COSAS DE PERIODISTAS

Por fin una mujer preside la Asociación de la Prensa de Sevilla y aunque solo sea por eso, ya es motivo para la esperanza de que las cosas pueden empezar a cambiar tras un siglo de estar presidida por hombres. Nani Carvajal es quien ha vencido limpia y democráticamente unas muy reñidas elecciones frente a otra mujer, Inés Alba, cuya candidatura era definida maliciosamente la mañana de las elecciones en el “pásalo” como “del régimen”. Es obvio constatar que ambas mujeres, profesionalmente hablando, gozan de solvencia y prestigio, con una dilatada carrera a sus espaldas. Actualmente trabajan en medios públicos, Canal Sur y RTVE. El resultado final ha sido clarificador tras ofrecer durante demasiado tiempo la asociación de Sevilla un espectáculo bochornoso y nada edificante, llegándose a contratar los servicios de un detective por parte de periodistas para investigar a otros periodistas, todo ello en el marco en un procedimiento judicial por fraude denunciado en las últimas elecciones. En estas no ha habido trampa ni cartón gracias, entre otros, a Antonio Manfredi que ha presidido con solvencia y seriedad la mesa del proceso. No hubo esta vez un resultado ajustado: Inés Alba obtuvo 101 votos y Nani Carvajal 200. (He lamentado, por estética numérica, un viaje profesional de última hora a Ceuta y no poder votar. El resultado hubiese sido redondo: 101 a 201).

LIBERTAD, INDEPENDENCIA

La AAPP de Sevilla ha estado sumida en un largo periodo de altibajos desde que, hace dos décadas, Celestino Fernández Ortiz y Angel Botana Sabugueiro dejaron la presidencia. Con ellos acabó una dilatada etapa en la que los periodistas accedían a pisos y apartamentos baratos en régimen de cooperativa, para entrar en la era de la paletilla que, como el turrón, vuelven a casa cada Navidad. Esa última etapa ha coincidido en el tiempo con un lento proceso de sometimiento de los medios y sus trabajadores a los vaivenes de la política en Andalucía. El poder político se ha convertido en el empresario que más periodistas contrata y, también, el que controla la mayor parte del presupuesto publicitario que se factura en Andalucía. Además, quita y otorga licencias de emisión radioeléctrica. Los periodistas, casi sin darnos cuenta y en la mayoría de los casos sin desearlo, hemos sido colocados obligatoriamente en trincheras ideológicas o defendiendo fortines económicos de intereses no siempre confesables, y que al cabo de los años ha acabado pasando factura a una profesión cuya responsabilidad ante la sociedad es la de buscar la verdad y contársela.

Los postulados de la candidatura de Inés Alba se acercaban más a planteamientos propios de un sindicato, destacando como objetivo “prioritario” de su tarea de gobierno luchar contra la precariedad laboral, denunciar la excesiva contratación temporal y los bajos salarios. El resultado electoral obtenido por Carvajal demuestra que el grueso de la profesión ha decidido optar por una candidatura cuyo programa de actuación esta presidido por un oportuno lema: “Periodismo es libertad. Tu asociación, tu independencia”. Efectivamente, todos sabemos que no corren buenos tiempos para la libertad y la independencia, quizás por eso ha ganado de forma aplastante la candidatura de Nani Carvajal. Basta con mirar a Juzgados y Audiencias para comprobar cómo muchos poderosos no aceptan ni entienden el trabajo de los periodistas como un Derecho elemental de los ciudadanos. O el propio poder político cuando impulsa y crea nuevos organismos de control de los medios como el Consejo Audiovisual de Andalucía, quien por cierto en una de sus primeras resoluciones ha perdido una magnifica ocasión para proteger con mayor firmeza y seriedad a una periodista, agredida por ser mujer, desde una radio municipal por orden del Sr alcalde, con ataques a su intimidad y a su dignidad.

