Francisco Ruiz Orta,
socialista, Ex Director General de Regadíos de la Junta de Andalucía, bajo cuyo
mandato se tramitó el proyecto de mejora de riegos de la Comunidad de Regantes
Marismas del Guadalquivir, actualmente alejado de la política, me ha remitido
un extenso escrito que por su interés reproduzco en su integridad más abajo. Ruiz
Orta, en esta declaración, da la cara, explica su versión de hechos que conoció
directamente, se pregunta en voz alta por muchas incógnitas de este caso y,
desde luego, no amenaza al mensajero.
Estos son algunos de
los párrafos más llamativos de su narración:
-“En todo este tema
mi intervención fue en todo momento la que me correspondía, dar entrada a la
solicitud, estudiar y finalmente aprobar la propuesta y el proyecto de la
Comunidad de regantes, no así intervenir en negociaciones de ningún tipo”
-“Es en el seno de la
propia Comunidad, entre algunos de sus anteriores dirigentes y en el rosario de
empresas y personajes que han estado pululando alrededor de tan apetitoso panal
de rica miel, en donde está el verdadero meollo de la cuestión, con suficientes
y evidentes pistas e hilos de dónde tirar si es que de verdad se quiere
desenredar esa inmensa madeja”
-“¿En dónde está
escrito que a una empresa o UTE se la tenga que indemnizar por haber sido
rechazada por una Mesa de Contratación que nunca tenía que haberla siquiera
admitido en la puja? ¿Quién y con quién se adquirió semejante absurdo
compromiso y por qué motivo? He aquí un buen hilo para que alguien que esté
dispuesto empiece a tirar del ovillo”.
-“¿…a nadie de le
llamó la atención la jugada de que a la ya famosa UTE fallida primero se le
pague una inexplicable indemnización de 285.000 euros y que poco tiempo después
se le encargue la ejecución de las obras?”.
-“¿Está diciendo que
entre Noviembre de 2005 en que comienzan las obras y Julio de 2008 la Dirección
General de Regadíos había estado admitiendo y pagando certificaciones falsas?
Esto sí que sería un hecho muy grave y que reclamaría una urgente
clarificación. Evidentemente, los tres ex directores hoy aludidos poco pueden
aportar aquí, Francisco Ruiz Orta porque cesó en mayo de 2005, J.L Sánchez
Teruel porque se incorporo en Mayo de 2008 y mucho menos José Antonio Salinas
que llegó en 2012 y con las obras absolutamente paralizadas”.
-“…acabamos de saber
gracias al ataque de sinceridad del actual presidente de la Comunidad que
bastante tiempo antes de que ésta sacase a licitación las obras de
modernización, ya había una UTE, parece que manejada por ciertos personajes de
Los Palacios en absoluta connivencia con los entonces responsables de la
Comunidad, que ya sabía que iba a ser la adjudicataria”.
-“Me siento
satisfecho y orgulloso de haber actuado en su momento y con la Ley en la mano
para impedir y desmontar la farsa de aquella adjudicación urdida por los
propios dirigentes de la Comunidad. Y al propio tiempo lamentar también por
supuesto que al final todo esto sirva para verme envuelto en una polémica, con
mi nombre y mi honestidad en entredicho, y quién sabe si algún día también
imputado”.
LA CARTA:
"Estimado Pepe:
Me he tomado la
libertad de enviarte este correo, pidiéndote de antemano disculpas por lo
extenso y prolijo de su contenido. Mi pretensión no es otra que hacerte
partícipe de algunas reflexiones y opiniones mías en relación con todo lo que
viene sucediendo en relación con la CR Las Marismas del Guadalquivir del
Guadalquivir.
En respuesta a tu
pregunta concreta durante nuestra breve conversación telefónica creo que ya te
dije, si bien en ese momento no estaba completamente seguro, que debió ser
durante mi etapa en la Dirección General cuando se gestó todo el expediente que
desembocó en la aprobación del proyecto de modernización presentado por esa
Comunidad, así como la asignación de las ayudas correspondientes. No recordaba
con exactitud esa circunstancia dado el hecho, aparte del mucho tiempo
transcurrido, de que en ese periodo fueron muchas las comunidades que al amparo
del Decreto 236 del 2001 solicitaron y obtuvieron ayudas para obras similares,
bastantes de ellas con nombres parecidos, como CR Bajo Guadalquivir, o CR
Sector BXII del Guadalquivir y algunas otras. En fin, ya no me cabe ninguna
duda y así fue en efecto, tal cómo te lo relaté.
