el pasado domingo, que sería "una muy mala noticia para nosotros el crecimiento electoral de IU en este pueblo". En realidad el comentario fue realizado por Amat al alcalde socialista de Vícar, Antonio Bonilla. A cada Bonilla lo suyo.




domingo, 18 de mayo de 2014

AUTOS ELECTORALES

A-92, IDEAL  de Almeria
18 de mayo de 2014



En plena campaña electoral de las Europeas dos procedimientos judiciales han irrumpido en el escenario andaluz con fuerte tralla política. Uno en el ámbito regional y estatal, el de los Eres, y el otro en el contexto provincial almeriense, el conocido como "Caso Facturas I" de la Diputación. (El "Caso Facturas II", denunciado por Amayt ante la Fiscalía del TSJA, ya judicializado, sigue a la espera de que arranque su instrucción y se aclare el pago irregular de más de tres millones de euros, especialmente a medios de comunicación almerienses).
El macro sumario de Sevilla, el de los Eres, como se sabe está instruido por la famosa Mercedes Alaya. El de Almería por el magistrado Luis Durbán Sicilia. Ambos togados, desde su burbuja procesal, abstrayéndose de calendarios políticos, acordaron llamar a declarar en plena campaña a un nutrido ramillete de políticos socialistas. Como denominador común, en ambas instrucciones, está la corrupción que, como la hiedra, ha crecido por todos los recovecos presupuestarios de las administraciones públicas en los años de vacas gordas y bien nutridas.
Alaya, en su auto judicial de 95 folios, demoledor, deja en evidencia un par de cuestiones muy llamativas. Por un lado que dicho documento judicial podría haber sido redactado hace meses, en tanto que nada nuevo aporta a lo que, groso modo, ya se sabía sobre el funcionamiento de la herramienta administrativa empleada por el gobierno socialista, IFA/IDEA, a la hora de repartir millones de euros a empresas andaluzas. Particularmente las ubicadas en el occidente andaluz y especialmente a "amigos" del poder. Por otro, demuestra el papel de comparsas y cómplices de un notable grupo de personalidades socialistas, especialmente significativas en la parcela económica de la era Chaves al frente de la Junta. A muchos ha llamado la atención que no impute al también mencionado ex presidente de El Monte, Isidoro Beneroso, expulsado del PSOE y asesor económico de Javier Arenas. También que ni siquiera sea mencionado el almeriense Martín Soler, como ex consejero de Innovación, de quien dependía el IFA. Sí se menciona, sin embargo, a dos aforados se su mismo rango de consejeros en esos años, Francisco Vallejo y José Antonio Viera que siguen políticamente activos.
De todas las imputaciones, la más relevante política y mediáticamente, es la de Braulio Medel Cámara, ex alto cargo de Economía como viceconsejero, ex consejero del IFA/IDEA  y actualmente Presidente de Unicaja Banco. Su imputación por Alaya le coloca en una muy delicada situación política ya que tras resultar formalmente acusado, al igual que Magdalena Álvarez vicepresidenta del BEI, se enfrenta a la disyuntiva de presentar su dimisión al frente del único banco andaluz, nacido en medio del naufragio de todas las cajas andaluzas. Resulta curioso y llamativa la imputación de Medel ya que la Jueza lo hace en virtud tanto de su asistencia a tres consejos rectores del IFA, como por la ausencia delegada en el presidente de la entidad, haciéndole por tanto responsable de los acuerdos adoptados. Testificará la semana próxima ante Alaya.
El viernes pasado hubo romería de testigos y posibles imputados en el juzgado almeriense del Sr Durbán Sicilia. El primero en comparecer como testigo fue Javier Aureliano García (PP), el denunciante del "Caso Facturas I", quien alertó en su día de irregularidades que ha quedado constatado que arrancaron tras la denuncia, verbal y por escrito ante García, del ex Gerente del Patronato Francisco Iglesias. Un denunciante que, paradójicamente, ha acabado imputado ya que el vicepresidente obvió y ocultó - no se comprende muy bien por qué- la fuente de su denuncia.
También ha quedado declarado por Javier Aureliano García que el actual equipo de gobierno, presidido por Amat, abonó dos facturas ilegales heredadas del ejecutivo socialista a Publi Fiestas Conde, por la misma cantidad pero con los conceptos cambiados. A ver que hace Su Señoría con esta irregularidad que, según parece, es una práctica ilegal, pero muy habitual, en algunas administraciones públicas.
Entre los declarantes del viernes comparecieron como testigos el equipo directivo del Unicaja Voleibol de Almería, con su presidente Ramón Sedeño al frente. La confesión de este último reconociendo haber sido partícipe de ciertas irregularidades, según fuentes jurídicas, le convierten en firme candidato a una inminente imputación. Que el juzgado le solicitase su dirección y teléfono móvil suele ser, según esas fuentes, un paso previo para recibir el correspondiente auto inculpatorio.
Sedeño es, además, Presidente de la Comisión de Control de la Obra Social de Unicaja, entidad a la que está vinculado desde hace años bajo el padrinazgo y protección de Medel.