Carvajal y quienes están con ella en la nueva Junta conocen bien como está el patio mediático y saben que la tarea no va a ser nada fácil, incluso desagradable. Si consiguen mantener unido con su actuación al grueso de sus votantes, si no practican el sectarismo con quienes no les votaron, si suman voluntades y atienden a las nuevas generaciones de periodistas que salen de nuestras Facultades de Periodismo, todo ello coordinadamente con el resto de asociaciones andaluzas, quizás los periodistas podamos empezar a recuperar un espacio propio de libertad, de solidaridad y también de denuncia sistemática de los múltiples abusos y agresiones que viene padeciendo el ejercicio de la profesión de un tiempo a esta parte en Andalucía. ¡Mucha suerte Nani!

SISMOGRAMAS

Uno. ¿Cómo es posible que ese empresario radiofónico, con más de una docena de frecuencias adjudicadas por la Junta, lleve dos años sin tener sede física de sus emisoras y ni un solo trabajador en plantilla, emitiendo por satélite música desde Madrid?

Dos. Fiesta en Gibraltar porque Iberia les une con Madrid. A Ceuta el gobierno les pone trabas para que una línea de helicópteros les conecte en veinte minutos con La Línea.

Tres. En Málaga suena como inminente el relevo de Juan Carlos Jiménez Laz al frente de la televisión municipal.

IMPUTADOS Y `PRESUNTOS

Enrique Bolín es uno de los pocos ediles andaluces que permanecen en el cargo desde que recuperamos la democracia. Es, sin duda, uno de los alcaldes jurasicos que siguen al frente de un ayuntamiento tras idas, venidas, revolcones electorales y algún que otro conflicto judicial que, a cualquier otro, le habría supuesto un gran coste personal y su jubilación política. A Bolín no, ahí sigue urbanizando el término de Benalmádena donde ya no queda ni un metro cuadrado que recalificar. Bolín, de derechas pero sin disciplina de partido conocida, gana en su pueblo elección tras elección frente a una oposición convencional que no sabe como desbancar a don Enrique, mezcla de Jesús Gil, Pedro Pacheco y Ramón Palacios. Es, además, un provocador nato y así se acaba de constatar esta semana al condecorar a dos amigos suyos imputados en la Operación Malaya.

En efecto, Rafael Gómez Sandokán y Cristóbal Peñarroya, en libertad bajo fianzas de 300.000 y 30.000 euros respectivamente, han sido galardonados por el ayuntamiento de Benalmádena en atención a las inversiones empresariales realizadas por ambos en el término. Sandokán ha promovido un hospital de cinco estrellas, el mejor y más dotado de los que puedan existir en Andalucía a día de hoy. Peñarroya dice que ha creado unos quinientos puestos de trabajo en proyectos urbanísticos aprobados, recordaba con guasa, por el propio PSOE que ahora le considera un apestado. Peñarroya es el único directivo de la CEA imputado en la O. Malaya.

Estas condecoraciones han levantado una gran polvareda política jaleada singularmente por el portavoz del PSOE en Benalmádena quien acaba de inventarse una nueva figura penal de aplicación inmediata, al proclamar que el problema no está en la presunción de inocencia que dice respetar, está en la posibilidad de que algún día la Justicia les condene. Regla de tres por la cual no habría que conceder medallas a nadie. “Cuestión de prudencia” resume Juan Cañete, el activo y airado portavoz del PSOE. El asunto clave para los socialistas es que ambos empresarios están bajo sospecha judicial. Curiosa posición si se compara con lo sucedido al alcalde socialista de Carboneras o al de Castell de Ferro, condenados en firme y en sus puestos, habiendo sido beneficiado el primero con un “indulto Express” de Zapatero que le permitirá volver a ser en nada cartel socialista para Carboneras. Pero lo peor del caso en palabras de un jurista almeriense, “es la interpretación cortijera que el PSOE da a la acción de la Justicia, saltándose con un indulto urgente el trabajo de los Tribunales. El mensaje subliminal es terrible: si eres del partido estás por encima de la Ley”. Todo eso sucede cuando el número dos socialista Pepe Blanco hace público un código ético para los cargos socialistas, código que de momento incumplen en Andalucía dos docenas de concejales y alcaldes del PSOE imputados o condenados judicialmente en firme. Un banderín de enganche que el PP no piensa dejar pasar, aunque les salpiquen daños colaterales.

