EL AMARGO ANÁLISIS DE TORRES DULCE

A-92. Ideal de Almeria
27 de abril de 2014

-“Legislación insuficiente, enrevesada y con penas no acordes con la gravedad que se demanda por la ciudadanía”, “actuación exasperantemente lenta”, “absoluciones difíciles de entender y sin recuperación de dinero”, “prescripciones incomprensibles”, “indultos a corruptos” y “agujeros negros en la ejecución de sentencias”.

Este es el diagnóstico que, sobre la lucha judicial contra la corrupción, se escuchó esta semana en sede parlamentaria. Y no las hacía ningún político, ni un preferentista de Caja Madrid, tampoco ningún periodista obsesionado con las tramas de corrupción, ni siquiera el juez antisistema Elpidio Silva. Las hizo, nada más y nada menos que Eduardo Torres Dulce, a la sazón Fiscal General del Estado.

Reconoció muchas más cosas el máximo responsable del Ministerio Público, todas ellas graves, dentro del marco de comparecencias de expertos ante la Comisión Constitucional del Congreso para valorar las medidas anticorrupción – “parches insuficientes” - adoptadas por Gobierno de Rajoy.  Una radiografía, la expuesta por Torres Dulce, que  conduce a que en la calle se tenga la sensación generalizada de que “la Justicia favorece al poder”, según reconoció.

Las causas más complejas, afirmó Torres Dulce, “no las instruye ni el juez ni el fiscal, sino que llegan precocinadas por la policía y la Agencia Tributaria y la capacidad de filtraje critico es muy limitado”.

La falta de medios, materiales y humanos, como no podía ser menos, también ha quedado una vez más evidenciado sobre la mesa de las carencias. Una reivindicación constante de la Fiscalía desde hace años. Baste repasar, por ejemplo en el caso de Andalucía, las sucesivas memorias anuales del Fiscal Superior del TSJA , Jesús García Calderón, o lo dicho en sus comparecencias en el Parlamento de Andalucía.

También quedó en evidencia que dado lo avanzado del calendario legislativo, difícilmente podrá abordarse la reforma de la decimonónica Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque los expertos apostaron por abordar parcialmente algunos de los aspectos más necesarios de reforma de la citada Ley que pasará a llamarse, de la mano del ministro Ruiz Gallardón, Código Procesal Penal.

Segunda transición

Desde hace unos años asistimos en España a una segunda transición, desde el punto de vista político, pero con una diferencia muy notable a la que vivimos y protagonizamos los españoles tras la muerte del dictador; cuando un trío clave integrado por el Rey Juan Carlos, Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suarez, dispusieron y ejecutaron – de acuerdo después con las fuerzas democráticas, aún ilegales- un proceso de reformas cuyo eje fundamental consistía en luchar y desmontar la dictadura de 40 años e instaurar la democracia plena. La diferencia radica en que hoy el enemigo a batir no es el búnker del Movimiento. Ahora el mal que aqueja a la sociedad se llama corrupción, segunda gran preocupación de los ciudadanos y ciudadanas de esta país, a tenor de lo que desde hace tiempo vienen reflejando machaconamente las encuestas del CIS.

Diversas fuentes estiman que en estos momentos, en los procesos judiciales abiertos contra la corrupción en nuestro país, se están dilucidando entre los treinta y cuarenta mil millones de euros robados por una extensa trama de delincuentes – de toda condición y pelaje político- sustraídos de la caja de los impuestos de los españoles. Una suma de dinero que, sin duda, ayudaría y mucho a paliar, por ejemplo, las necesidades en educación, servicios sociales y, también,  en la lucha contra el paro galopante, la primera causa de preocupación en esos sondeos aludidos.

Pero siendo sorprendente que el Fiscal General del Estado diga en voz alta, en términos jurídicos y con expresiones comprensibles para todos, lo que la inmensa mayoría de ciudadanos piensan sobre el funcionamiento de la Justicia, mucho más aún ha sido comprobar el escaso interés dado a esas manifestaciones por la casta política, acosada por los escándalos.

Como viene siendo habitual el poder político se han puesto de perfil, como si no les afectara el fenómeno y su problemática o ya la conociesen de antemano. Más o menos han venido a decir aquello tan socorrido de “tomamos nota”.

Mientras tanto, a diario, en los medios de comunicación nos encontramos con una cansina retahíla de crónicas judiciales cortadas por el mismo patrón. La instrucción judicial de las causas se ha convertido en un fin en sí misma, no en un medio que conduzca a resoluciones y sentencias firmes de los tribunales. Ante este panorama la conclusión es fácil: el delincuente paga (solo) con la pena de telediario. Nunca acaba en la cárcel y, lo más irritante, nunca devuelve la poca o mucha fortuna económica robada.