Y quisiera entrar ya
en materia precisando lo siguiente, y es que he venido observando tanto en tus
artículos sobre este asunto cómo en otro también aparecido en un medio también
digital, que al hacer referencia a las ayudas que la Consejería concedió a esta
Comunidad se utiliza repetidamente la expresión subvención millonaria, una expresión aparentemente inocua pero que
a mí se me antoja como que cargada de intención, con un digamos ligero matiz o
connotación que quisiera llevar al lector ya de entrada a plantearse alguna duda.
Tal vez no sea así, pero así lo veo yo. De todos modos me importa y mucho
explicarte que aquella subvención millonaria era sin duda la que legalmente
correspondía al volumen de inversión del proyecto aprobado. Y como gracias a
los documentos que has publicado tengo en este momento todos los datos a la
vista, puedo decir que la ayuda concedida para modernizar la totalidad de las
antiguas instalaciones de riego de aquella Comunidad de 12.800 hectáreas,
fueron de aproximadamente unos 3.100 euros por hectárea, cantidad absolutamente
normal en los parámetros de costes de ese tipo de obras en aquellos años.
He estado durante
estos años desde mi salida de la Dirección General absolutamente ajeno a lo que
haya podido estar sucediendo, hasta que tuve noticia de este asunto gracias a
tu llamada telefónica. Naturalmente, después he leído con mucha atención todo
lo que se ha publicado al respecto, tu
affaire con Sánchez Teruel, etc. Mi sorpresa mayúscula es cuando al leer el
documento de la denuncia ante la Fiscalía que hace el nuevo presidente de la
Comunidad, al que por supuesto no conozco, me encuentro con que unas veces con
mi nombre y apellidos y otras aludiendo al cargo que ocupaba, aparezco en
dichos documentos como un supuesto
miembro de una trama organizada que tenía por objetivo beneficiar los intereses
de una determinada empresa y en perjuicio de la Comunidad de Regantes.
Pues bien, he de
decir que basta con realizar una rápida lectura a los textos que has publicado,
y muy especialmente al Documento de Denuncia, para percatarse enseguida que es
en el seno de la propia Comunidad, entre algunos de sus anteriores dirigentes y
en el rosario de empresas y personajes que han estado pululando alrededor de
tan apetitoso panal de rica miel, en donde está el verdadero meollo de la
cuestión, con suficientes y evidentes pistas e hilos de dónde tirar si es que
de verdad se quiere desenredar esa inmensa madeja.
En todo este tema mi
intervención fue en todo momento la que me correspondía, dar entrada a la
solicitud, estudiar y finalmente aprobar la propuesta y el proyecto de la
Comunidad de regantes, no así intervenir en negociaciones de ningún tipo ( ¿ qué y con quién tendría yo que negociar? ), ni
intervine en ningún problema durante la ejecución de las obras, además de que
ya no estaba en la Consejería, ni tuve ningún papel, absoluta y rotundamente
ningún papel durante el proceso de adjudicación de esas obras que, cómo ya
conoces, es potestad única y exclusiva de la propia comunidad a través de su
Mesa de Contratación. Eso sí, era mi deber con esa y con el resto de
comunidades que se acogieron a aquel régimen de ayudas que las licitaciones y
adjudicaciones están es esos casos sometidas a la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, entonces vigente, y que debían obligatoriamente observar de forma escrupulosa esos principios.
De ese modo, y esto
es lo único cierto de todo cuanto parece ser que se me achaca, cuando fui
informado que la Mesa de Contratación había adjudicado, o preadjudicado
cómo se dice en la Denuncia, la
ejecución de las obras a una más que sospechosa UTE montada ad hoc entre unas
empresa muy conocidas, ELECNOR Y TECONSA, y otras llamadas TEGNER Y MECI, sin antecedentes
que mostraran experiencia en la realización de obras hidráulicas de semejante magnitud
como la proyectada, pero, sobre todo, que carecían de los requisitos mínimos de
calificación que exigía la Ley y el propio Pliego de Condiciones publicado por
la Comunidad para concurrir a su Obra, envié una carta al responsable de la
Comunidad advirtiéndole de esa irregularidad, acompañada de un informe en ese
mismo sentido que solicité al Servicio de Contratación de la Consejería. Con
ello impedí la adjudicación ilegal de una UTE que en realidad ni siquiera tenía
que haber sido admitida por la Mesa a participar en la licitación. Pero cómo ya
se verá más adelante, he ahí la cuestión.
Se dice también en
la Denuncia, si bien el denunciante hace esta afirmación de oídas, que durante
la segunda adjudicación se recibió en la Comunidad una llamada de la Junta
indicando que empresa debía ser contratada. No aclara quién llamó en nombre de
la Junta ni quién fue el receptor de la supuesta llamada, pero ahí deja
flotando la sospecha y ojalá dispongan de la grabación o de cualquier otra
prueba fehaciente para que todos podamos salir de dudas.