CHAVES VETÓ PRIMERO

Al margen de la lógica escandalera electoral, dadas las fechas, el asunto adquiere una especial relevancia porque podríamos estar asistiendo a la institucionalización de una actitud inquisitorial al margen de la Constitución, despreciando públicamente el principio de presunción de inocencia. En efecto, si hace un mes en nombre del presidente Chaves se anulaba la invitación a un acto de la Junta en Marbella a otro de los imputados en la Malaya, Tomas Olivo, se `preguntan algunos empresarios “¿qué debemos esperar que suceda del presidente para abajo?”.

Empieza a detectarse con preocupación cierta manipulación política de las decisiones que los órganos jurdisdiccionales adoptan en Andalucía y que tienen relación con la actividad pública. La sentencia del Supremo esta semana declarando ilegal una promoción de golf inmobiliario en el Puerto de Santa María, promovida por la CAI de Zaragoza, apoyado y avalado por relevantes prohombres de “la situación” como el ex consejero de Trabajo de Chaves, Ramón Marrero, o el dirigente de la CEA Ramón Dávila, confirma la existencia de un doble rasero institucional a la hora de resolver situaciones de presunta ilegalidad. Una lectura de los documentos judiciales ofrece un diagnóstico alarmante: la promoción se ha hecho sin licencia, mientras que el peso legal de la consejera de Obras Publicas ha recaído en este tiempo con todo tipo de denuncias sobre Las Beatillas, la competencia directa del ilegal proyecto de la CAI y del ex consejero Marrero.

SISMOGRAMAS

Uno. En el consejo de Gobierno del 9 de enero el presidente Chaves afrontará la crisis por la salida de Paulino Plata, no descartándose algún que otro reajuste.

Dos. Junto a Salvador Pendón la también malagueña Ana Maria Gómez figura como firme candidata a sustituir a Plata al frente de Turismo.

MARBELLA Y EL PODER JUDICIAL

Coincidiendo con las distintas fases de la Operación Malaya, se han alzado voces buscando responsabilidades aquí y allá por lo sucedido en Marbella. Para el PP, la culpa de lo sucedido la tiene la Junta de Andalucía, supervisor final de la política urbanística. El propio presidente, Manuel Chaves, se ha defendido recordando que su gobierno ha llegado a presentar 400 denuncias judiciales en estos años. Una defensa que evidencia un ataque del ejecutivo contra el poder judicial, del que, efectivamente, no se recuerda ningún auto de demolición en década y media. Sí se recuerdan los ágapes y fiestas que Jesús Gil otorgaba a la flor y nata de la Justicia española en unas jornadas jurídicas a todo tren. “No nos falléis, sois nuestra gran esperanza” les gritaba Gil a jueces y fiscales en los actos de clausura. Pero tampoco sería justo echar toda la responsabilidad de lo sucedido al Poder Judicial, entre otras cosas porque hay procedimientos y nombres en ese ámbito a los que conviene rescatar de la memoria como pioneros, víctimas incluso, en la lucha contra la corrupción. Nombres que dignifican el papel de la Justicia en los oscuros años del saqueo marbellí. Uno de esos jueces es Santiago Torres, al que solo protegió la prensa y que acabó marchándose de Marbella con el corazón en manos de los cardiólogos. Años antes, en la primavera del 93, una jueza tramitaba un asunto donde se mezclaban el urbanismo, una estafa, mafiosos italianos y un notable funcionario judicial llamado Juan Ramírez. El “Caso Casino” terminó con la expulsión temporal de la Carrera de Blanca Esther Diez. La sanción se produjo tras un severo procedimiento del TSJA del que fue ponente un magistrado progresista, hoy jurista en el Parlamento de Andalucía.