Procesos largos, plagados de costosa ingeniería jurídica, normalmente financiada por el dinero sustraído, ha convertido el trabajos de nuestros jueces y fiscales en un mero trámite para muchos políticos y comparsas antes de pasar a un retiro dorado donde podrán proclamar con absoluta tranquilidad aquello de “que me quiten lo robado”.

Un anuncio, con fotografías incluidas, publicado hace unos días en uno de los portales de Internet más populares, dedicado a la compra venta de todo tipo de inmuebles y propiedades, puede resultar ilustrativo sobre botines no recuperados.  

Bajo el título “Finca de ensueño en Laroles” puede leerse el siguiente reclamo por el astronómico precio de 475.000 euros:

“En  plena Alpujarra granadina, justo debajo del Puerto de la Regua. Está a 1000 metros de altitud. Tiene muy buena comunicación y está a 1 km del pueblo. Forma parte de un coto de caza privado, tiene más de 1000 olivos centenarios en producción de aceite de alta calidad. Riego por goteo. La finca posee un gran nacimiento de agua, sobra para regar todo el año y llenar sus dos balsas. También tiene agua de comunidad y cortijo de 500 metros cuadrados del año 1935, con bodega y más dos hectáreas de viñedos. Produce un excelente vino”.

Una propiedad y una descripción que bien podría estar extraída del voluminoso sumario de la “Operación Poniente” que, desde hace seis años, se instruye en los juzgados de Almería.

Desde luego, el amargo diagnóstico de Eduardo Torres Dulce, es un fiel reflejo de la realidad cotidiana. Hasta el Fiscal General del Estado lo reconoce ya.

LA CUAJADERA

1.- NíJAR

-El asunto de Hispano Almería en Níjar y la supuesta financiación del PP mediante entregas dinerarias en periodos electorales, con recibís de por medio, parece que empieza a cobrarse víctimas políticas sin que el juzgado correspondiente de Almería haya empezado a actuar todavía en el asunto. En el seno del propio PP de la localidad parece que han surgido discrepancias entorno a las relaciones con la constructora. En ámbitos políticos municipales se da por hecha la dimisión de la concejal de Cultura, discrepante en cómo su grupo está llevando la aclaración pública de este embrollo denunciado por el PSOE.

2.- BERRUEZO

- Esta semana ha tenido entrada en la sede de la Fiscalía Superior del TSJA en Granada el texto de una extensa denuncia, acompañada de abundante documentación, presentada por el empresario gaditano José Antonio López Esteras, (Grupo Jale, en situación concursal) para que se proceda a determinar las responsabilidades a que hubiere lugar en una serie de millonarias operaciones mercantiles y financieras protagonizadas por el Banco Popular y por el empresario de Tíjola Estanislao Berruezo, socio en su día de López Esteras. Una operaciones en las que, según la denuncia de López Esteras, fue engañado como un “tonto útil”.  

3.- CAJA B

-El Secretario General del PSOE, José Luis Sánchez Teruel, ha creído ver un filón del que sacar tajada política: las “cajas B” provinciales del PP, denunciadas por Luis Bárcenas ante el juez Ruz. Y ahí que se ha lanzado a pedirle explicaciones a Gabriel Amat, ojo pero solo a través de artículos de prensa. Olvida Teruel que existen varios procedimientos judiciales en marcha – el Caso Halsa es uno de ellos- donde podría personarse el PSOE para saber si ha habido dinero negro circulante en el partido hegemónico en la provincia. Pero aún no lo ha hecho y se duda que lo haga a estas alturas. Se desconocen los motivos por los que el líder socialista ni se persona en la Causa y ni siquiera menciona públicamente el nombre de la empresa Halsa.

SUSANA CONTRA ´LOS POLIS´ DEL PP

A-92. Ideal de Almería
 20 de abril de 2014

Independientemente del tono nervioso y algo chillón, poco acorde con la serena respuesta institucional que un gobierno debiera haber dado ante una agresión partidista al margen de la Ley, la Junta tiene razón en su protesta por la filtración de la investigación policial del escándalo de la Formación. Luciano Alonso, al que Susana Díaz encargó -¿un asunto malagueño?- el papelón de salir a dar la cara y leña al ministro del Interior, no estuvo afortunado con las formas empleadas, aunque en el fondo de su mensaje tuviese más razón que un santo. Desde cuando una investigación policial – no judicializada - es filtrada a los medios de comunicación, y para colmo coincidiendo con el arranque de una precampaña electoral, se preguntaba Alonso algo más que indignado, cabreado.