El PSOE con El Algarrobico.

Al PSOE almeriense, que hoy reúne a sus lideres federales y regionales en Almería en un acto electoral de apoyo a su candidata número 17, Mari Carmen Ortiz, le crecen los problemas con la justicia. Y si no es con las investigaciones de los jueces, ellos mismos abren nuevos e incomprensibles frentes de desgaste. Ahí quedó esta semana el hecho insólito de la contra campaña frente a Greenpeace en el asunto de El Algarrobico. Mientras el gobierno de Susana Díaz -socios de IU incluidos- mantienen una posición en contra del hotel más famoso de España, el PSOE de Almería se ha destapado en favor de su apertura. Resulta difícil creer que la movida en favor de la inauguración "es una causa local del PSOE de Carboneras" como algunos justifican. Y resulta poco creíble ya que, al frente de la misma en el propio PSOE carbonero, aparece como impulsor el Secretario de Ideas y Programas de la ejecutiva provincial de José Luis Sánchez Teruel, al que, además, recientemente nombró coordinador de un singular "Laboratorio de Ideas", vulgo ´comisión de politólogos´. Antonio Amérigo Fernández, sobrino del ex alcalde indultado Cristóbal Fernández, fue el primero en lanzar en su muro de Facebook la imagen retocada del Algarrobico, coloreando el punto negro de los ecologistas de Greenpeace y quitando la "I" de Ilegal. (Secundada luego por el alcalde del PP con una concentración frente al monstruo de cemento)
Con tanto esfuerzo desplegado en defender en plena campaña europea la legalidad y la apertura del hotel, el Secretario General del partido ha visto como se neutralizaba en las redes su ingente e insulsa tarea de tarea diaria de subir fotografías a su muro con los actos celebrados en esta campaña por plazas y mercados.
En todo este contexto político, el sondeo de Sigma 2 que ayer comenzó a publicar IDEAL, no debe sorprender la tendencia que proyecta. El PP ganará una vez más las elecciones en Almería, bajonazo del PSOE y ascenso considerable de IU y UPyD. El bipartidismo, no obstante, pierde apoyos de forma notable. Es lógica la tendencia ante tanta contradicción, tanto debate localista y el desencanto de un electorado - el 60% dice que se abstendrá- en el que, solo uno de cada cuatro almerienses consultados, aprueba la gestión de la Junta de Andalucía. Sevilla y Europa sigue quedando lejos para los almerienses y, lo que es peor, para sus productos. El PSOE se lo tendría que hacer mirar.