Y es ya a partir de
aquí y siguiendo la lectura de la Denuncia cuando empiezan a aparecer cosas muy
llamativas de las que estoy seguro también te habrás percatado. Es cuando se
dice que a consecuencia de aquella adjudicación
fallida la Comunidad se vio obligada a indemnizar
a la UTE con la cantidad de 285.000 euros, nada menos. Y pregunto, ¿por
qué? ¿En dónde está escrito que a una
empresa o UTE se la tenga que indemnizar por haber sido rechazada por una Mesa
de Contratación que nunca tenía que haberla siquiera admitido en la puja?
¿Quién y con quién se adquirió semejante absurdo compromiso y por qué motivo?
He aquí un buen hilo para que alguien que esté dispuesto empiece a tirar del
ovillo.
No conozco nada de
lo que haya podido suceder durante la ejecución de esta obra y los graves
problemas que ha venido padeciendo esa Comunidad, pues ya queda dicho que mi
cese en la Dirección General en mayo de 2005 se produjo meses antes de se
pusieran en marcha. Más aún, ha sido para mí una sorpresa saber que a estas
alturas, después de más de ocho años, permanezcan todavía sin concluir. Me está
sorprendiendo también, y mucho, comprobar que en todo lo que he leído en estos
días al respecto sobre el tema, incluida la Denuncia admitida por la Audiencia
de Sevilla, seamos únicamente ex directores de la Consejería de Agricultura,
casualmente los tres procedentes de Almería, los que aparezcamos no ya sólo
citados sino algunos gravemente acusados, mientras que nada se diga, ni aunque
fuese de pasada, de otros responsables de la Dirección de Regadíos que
ejercieron su cargo justamente durante el periodo álgido de ejecución de las
obras y en la que tal y como se relata en la Denuncia se produjeron la mayor
parte de los graves hechos que en ella se exponen. No deja de ser curioso.
No acierto tampoco a
entender muy bien como los responsables de la Dirección General a partir de
mayo de 2005 no pudieron o no quisieron advertir del interés desmedido que
había en la propia Comunidad en entregar la ejecución de las obras contra
viento y marea a la ya famosa UTE de la
primera adjudicación fallida, cómo finalmente acabó sucediendo. Así se
puede leer en el texto enviado a la Fiscalía que exactamente viene a decir que posteriormente, según el libro de contrataciones
de la Comunidad, las principales empresas que ejecutan las obras son las que
fueron rechazadas en la primera adjudicación fallida: TEGNER, MECI o empresas
con administradores comunes a estas cómo MARISMAS CONSTRUCCION, ABONOS
NATURALES DE SEVILLA, y TRANSPORTES EMILIO GARCIA NAVARRO. ¿ Nadie reparó
en esto, a nadie de le llamó la atención la jugada de que a la ya famosa UTE
fallida primero se le pague una inexplicable indemnización de 285.000 euros y
que poco tiempo después se le encargue la ejecución de las obras?.
En otro apartado de
la Denuncia su redactor apunta otro detalle, no se sabe con qué intención,
señalando que los señores que se esconden detrás de este revoltijo de empresas
mencionadas son todos de Los Palacios y
Villafranca. ¿Nos está queriendo dar con ello una dirección para poder
seguir el rastro de algo?. Pero es ya
muchísimo más claro y elocuente cuando más adelante comenta que al poco tiempo varias de estas personas
comenzaron a aparecer por el entorno de la Comunidad luciendo automóviles
Mercedes de alta gama y con matrículas próximas entre sí. O en el punto
Noveno de la Denuncia cuando nos explica que transcurridos un mes y diez días desde la firma del Contrato de obras
(20 de Octubre de 2005) y sin apenas avance real de las obras, se abonó a la
UTE un pago de 4.245.826 euros. Más adelante se abunda en lo mismo diciendo
que hasta julio de 2008 se había
certificado más cantidad económica que obra realizada y que todo esto era
conocido por la Junta. ¿Está diciendo que entre Noviembre de 2005 en que
comienzan las obras y Julio de 2008 la Dirección General de Regadíos había
estado admitiendo y pagando certificaciones falsas? Esto sí que sería un hecho
muy grave y que reclamaría una urgente clarificación. Evidentemente, los tres
exdirectores hoy aludidos poco pueden aportar aquí, Francisco Ruiz Orta porque
cesó en mayo de 2005, J.L Sánchez Teruel porque se incorporo en Mayo de 2008 y
mucho menos José Antonio Salinas que llegó en 2012 y con las obras
absolutamente paralizadas. Así que vuelvo a manifestar mi extrañeza ante el
incomprensible paréntesis de tiempo que hace el propio Denunciante, cómo si el
periodo entre Mayo de 2005 y Julio de 2008 se hubiese borrado de la historia de
su comunidad y nada hubiese ocurrido. No lo entiendo, pero alguna explicación
tendrá.