Lo sucedido esta semana con este asunto, es sin duda uno de los ejemplos más palmarios de manipulación política del trabajo de la Policía que, una vez concluidas sus pesquisas, deberán elevar al Decanato correspondiente delitos y pruebas halladas para que se proceda al reparto y posterior instrucción por parte de un magistrado juez.

Independientemente de la gravedad penal y política del escándalo en ciernes, del que más adelante me ocuparé, no debe quedarse en el tintero la torpe reacción de la Junta en un tema de este calibre.

En primer lugar desde el minuto uno debiera haber dado la cara la propia presidenta de la Junta. Las consecuencias políticas que se traslucen a corto y medio plazo bien merecía que Susana Díaz dejase su actividad cofrade y balconera para plantarse ante los medios verbalizando, como hizo su consejero de Educación, la existencia de una “causa general”. No contra Andalucía, ojo, sino contra el partido y el gobierno que ella dirige y preside. (Esa manía de envolverse en la bandera, dejó de ser creíble el día que Jordi Pujol habló de “agresión a Cataluña” cuando investigaban sus manejos en Banca Catalana). Dejar en manos de un consejero, por muy solvente que sea, esa primera reacción institucional invita a pensar que Díaz ha querido guardarse las espaldas, políticamente hablando, de la misma forma que hizo en su día Chaves nada más arrancar públicamente el escándalo de las grabaciones con las mordidas en Mercasevilla.

El Ministro del Interior, Jorge Fernández, ha desmentido las acusaciones del gobierno andaluz, negando la mayor y, lo que es peor, las evidencias. Si Interior no ha filtrado los primeros indicios de una investigación policial de alto voltaje político, como asegura, por qué razón no se ha abierto inmediatamente una investigación interna para depurar las responsabilidades a que hubiere lugar. No solo por la seriedad que en un Estado de Derecho merece la labor de la policía a la hora de perseguir delitos y delincuentes, sino también para desmentir que el Gobierno esté utilizando la labor de nuestros funcionarios en beneficio partidista, esto es del PP. ¿Ya no se acuerda el PP de lo que denunció la Sra Cospedal desde la playa cuando el Caso Gürtell?

Entrando en el fondo de lo que se está investigando, desgraciadamente la información filtrada oficiosamente no ha pillado por sorpresa a casi nadie, excepto a los socialistas en la Junta. ( Sus socios de IU parece que tocan en otra banda desde lo de la Corrala). Desde que en Madrid se descubrió otro fraude similar al investigado en Andalucía, con los fondos públicos dedicados a la Formación, cualquiera medianamente informado esperaba que, de un momento a otro, saltase la misma liebre pero con dorsal blanquiverde. De la misma forma que es casi seguro que, de investigarse en serio, saldrían a relucir prácticas similares en otras comunidades autónomas españolas. Entre otras cosas porque este tipo de prácticas que ahora se denuncian en Málaga, Granada y Almería – saldrán más provincias, seguro- se han realizado a la luz del día y sin recatarse sus actores principales. Y también porque, concretamente en Andalucía, ha quedado más que evidenciado el escaso control que funcionarios públicos y políticos han ejercido a la hora de fiscalizar el buen uso de estos y otros fondos públicos.

Si realmente Susana Díaz se cree de verdad lo que tantas veces ha proclamado  - “tolerancia cero con la corrupción, sea de quien sea”-  no parece un buen sistema situase tras los ciriales y mirar para otro lado, lanzando a uno de sus consejeros a quemase en las candelas. Lo suyo hubiese sido anunciar de inmediato comparecencia en el Parlamento, ordenar una investigación interna, seria y rigurosa, y poner en manos de la Fiscalía todo aquello susceptible de ser investigado penalmente. Todo ello tras dar cuenta a la opinión pública y lanzar un ¡viva la transparencia! La política del avestruz, cuando desde “fuentes del Interior”  se reitera y se habla de cerca de “los dos mil millones” en el supuesto fraude de la Formación en Andalucía, es tanto como perder la iniciativa política una vez más y situarse a remolque de los acontecimientos, como en el caso de los Eres.

De todas formas parece que la presidenta empieza a padecer mal de altura y alguien debiera aconsejarle que vuelva a pisar el suelo. Después del pan como unas tortas de la marcha atrás en las competencias de Vivienda de IU, Susana Díaz empieza a estar irreconocible para muchos cuadros socialistas que, inicialmente, aplaudieron su golpe de autoridad. El resultado político de la Corrala Utopía, nadie discute a estas alturas que ha sido negativo para la dirigente socialista que, tras tejer y destejer el decreto, aparece prisionera de sus socios minoritarios en el gobierno y, lo que es peor, identificada con el “efecto 15-M” incrustado en IU.