LA CUAJADERA


1.-Ruiz-Rico

El prestigioso magistrado de la Audiencia de Almería será el encargado, junto a sus compañeros de Sala, de atender la apelación de dos militantes socialistas de Roquetas para que se reabra el denominado "Caso Auditorio". Un asunto que lleva años rodando por los juzgados de Almería y Granada y donde piden investigar penalmente presuntas irregularidades del equipo Amat al aprobar - ilegalmente- un sobrecoste del 120% del espacio cultural roquetero a favor de la constructora Hispano Almería.
Pero lo novedoso es que la Audiencia ha determinado que dicha apelación se vea ¡el 17 de febrero de 2015!, meses antes de las elecciones municipales. Fuentes jurídicas aseguran, por otra parte, que aportarán en breve nueva e inédita documentación relacionada con la constructora Halsa y con los altos costes del Auditorio de Roquetas.

2.- Eloísa Cabrera

En los ámbitos del PP de Roquetas no se habla de otra cosa desde hace dos semanas. Todo el grupo municipal del PP, aseguran, se habría rebelado interna y discretamente en contra de la posibilidad de que la actual mano derecha de Gabriel Amat, Eloísa Cabrera, sea la que encabece la lista electoral del próximo año. Amat no parece dispuesto a volver a presentarse - salvo emergencias de última hora-  y esta circunstancia ha abierto el melón sucesorio. Paralelamente el alcalde de Roquetas le hizo saber recientemente al nuevo líder del PP-A, Juanma Moreno Bonilla, que sería "una muy mala noticia para nosotros el crecimiento electoral de IU en este pueblo" (*).


3.- Luis Rogelio Rguez-Comendador

- La más que previsible jubilación de la política de Gabriel Amat abre, además, la sucesión al frente del partido en la provincia. Pero en este punto nadie enseña sus cartas de futuro. "Ahora hay que esperar a que pasen las europeas y ver que pasa" asegura un veterano militante del PP. Sin embargo las quinielas, y sobre todo los índices de popularidad en los sondeos, apuntan a la figura del alcalde de Almería como el más que probable aspirante a sucederle. "Hoy por hoy no hay ninguna figura en el partido que tenga la proyección que tiene Luis Rogelio" aseguran.

4.- Javier Arenas

-Está llamando poderosamente la atención el escaso protagonismo del diputado por Almería en la presente campaña electoral. Salvo la ultima aparición con Amat y Matarí en Almería el viernes, Arenas no se prodiga por Andalucía  ni por los escenarios españoles del PP. Sus enemigos, por contra, argumentan que al ex líder andaluz del PP "lo que le preocupa en estos momentos es lo que está cocinando el juez Ruz en la Audiencia Nacional sobre el caso Barcenas/Gurtel".

5.- Pablo Venzal.


"Un saludo, muy buenos días y que el Sevilla no gane la final de esta noche" Así, ante la sorpresa general, se despidió el candidato del PP, Pablo Venzal, en la entrevista en directo realizada el pasado miércoles en Canal Sur TV. Es evidente que se equivocó doblemente.

(*) Por error se habla de Juanma Moreno Bonilla, Pte regional del PP-A. En realidad a quien Gabriel Amat le habría hecho ese comentario, según la misma fuente, es a Antonio Bonilla, alcalde socialista de Vícar. Disculpas  por la confusión de "bonillas"

lunes, 12 de mayo de 2014

FISCAL SUPERIOR TSJA: "LA LEY DE TRANSPARENCIA NO ES UNA PANACEA, PERO SI UNA AYUDA IMPORTANTE"


-"LAS MEJORAS QUE VENIMOS RECLAMANDO CABRIAN EN CUALQUIERA DE LOS PRESUPUESTOS DE ALGUNO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS QUE EXISTEN EN NUESTRA COMUNIDAD"

-"CREO QUE EL FISCAL GENERAL HA DICHO ALGO QUE PODRIAMOS SUSCRIBIR LA INMENSA MAYORÍA DE LOS FISCALES, POR NO DECIR TODOS"

-"NO PUEDO DECIR NADA SOBRE LA FILTRACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE LOS FONDOS DE FORMACIÓN"

-"CREO QUE MUY PRONTO LA TRANSPARENCIA SERÁ UN PUNTO SIN RETORNO EN CUALQUIER INICIATIVA SERIA DE GESTIÓN PRESPUESTARIA".