Sin embargo, todo el
trasfondo que se desprende de la lectura de los hechos que se relatan es que en
realidad se trata de una denuncia en toda regla contra los anteriores rectores
de la Comunidad de Riego, si bien es verdad que el actual presidente no tiene
el valor de hacerlo de forma clara y sin ambages, y para ello echa mano de
políticos y funcionarios de la Junta para mezclarlos con los que a todas luces
son los presuntos delincuentes, los verdaderos y únicos artífices de esa red de
intereses cruzados. Y de que ahí olía muy mal y de que había favores muy bien
remunerados, además de lo ya anteriormente explicado, es de nuevo el autor de
la Denuncia el que vuelve a ilustrarnos cuando describe uno de los episodios
más chapuceros de todo este penoso contubernio. Se refiere a la llamada Balsa
Alcantarilla y se trata de que siendo necesario disponer de terrenos para
construir un depósito de almacenamiento de agua para los regadíos a modernizar,
se ocuparon 42 hectáreas propiedad de la sociedad Inversiones EBYS SA, con la
que la Comunidad llega al acuerdo de indemnizarla por la pérdida de los
cultivos de esa campaña agrícola. Además de dicha indemnización ( no explica la
cuantía de la misma), se acuerda también que a cambio de esas 42 hectáreas
ocupadas por la futura balsa a construir la Comunidad hará las obras de
instalación necesarias para poner en riego otras 202 hectáreas propiedad de esa
misma sociedad, por un coste de 4,8 millones de euros. Es decir, por un costo a
razón de unos 24.000 euros por cada una de las 202 hectáreas. Si se tiene en
cuenta que el coste medio de las instalaciones de modernización de las 12.800
has de la Comunidad, según proyecto y presupuesto, viene a ser de unos 4.700
euros por hectárea, es más que evidente el trato generoso que dispensó la Junta
Rectora de los regantes de Las Marismas a Inversiones EBYS SA. ¿También por
casualidad son gente de Los Palacios? Un
valor muy superior al mercado, en palabras del propio denunciante.
Y ya por si queda
alguna duda de hacia dónde dispara los tiros el presidente actual con su
denuncia, baste ya con estas definitivas palabras escritas de su puño y letra
al referirse a la cantidad indemnizada a Inversiones EBYS: A esta mercantil se la indemniza por parte de la primera UTE (MECI
WORKS Y TEGNER) adjudicataria fallida de las obras. Lo curioso es que estas
indemnizaciones se producen meses antes de que se lleve a cabo el proceso de
selección y de adjudicación de las obras por parte de la Mesa de Contratación
por lo que cabe pensar que la adjudicación era un MONTAJE. Fin de la cita,
ya más claro, el agua, pues acabamos de saber gracias al ataque de sinceridad
del actual presidente de la Comunidad que bastante tiempo antes de que ésta
sacase a licitación las obras de modernización, ya había una UTE, parece que
manejada por ciertos personajes de Los Palacios en absoluta connivencia con los
entonces responsables de la Comunidad, que ya sabía que iba a ser la
adjudicataria.
Así pues y a modo de
resumen, puedo decirte que en este momento me siento satisfecho y orgulloso de
haber actuado en su momento y con la Ley en la mano para impedir y desmontar la
farsa de aquella adjudicación urdida por los propios dirigentes de la Comunidad.
Y al propio tiempo lamentar también por supuesto que al final todo esto sirva
para verme envuelto en una polémica, con mi nombre y mi honestidad en
entredicho, y quién sabe si algún día también imputado. Mientras tanto, los
responsables de este desastre de gestión, los que se han llevado y repartido
presuntamente el botín, están ahí tranquilos, al margen de todo y sin que nadie
les apunte, sin que nadie les investigue.
Es fácil entender
que desde luego no tendrá nunca el mismo interés periodístico la noticia de
un embrollo económico protagonizado por
un puñado de agricultores que si esto mismo se ve aderezado con políticos y
funcionarios públicos. Lo entiendo y no creo que eso vaya a cambiar. Peo
también es comprensible que cuando uno se siente injustamente maltratado,
aspire al menos a que alguien sea capaz de poner a cada cual en su verdadero
asunto, teniendo el coraje y la honestidad de explicar toda la verdad.
Y eso es algo que estoy seguro que tú sabrás
hacer.
Un abrazo,
Francisco Ruiz Orta.