Volviendo a la cuestión de la filtración policial, al PP no le convendría olvidar que tanto la Udyco como la Udef, mantienen en marcha otras importantes investigaciones sobre corrupción política en Andalucía. Y que algunas de esas pesquisas duran ya meses y pueden afectar a importantes dirigentes del partido del Gobierno.

Sin ir más lejos ahí tienen a ambos grupos policiales que, bajo control judicial, están investigando la denominada “trama Amat”; un puzzle societario entorno al líder del PP en Almería, familia, socios y amigos, que supuestamente se habrían beneficiado durante años de decisiones del alcalde de Roquetas en materia urbanística.

Imaginarse hoy una filtración de lo investigado hasta ahora sobre Amat y los suyos invita a preguntarse cuanto tardaría el PP en denunciar ante Torres Dulce a los fiscales o en recusar al juez correspondiente. Pero eso, hoy por hoy, ni ha pasado ni creo que suceda. Me refiero a la filtración, claro está.

LA CUAJADERA

1.- Gabriel Amat

Esta semana será presentada por parte de AMAyT en el correspondiente juzgado de Roquetas una primera ampliación de la denuncia presentada hace meses entorno a la denominada “Trama Amat”. Se trata de una extensa recopilación de más de quinientos folios, con abundante documentación incorporada, donde se detallan decisiones urbanísticas del Ayuntamiento de Roquetas relacionadas con entidades mercantiles que habrían sido beneficiadas por la corporación roquetera bajo la presidencia de Gabriel Amat Ayllón. Como denominador común a todas ellas, un entramado de ingeniería mercantil y financiera, en las que aparecen familiares del alcalde y socios en numerosas mercantiles.

2.- Caso Rifá.

En la  mencionada ampliación de la denuncia también se hace referencia, entre otros, al sumario abierto en un juzgado de Almería desde el verano de 2012 donde, a instancias de la Agencia Tributaria, a través del Servicio de Vigilancia Aduanera, se investiga al empresario Miguel Rifá, entre otros por supuestos delitos tributarios y evasión de capitales. AMAyT considera que ha hallado conexiones suficientes entre Rifá y sus testaferros con el entramado societario de la familia Amat, especialmente con su sobrino Francis Amat, también beneficiados por decisiones urbanísticas del gobierno municipal de Roquetas.

 3.- Luis Durbán Sicilia

El juez almeriense, que ha ocupado durante años plazas de juez en Roquetas y  de magistrado en Almería entre otras localidades, entendiendo sobre Causas de gran relieve político y mediático, será ascendido a Magistrado de la Audiencia Provincial de Almería. Se podría dar la circunstancia de que, con el paso del tiempo, algunos de los sumarios por él iniciados acaben en la Sala de la que será miembro aunque, llegado el caso, el haberlas conocido en su fase de instrucción provoquen su lógico apartamiento voluntario.

4.- El PSOE ¿informa?

-En el PSOE de Almería se ejerce un control muy singular entorno a la comunicación pública de las agrupaciones que integran el partido en la provincia. Sin que los estatutos lo contemplen, el Secretario General, José Luis Sánchez Teruel, tiene institucionalizada la orden de que ninguna agrupación del partido pueda emitir directamente a los medios notas de prensa sin que, previamente, reciban el visto bueno de la dirección provincial. También tienen limitadas las ruedas de prensa in situ que, de celebrarlas, deberán hacerse en la sede provincial del partido en la capital. Parece que hay algunas agrupaciones que no están dispuestas a seguir con el método implantado por Teruel que consideran una “censura previa” y poco eficaz.  