Miércoles 7 de mayo. 35 grados en las calles de Sevilla. Mientras se celebra la entrevista en un hotel de la Plaza Nueva, lejos de la Feria de Abril en Mayo, el Fiscal Superior de Andalucía es interrumpido por varias llamadas. Son periodistas que le preguntan por una noticia llamativa que ha saltado esa tarde a las ediciones digitales de varios periódicos. La supuesta apertura de diligencias contra los últimos magistrados del TSJA que se han pronunciado sobre El Algarrobico. Jesús García Calderón explica, una y otra vez, que solo se ha cumplido un trámite y que la denuncia de Greenpeace España, remitida por la Fiscalía Anticorrupción a Granada, ha sido elevada al Tribunal Supremo, órgano competente para entender sobre tan altos dignatarios judiciales. Donde, añado, parece que existe ya otra denuncia sobre el mismo asunto.
También recibe otra llamada, que no logro identificar. Habla de Juan Manuel Sánchez Gordillo, parece que sobre una resolución inminente. No me cuenta nada.
Silenciado el teléfono, entro en materia.


-España se ha convertido en un inmenso ´Juzgado de Guardia´ y el último sondeo del CIS vuelve a incidir en la corrupción como el segundo problema en importancia para los ciudadanos. ¿Tiene arreglo esta situación?

-Creo que si se adoptan las medidas necesarias, si, podría erradicarse esta lacra hasta límites razonables. Si adoptamos, por el contrario, una respuesta tibia o una posición sencillamente ambigua, estamos condenados a empobrecer nuestra sociedad -moral y materialmente- hasta límites inaceptables.

-Si le digo que conozco a un empresario del sector de la Formación en Andalucía que tiene en su garaje una docena de coches de súper lujo, empezando por un Rolls Royce, ¿Le sorprende?

-Puede ser un acto –quizá torpe- de ostentación en una situación económica difícil, puede ser una herencia, puede ser un indicio de tener elevados ingresos económicos irregulares o puede ser un caso más de obsesión por el coleccionismo, al margen de otras muchas posibilidades. Lo importante es la relación que guarde con otros hechos. Si tuviera que hacerse esa conjugación, el dato podría ser tenido muy en cuenta.

-Al menos siete causas abiertas en Andalucía relacionadas con los cursos de Formación, ¿no son demasiados procedimientos para que se llegue a la verdad y, sobre todo, a la recuperación del dinero público mal utilizado?

-Nosotros no decidimos el número de procedimientos que deben incoarse, es la realidad la que se impone. La aparición de causas en distintos territorios debe generar una reflexión sobre competencia que procure siempre la mayor eficacia en la investigación. La coordinación del Ministerio Fiscal, como imaginará, resulta imprescindible.

-Se puede concluir, a la vista del mapa de las investigaciones actuales en el área de empleo/desempleo, que los Eres campaban por occidente y la Formación por el oriente andaluz.

-Lo que debemos exigir es que una sentencia, firme y suficientemente motivada, establezca en un plazo de tiempo razonable una descripción suficiente de todo lo ocurrido. En Andalucía, creo que la separación entre el oriente y el occidente no es aconsejable. Las dos partes, en lo que respecta a la evolución de la criminalidad, son muy parecidas.

-"Manifiesto desorden y ausencia de justificación", son argumentos de su reciente Decreto sobre los fondos de Formación. Imagino que es difícil establecer con justicia las responsabilidades entre los funcionarios públicos responsables y los cargos políticos que dirigen los departamentos afectados.