EL ´EFECTO 15-M´ CASI ROMPE EL BIPARTITO

Faltaban pocos días para que los socialistas andaluces celebrasen su 19º aniversario en el gobierno de la Junta. Corría el mes de mayo del año 2001 y el líder entonces de la "Andalucía imparable", Manuel Chaves, se desayunaba en las páginas del ABC del día 10 con un sapo en forma de "carta abierta", firmada por Isidoro Beneroso Dávila, a la sazón militante socialista y Presidente de El Monte de Sevilla y Huelva. Como fondo una soterrada lucha entorno a las cajas sevillanas, su fusión, y el control político de las instituciones crediticias que, contra viento y marea, pretendía mantener el PSOE-A. Chaves y su consejera de Economía Magdalena Álvarez, defendían a machamartillo la idea de la "caja única", proyecto que nunca se materializaría. Es más, con el paso de los años solo se salvaría de la deslocalización la malagueña Unicaja. La filtración de un demoledor informe del Banco de España -"torpes artimañas diseñadas desde flamantes despachos" dijeron negro sobre blanco los presidentes de las cajas sevillanas  - ponían en solfa los acuerdos que los dos "cajeros" socialistas, Beneroso y Benjumea, habían tejido y destejido durante meses, contando con el ostentoso apoyo de Javier Arenas y el PP. Tres años más tarde, Beneroso sería fichado por Arenas como independiente del PP-A y Benjumea se dedicaría a sus nuevos negocios que, décadas después, le conducirán a Miami donde vive actualmente.

Fue la primera vez que el socialismo andaluz, haciendo piña, se plantó ante lo que consideraron "un pulso público al presidente de la Junta". Nunca vamos a permitir, escuché en aquellos días en bocas muy relevantes del PSOE, que "nadie le gane un pulso al presidente". Y así fue.

Sirva pues, este dato del ADN socialista, para contextualizar el espíritu del PSOE-A ante la crisis abierta esta semana en el gobierno de la Junta.

Ocho llaves

Cuando el pasado miércoles se supo que IU, socios de gobierno del PSOE, no estaban dispuestos a acatar la decisión de la Presidenta de actuar, dentro de la Ley, en el conflicto de la ´Corrala Utopía´, fue fácil deducir por donde iba a derivar el conflicto. Y cuando a las nueve de la noche, altos cargos de la Consejería de Fomento y Vivienda, hacían una ostentosa entrega en la Plaza Nueva de Sevilla de ocho llaves de otros tantos pisos de la administración autonómica, fue fácil predecir cual iba a ser la reacción de Díaz. O ceses o revocación de las competencias en materia de Vivienda. Se optó por esto último a la hora y media de levantarse el campamento de los okupas desahuciados de la Corrala.

Procede pues analizar políticamente que ha habido detrás de esta chispa que estuvo a punto de hacer saltar por los aires, recuérdese, todo un pacto de gobierno. No un pacto de investidura o puntual al que se negó en su momento Griñán. Un acuerdo, conviene recordarlo, que se negoció fundamentalmente con el Partido Comunista, "con alta dosis de lealtad", no con la amalgama de grupos y tendencias agrupadas en el seno de IU, a las que el PSOE denominan "el efecto 15-M", el que más inquieta y rechaza el socialismo español en este momento "pre constituyente" que empieza a vivir España. En palabras de un destacado dirigente del PSOE "el efecto 15-M lo que pretende es sustituir la democracia por el asambleísmo, y a eso no nos podemos prestar quienes somos gobierno en Andalucía y alternativa de gobierno en España". Ese es, a día de hoy, el gran problema que ven dentro de IU.

Cuando el pacto andaluz se materializó en el arranque de esta legislatura reinó gran satisfacción no disimulada  en el PSOE-A. El interlocutor fundamental había sido Diego Valderas y, para los socialistas, suponía una garantía del cumplimiento "desde la lealtad" del programa acordado para toda la legislatura. Un nuevo coordinador en IU,  Antonio Maíllo, supuso un cambio descrito gráficamente con estas palabras desde las filas socialistas: "Pasamos de tener a los indios fuera, meándose dentro, a tenerlos dentro pero meando para fuera".

La actuación política de la consejera de Fomento y Vivienda Elena Cortés con los okupas de Utopía ha supuesto justamente eso, que desde el gobierno que preside Susana Díaz se tomen decisiones fuera de norma y de Ley - orinar hacia fuera- algo que la presidenta no ha estado dispuesta a tolerar. De la misma forma y manera que hizo hace unas semanas la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, en un caso similar apelando a la Ley. Por mucho que desde IU, sus dirigentes, intentaran dar un barniz de legalidad a su actuación, amparada en el Auto de una jueza que mandaba el desalojo de los pisos ocupados de Iber Caja, ordenando al mismo tiempo a las administraciones "proveer lo necesario para atender a los menores y otras personas en riesgo de exclusión". Un "realojo provisional", argumentaron para defender la legalidad.