-En asuntos de una envergadura semejante, siempre resulta difícil establecer con acierto los límites de la responsabilidad penal. Por eso hay elementos decisivos en nuestra actuación que nunca podemos olvidar y que aluden a la imparcialidad, a la falta de instrumentalización del proceso, a la discreción o a la búsqueda de decisiones colegiadas que permitan corregir los errores.


-¿Qué le ha parecido la filtración de una investigación de la UDEF – no judicializada ni en manos de Fiscalía- sobre los fondos de Formación en Andalucía ?

-La Fiscalía Provincial de Málaga inició esta investigación, si la memoria no me falla, en el mes de mayo del año 2013 y una vez que reciba los informes que han sido ordenados a la Policía Judicial, actuará en consecuencia. Espero que sea lo antes posible. No puedo decirle otra cosa sobre el particular.

-El Fiscal General del Estado ha ofrecido crear un grupo de apoyo para investigar qué ha pasado con los fondos de Formación en Andalucía. ¿Alguna novedad al respecto?

-La Fiscalía procurará llevar a cabo una actuación coordinada y sometida en todo caso al principio de unidad de actuación, como señala nuestro Estatuto Orgánico. Las novedades se irán produciendo conforme se desarrollen las investigaciones en sede fiscal o judicial.


-Le he oído decir muchas veces que en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado se ganan batallas puntuales, pero que difícilmente ganaremos la guerra. Eduardo Torres Dulce, en su comparecencia hace días ante el Parlamento, ¿ha dicho lo mismo que Ud. pero con otras palabras?

-Creo que el Fiscal General ha dicho algo que podríamos suscribir la inmensa mayoría de los Fiscales, por no decir todos. La lucha contra la corrupción es una de las batallas interminables que libra el sistema de justicia penal desde que existe el Estado de Derecho. No sé si algún día podremos erradicarla definitivamente, pero ahora nuestra preocupación debe centrarse en aunar nuestro esfuerzo para combatirla con la mayor eficacia y con el mayor rigor porque una sociedad democrática, para que merezca ser calificada como tal, no puede permitirse determinados niveles de corrupción.

-“Legislación insuficiente, enrevesada y con penas no acordes con la gravedad que se demanda por la ciudadanía”, “actuación exasperantemente lenta”, “absoluciones difíciles de entender y sin recuperación de dinero”, “prescripciones incomprensibles”, “indultos a corruptos” y “agujeros negros en la ejecución de sentencias”. Con un diagnóstico tan real como alarmante dibujado por el FGE ¿se entienden las encuestas que apuntan a una falta de credibilidad del sistema judicial español?


-De una parte, la ley no siempre nos permite explicarnos con facilidad y en el momento preciso y, de otra, las críticas no se dirigen siempre al lugar adecuado. La opinión pública debe tener una información suficiente y objetiva. Si reconocemos este grave diagnóstico como cierto, debemos exigir un cambio profundo del sistema. No apuntalemos un edificio condenado a caerse, construyamos un edificio nuevo.


-¿Le ha sorprendido que tras las manifestaciones de Torres Dulce, el poder político, el legislativo, se haya puesto de perfil sin demostrar una reacción de preocupación y alarma dado el grave diagnóstico en la lucha contra la corrupción?

-Hay verdades tan evidentes que solo pueden responderse desde el silencio. Nuestro deber es denunciar a la ciudadanía las carencias del sistema de justicia, no para buscar palabras de apoyo sino el gesto decisivo de los hechos.

-Una inmensa mayoría de ciudadanos piensa que “la Justicia beneficia al poder”. También lo ha reconocido el FGE. ¿No resulta contradictorio pedirle al poder político que cambien unas leyes que, a la postre, benefician a quien ocupa en el poder?

-No creo que exista ese reconocimiento, creo que lo que existe y se pone de manifiesto es un serio aviso sobre ese peligro. Los tribunales españoles luchan diariamente para hacer cumplir las leyes con abnegación y respeto, no siempre con las mejores condiciones, pero en todo caso con aquellos instrumentos que el marco jurídico les ofrece. La corrupción no beneficia a nadie, ni siquiera al propio poder que la permite. El corrupto suele ser el primero en traicionar sus principios, si es que los tuvo algún día y acaba salpicando a todo el que puede al margen de cual sea su verdadera responsabilidad.

-La corrupción es, según las encuestas, la segunda preocupación de los españoles. ¿Significa este dato que en realidad la corrupción no está incrustada en el ADN de los españoles como dicen muchos?

-Claro que no. Esta percepción solo es posible por la actuación permanente de los tribunales, el concurso de medios de comunicación que informan libremente a los ciudadanos y por el enérgico apoyo social. Cosa distinta es que las deficiencias del sistema no permitan ofrecer una dosis suficiente de eficacia. La corrupción ni es, ni ha sido nunca un atributo que diferencie a los españoles. Quizá lo que acabe de distinguirlos sea la indignación creciente que arraiga en la sociedad española, una indignación a la que habría que prestar mucha atención en el futuro.


-Se ha dicho que agilizaría la acción de la Justicia el que las investigaciones fuesen dirigidas por el Fiscal. ¿Por qué? ¿Qué diferencias establecería respecto a la fórmula actual bajo la responsabilidad de un juez?

-No recuerdo ya las veces que he respondido esta pregunta. Una instrucción especializada y sometida a protocolos uniformes de investigación, una Policía Judicial dependiente orgánica y funcionalmente de Jueces y Fiscales, un Juez de Garantías para acomodar en todo momento la investigación a los principios constitucionales y un tribunal colegiado para resolver de forma rápida, casi inmediata, las controversias que puedan surgir durante la instrucción. Y por supuesto, una acotación temporal del proceso, aunque flexible en determinadas situaciones de especial complejidad. Ninguna de estas exigencias básicas es posible en España con la regulación actual.


-La reforma de la vieja Ley de Enjuiciamiento Criminal por un nuevo Código Procesal Penal ya no dará tiempo para que se tramite en la actual Legislatura. Parece pues que la solución de parte de los graves problemas tardará en llegar. Eso es preocupante dada la alarma social que se detecta...

-Es más que preocupante. Es otra oportunidad pérdida. Soy yo quien desearía preguntarle a usted porque, créame, que ya no encuentro ninguna respuesta ... ¿porqué no podemos modificar una Ley que data de 1881 dictada casi en otra edad de la historia? En 1881 no existía el automóvil. Faltaban casi treinta años para que Henry Ford creara su primera cadena de montaje y unos 15 para que los hermanos Lumière proyectaran la salida de unos obreros de la fábrica en el primer cinematógrafo. ¿Alguien ha reparado en esta especie de abismo al que nos asomamos, a diario, en nuestros tribunales de justicia para solventar procesos judiciales de enorme trascendencia social?


-También dijo algo llamativo el Fiscal General: “Las causas más complejas no las instruye ni el juez ni el fiscal, sino que llegan precocinadas por la policía y la Agencia Tributaria y la capacidad de filtraje crítico es muy limitado”. En base a estas circunstancias, ¿no se corre el riesgo de manipulación de la Justicia desde las cocinas del poder político?

-Creo que todos compartimos esa lógica preocupación o, como usted señala, ese riesgo. El nuevo Código Procesal Penal, conforme al proyecto presentado hace meses por el Gobierno, creaba por primera vez en la historia una Policía Judicial plenamente integrada en el Ministerio Fiscal. Me ha llamado la atención el poco relieve que los medios de comunicación han otorgado a un cambio tan esencial para la investigación criminal en España.
  

-Es difícil entender que un juzgado de instrucción de Sevilla tenga patas arriba a todo un gobierno regional e incluso haya intentado investigar órganos del Parlamento con el Caso Eres. ¿se imagina que cundiese el ejemplo en otros órganos jurisdiccionales? ¿No generaría un caos?