Doce horas

El pasado jueves los dirigentes de ambas formaciones de izquierda en el Parlamento de Andalucía no podían disimular la tensión en la que estaban sumidos. Más de doce horas de reunión, sin resultado, vino a dar la razón a quienes sostenían que el proceso de ruptura podría a ser irreversible. El choque de trenes lo acabó certificando el BOJA el Viernes de Dolores, con la publicación del decreto de retirada de competencias, firmado por la Presidenta horas después de la entrega "ilegal" de las ocho llaves. Todo ello en una ciudad donde doce mil personas están en paciente espera para poder acceder a una vivienda de VPO de la Junta.

De momento las consecuencias políticas de esta crisis, al margen de la parálisis que pueda suponer en la acción del gobierno, pasa necesariamente por el análisis del posible escenario preelectoral generado. Susana Díaz, con su golpe de autoridad, se ha reconciliado con las clases medias urbanas de Andalucía que, sin duda, valorarán positivamente su determinación en defensa de la legalidad y la igualdad de oportunidades.

El PP-A que, sin creérselo demasiado, viene vaticinando lo de elecciones anticipadas para otoño, le faltó tiempo para desdecirse y proclamar su disposición a sustituir parlamentariamente a IU, pactando un programa de reformas con el PSOE-A, alarmados porque un posible adelanto electoral les pillaría con su nuevo líder, Moreno Bonilla, dentro aún del cascarón y con un partido desactivado por el traumático relevo de Zoido. Exactamente lo mismo que le sucede a IU con Antonio Maíllo que, además, tendría que apechugar con el desgaste entre sus electores por haber sido la muleta del PSOE durante estos dos últimos años en el gobierno y, comprobar finalmente, que su gran bandera - la política de viviendas y "lucha" contra la banca- se les diluía por el desagüe de la ilegalidad y, desde luego, por un pulso político mal calculado. In extremis, de madrugada, sucedió algo insólito ayer sábado. IU enseñó los papeles del realojo y Susana Díaz dio marcha atrás porque todo estaba "dentro de la Ley"  en ocho caso, no en veintidós. Y del Viernes de Dolores, el bipartito, pasó directamente al Domingo de Resurrección sin hacer estación de penitencia. Pero, claro, nada será igual a partir de ahora.

 LA CUAJADERA

1.- Caso Facturas

El procedimiento que sigue instruyendo el Juez Luis Durbán, promete aportar en breve sorpresas en forma de daños colaterales y extrajudiciales. Algunos de los imputados comienzan a "largar" en privado y prometen hacerlo en público. Se empieza a oír la supuesta existencia de regalos variados a cargos públicos en activo como viajes a Argentina y NY, cajas de tomates Raf y mariscos así como arreglos variados en viviendas particulares. Todo, parece, que gratis total para los supuestamente agraciados.

2.- Carlos Sánchez

El concejal del Ayuntamiento de Almería no ha descartado, a través de Twitter, que el gobierno al que pertenece acepte finalmente la creación de una Comisión de Investigación sobre el affaire de los cementerios y por el que los almerienses deberán pagar casi siete millones de euros. Sánchez culpa del desaguisado a los socialistas que ahora denuncian, por su gestión del asunto en la corporación anterior a la llegada de Rodríguez Comendador.

3.- ADR Alpujarras

-¿Quien, de pronto, se ha puesto muy nervioso con lo sucedido con dineros públicos en la gestión de este chiringuito gubernamental? ¿Quién quiere tapar bocas y a cambio de qué? ¿Lo logrará antes de que lleven el asunto a Fiscalía?

4.- Francisco Góngora

El alcalde de El Ejido se plantó en Sevilla el pasado día 27 de marzo, un día antes de que saltara a la opinión pública la noticia de que la Justicia le investigará penalmente por la comisión de supuestos delitos fiscales y de tráfico  de influencias. Quiso ver a nuevo líder Moreno Bonilla y explicarle lo suyo. El gongorismo va contando que Bonilla le dio garantías de que, pase lo que pase en el Juzgado, Góngora volverá a ser candidato del PP.

5.- Sánchez Maldonado

Algo para Almería debe de estar cocinando el Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta. Durante más de 45 minutos, Pepín S. Maldonado, mantuvo una reunión el pasado jueves, en una de las mesas de la cafetería del Parlamento, con los dirigentes socialistas almerienses José Luis Sánchez Teruel y Adela Segura, incorporándose a la misma la Delegada del Gobierno Sonia Ferrer. Atentos pues porque tan larga cumbre cafetera seguro que aportará novedades para Almería. No se sabe cuáles.

LA SUCESIÓN DE GABRIEL AMAT

A-92
Ideal de Almería
Domingo 6 de Abril de 2012

El incierto futuro judicial que rodea actualmente al líder de la derecha almeriense, Gabriel Amat, pero sobre todo el cansancio que genera su dilatada actividad política (y la edad que no perdona), parece que son los motivos por lo que, sotto voce, se empieza a hablar internamente en el PP de su sucesión.

En 2010, a finales de septiembre, mantuve un almuerzo con quien tan solo presidía entonces el partido y el Ayuntamiento de Roquetas. La Diputación llegaría después y no me pareció ese día que ambicionase apasionadamente el puesto. Le noté cansado. En mi crónica de aquel agradable encuentro gastronómico en ´El Boliche´, publicada el 3 de noviembre, intenté describir el estado de ánimo del dirigente de la derecha quien, durante los meses precedentes, se había tenido que enfrentar a una situación que, en el fondo, le incomodaba más de lo que podría parecer. Hombre amante de los pactos y componendas, públicas y privadas, nunca fue su estilo - ahora sí- optar por la vía judicial para dirimir ajustes de cuentas con los enemigos y menos abrir una guerra fratricida con los de su mismo ADN político. Ver a sus antiguos compañeros, escindidos en el PAL, en El Acebuche y sometidos a un proceso judicial denominado ´Operación Poniente´ le mantuvo muy inquieto y nervioso durante meses. Quizás porque, tarde o temprano, conociéndoles tan bien, sabía que responderían con dureza a la agresión recibida. Las guerras siempre acaban con víctimas en los dos bandos. Siempre sostuve, en público y en privado, que Gabriel Amat nunca creyó que aquella ofensiva, iniciada con el detectivesco dossier del ´Informe Pícaro´, sobre las riquezas y patrimonios acumulados por el ´clan de El Ejido´ y que dio paso, tras investigaciones periodísticas, a denuncias de IU y el PP ante la Fiscalía de Almería, acabasen convertidas en la primera gran Causa judicial contra  una pequeña parte de la corrupción político económica que asola hace años Almería. Una investigación, cabe recordar, muy significativa en el contexto judicial almeriense ya que, como otras que llegarían años después, fue impulsada por la Fiscalía Superior del TSJA, la misma que desde principios de 2013 investiga a Gabriel Amat, su actuación como alcalde y su patrimonio familiar.

Amat, a finales de 2010, políticamente hablando, solo tenía una meta y una gran aspiración personal en el que parecía su fin de trayecto. En mi crónica del encuentro quedaba reflejada así:

"Pero a Amat, alpujarreño viejo y listo (voraz e insaciable, según sus enemigos), que sabe que si el pepino baja de los cuarenta céntimos la palma el agricultor, parece que los ataques empiezan a resbalarle con los años y su experiencia en la vida pública. Amat piensa que, sin hacer ruido, sin enfrentamientos abiertos, trabajando día a día de esa forma, las encuestas le vaticinan la mayor victoria histórica de la derecha andaluza en una provincia sobre el régimen socialista de los treinta y tantos años. A esa idea está aferrado el abuelo de la política almeriense, pero por encima de todo dice que tiene un gran deseo y una gran ilusión puesta en la primavera de 2012, algo así como el colofón, la guinda a su carrera política: asistir en el Palacio de San Telmo - “entrando ese día por esas puertas abiertas de par en par, en aquel gran palacio de Sevilla”- a la toma de posesión como presidente de la Junta de Javier Arenas, de su "gran amigo Javier".

Javier Arenas, su "hermano menor", ganó, pero perdió su última oportunidad de gobernar Andalucía ya que no obtuvo la ansiada mayoría absoluta. Su gozo en un pozo y, además, seco.

Previamente se hizo con el sillón de la Diputación de Almería, que para Amat suponía, sobre todo, una victoria moral al recuperar el poder en una institución que, tres tránsfugas, se la arrebataron con el vergonzante (y electoralmente costoso) apoyo del PSOE de Martín Soler.

Pero los años pasan y en la mente del astuto dirigente seguramente no ha dejado de rondar su jubilación y, por descontado, planificar su sucesión. A saber: alcaldía de Roquetas, presidencia del partido y de la Diputación.

Las denuncias ante la Justicia en el último año de la asociación contra la corrupción en Almería, denominada AMAyT, siglas que empiezan ser considerada en Almería como acrónimo y que tanto le ha irritado hasta el punto de querellarse contra ellos, ha supuesto un contratiempo con el que no contaba Don Gabriel. Él esperaba virulentas reacciones desde el entorno de Juan Enciso, pero eso dejó de preocuparle porque, al final, su lógica política ha estado encaminada a pactar y a captar a la mayoría no contaminada por la OP para que vuelvan al redil del que se fueron. De la misma forma que consiguió que Juan Megino volviese a la casa común de la derecha con su partidillo, sus partisanos y sus ladrillos.