-Nunca me he pronunciado sobre este caso. Usted lo sabe y la razón es muy sencilla: El asunto está atribuido desde hace años a la Fiscalía Anti Corrupción y solo a ella corresponde pronunciarse sobre el particular, al margen –claro está- del propio Fiscal General del Estado.


-Ud., desde hace años, en la Memoria de la Fiscalía del TSJA deja constancia de una extensa problemática, plagada de carencias. La falta de medios es, sin duda, la más reiterada. ¿Cómo se debe dotar de medios a los fiscales? Y una segunda cuestión: ¿De que presupuesto estaríamos hablando para solventar esta situación.

-La administración de justicia reclama medios con toda responsabilidad y desde la perspectiva de austeridad que debe inspirar a la función pública, máxime en situaciones de severo recorte presupuestario como la actual. La responsabilidad de las dotaciones materiales y de las plantillas auxiliares corresponde a la Junta de Andalucía pero aún no hemos sido capaces de cumplir, desde el año 2007, ni siquiera la singularización presupuestaria que establece para la Fiscalía el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En lo que se refiere a la Fiscalía Superior, se vienen produciendo algunos avances significativos que debemos reconocer en el diseño de la nueva Oficina Fiscal. Lo cierto es que casi todas las mejoras que venimos reclamando y que facilitarían enormemente nuestra labor cabrían en cualquiera de los presupuestos de alguno de los organismos autónomos que existen en nuestra Comunidad.


-En la última memoria de 2012, concretamente el capítulo aportado por el Fiscal Jefe de Almería, dejaba constancia de una muy notable escasez de medios, en concreto de los pocos fiscales disponibles para atender los juzgados de la capital y la provincia, así como todas las causas en marcha. ¿Ha cambiado esa situación en el último año?


-No, más bien diría que se ha incrementado con la necesidad de atender varias investigaciones de gran complejidad iniciadas en el año 2013. La carga de trabajo de la Fiscalía de Almería ha sido muy elevada en los últimos años y sigue incrementándose, principalmente desde un punto de vista cualitativo. Lamentablemente creo que esta situación puede mantenerse en el futuro. Como imaginará, cuenta con todo mi apoyo para reforzar sus medios personales y materiales. Soy plenamente consciente de la profesionalidad de mis compañeros.


-En Almería se percibe una especial lentitud en una serie de instrucciones judiciales, de calado, especialmente aquellas relacionadas por el poder político y su entorno económico. ¿Cree que es solo por falta de medios o pueden existir otras razones?

-No deberíamos, en una materia tan delicada, generalizar una forma de sospecha. El problema de la lentitud no es un problema endémico de la provincia de Almería. No por ello deja de ser muy grave y debemos preocuparnos de resolverlo. Si existe una situación de retraso malicioso o negligente y alguien lo sabe, lo que debe hacer es denunciarlo.


-¿Es Almería distinta a otras provincias andaluzas en materia de corrupción en las administraciones públicas?

-No. En Almería se han desarrollado investigaciones muy complejas como en las demás provincias de Andalucía, aunque quizá exista una mayor incidencia de estas en la Administración Local. Muchas aún no han concluido y habrá que esperar su resultado final.

-¿Cree que la Ley de Transparencia impulsada por la presidenta Susana Díaz desde la Junta, ayudará mucho, regular, poco o nada en la lucha contra la corrupción?

-Cualquier esfuerzo que procure una mayor claridad en el manejo de fondos públicos de manera que esta información llegue realmente a los ciudadanos, bien directamente o bien a través de los medios de comunicación, es siempre muy positivo, algo completamente necesario. Se trata de otra forma añadida de control; no es una panacea pero sí una ayuda importante para cualquier labor de fiscalización y control e incluso, cuando fuera necesario, para impulsar la investigación penal. Creo que muy pronto la transparencia será un punto sin retorno en cualquier iniciativa seria de gestión presupuestaria.


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