Amat, un mix entre Fabra (Castellón) y Baltar (Ourense) pero más zorro y discreto que ambos, ha logrado que en Almería no se mueva una brizna sin su conocimiento y, lo más llamativo, sin su consentimiento. Controla algunos medios de comunicación, a cambio de inversiones publicitarias tan suculentas como, en muchos casos, carentes de utilidad pública. Difícilmente, en cualquier provincia andaluza, se pueda dar un caso de control absoluto de una provincia por parte de un solo dirigente político.

Le respetan hasta los socialistas que, como partido, no se han personado en ninguna Causa que afecte a Don Gabriel. "Lo nuestro queda en una oposición de guante blanco", asegura resignado un destacado dirigente del PSOE almeriense.

El relevo político de Amat es pues un asunto del que empieza a hablarse en reducidos cenáculos populares sin que nadie se atreva a exteriorizar públicamente sus posibles apetencias.

La figura de Eloísa Cabrera, número dos en Roquetas, parece que no acaba de cuajar como futura candidata ya que levanta recelos internos entre el resto de concejales. Por cierto, sobre la mayoría de ellos pende, en estos momentos, una petición de imputación de Fiscalía a cuenta del ´Caso La Fabriquilla´.

En la Diputación casi todas las quinielas apuntan Javier Aureliano García como el delfín con mayores papeletas si repite victoria provincial el PP; aunque con escasas posibilidades de hacerse con la presidencia del partido. Asunto más peliagudo ya que, en esa batalla, no conviene olvidar las diversas tribus y en especial a Luis Rogelio Rodríguez Comendador, junto a sus ya maduritos "niños". Y tampoco a la capital del Poniente con Paco Góngora agazapado desde hace tiempo y con aspiraciones. No obstante, su último traspié judicial, ordenando la Audiencia que le investiguen por supuesto delito fiscal y tráfico de influencias cuando era delfín de Enciso, le coloca en desventaja en caso de confirmarse su imputación. Por esa razón peligra incluso que repita como candidato, aunque en su entorno se asegura que Juanma Moreno Bonilla le ha prometido hace días en Sevilla (el 27 de marzo pasado, un día antes de que saltase el escandaloso Auto a la luz pública) que lo volverá a ser alcaldable. Sin olvidar los muy discretos movimientos de notables empresarios ejidenses, históricos padrinos del PP, que ya habrían hecho llegar a Amat su descontento con la gestión y el trato que les da Góngora.

Con este panorama se comprende el desbordamiento al que está sometido el veterano líder de la derecha almeriense. La única satisfacción que le queda a la vista, si se confirma, es el rumoreado nombramiento de su amigo Javier Arenas como Ministro de Agricultura, en sustitución de Arias Cañete. Aunque de producirse nadie sabe vaticinar, dado como está el patio almeriense, si eso será bueno, regular o muy malo para Gabriel Amat y sus planes.

LA CUAJADERA

1.- ROGELIO MENA

El alcalde de Albox ha podido percibir entorno a los 4.336 Euros el pasado mes de marzo como sueldo de procedencia pública. Al menos esa es la cifra resultante de las cantidades a las que ha tenido derecho. 3.600 como alcalde, según el PP, más 736 Euros por asistir a dos comisiones de la Diputación y a un pleno (184 por comisión y 368 por el pleno). Mena, miembro además de la ejecutiva regional de Susana Díaz, renunció recientemente a la exclusividad en la corporación provincial por la que percibía un total de 3.763 euros brutos.

2.- MIGUEL CAZORLA

Los aires de renovación y frescura  en la política que pregona el líder de Ciudadanos, el catalán Albert Rivera, en Almería contarán con un veterano cargo público del GIAL. Cazorla ya formó parte del gobierno municipal de Almería como concejal con Juan Megino.

3.- CEMENTERIOS

Los socialistas han denunciado que por ´silencio administrativo positivo´ la ciudad de Almería deberá pagar, en tres meses y por orden judicial, casi siete millones a la UTE concesionaria de los camposantos. Pedirán comisión de investigación al respecto y, si Luis Rogelio se niega, le tienen preparada una sorpresa. Judicial, por supuesto.

4.-ROSARIO SOTO

La diputada popular de Almería ha reaparecido en Sevilla como portavoz del partido y opinar sobre la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que Alaya remita al Supremo la pieza de los Eres de los ex presidentes y aforados. Soto  ha proclamado una obviedad: "Las prisas no son buenas". Especialmente para el PP, claro.