LUCHA DE CLANES JUDICIALES

La magistrada Blanca Esther Diez se topó con el oficial Juan Ramírez, verdadero poder fáctico del mundo judicial marbellí, como denunciara años atrás en una investigación interna el inspector del CGPJ Baltasar Garzón. La jueza conoció por testimonios aportados a la causa que Ramírez disfrutaba de cierta impunidad, conexiones con el Supremo y de un extraño poder delegado desde las más altas instancias judiciales del país. Blanca Diez pudo comprobar documentalmente cómo en una operación de venta de un apartamento en pleno centro de Marbella, propiedad del vicepresidente del CGPJ Jose Luís Manzanares, había actuado con poderes notariales su amigo el oficial Ramírez, para quien la magistrada había decretado días antes prisión preventiva en Alhaurín acusado de cometer diversos delitos. El “Caso Casino” acabó llamándose “Caso Blanca Esther Diez” y puso en pie de guerra a los clanes más politizados del máximo órgano de control y gobierno de los jueces españoles. Por aquellas fechas ya eran notables las soflamas del vicepresidente Manzanares contra la política judicial socialista, muy en línea con el PP. Hasta tal punto, que un destacado miembro del CGPJ, propuesto por el PSOE, pidió personalmente a la jueza por teléfono que siguiese adelante con las investigaciones, “Blanca, tranquila, que nosotros la respaldamos, siga investigando y caiga quien caiga” le manifestó. La inexperta jueza cometió varios errores procedimentales, sí, y aprendió también lo difícil que resulta a veces que la Justicia se investigue a sí misma.

SEVILLA: UNA DECLARACION SIN FISCAL

La pasada semana el ciudadano F.J.P.P. elevó una queja al CGPJ contra el titular del juzgado Nº 3 de Instrucción de Sevilla. La queja está motivada por el trato recibido al comparecer a declarar como denunciante en un asunto que afecta a intereses familiares de un ex magistrado y ex alto cargo del CGPJ. En la denuncia dice entre otras cosas : “Al ser citado en calidad de Denunciante/Perjudicado, el 23 de noviembre del presente comparecí con mi abogado, no permitiéndole su presencia, indicando el Sr. Juez, (C.LL.), que al haber denunciado de forma personal sin procurador ni abogado, me tomaba declaración solo. En el acto de la misma, y en presencia del letrado de la parte denunciada, el Sr. Juez, me interrogó de forma coactiva sobre mi persona, no profundizando en los hechos denunciados, recriminándome mis relaciones con la prensa, e indicándome, que yo había roto las reglas por denunciar sin abogado ni procurador, a lo que le indiqué mi carencia de recursos económicos. Al indicarle y mostrarle que los hechos denunciados, ya lo habían sido en marzo del 2.006 ante la Fiscalía y posteriormente en septiembre, me dijo tácitamente que ni se habían investigado ni se investigarían. Tras indicarle que me trataba como un imputado, en lugar de denunciante, me dijo que era porque le estaba mintiendo. Me sorprendió enormemente que no estuviera presente el Sr. Fiscal…”.



SISMOGRAMAS

Uno. Se paraliza “el proceso”. Crece la alarma general en los ámbitos malayos. Atentos, puede que en breve llamen a “la otra”.

Dos. Chaves abrirá crisis después de Reyes: Paulino, ¿Isaías, Concha…?

Tres. Llega el relevo en la FIBES. A Felipe Luís Maestro le sustituirá un hombre de máxima confianza de Santiago Herrero.

DE AUTOS, JUECES Y JUNTA

Están apareciendo algunas decisiones judiciales en Andalucía que quizá ayuden a explicar por qué la administración autonómica ha fracasado en el intento de atajar la corrupción en las últimas décadas. Al presidente Manuel Chaves se le llena la boca proclamando que la Junta ha presentado ¡cuatrocientas denuncias! ante los tribunales solo contra la administración del GIL en Marbella. Dice verdad el presidente, pero no toda. Entre otras razones porque la Justicia, en distintas instancias, está dejando muy clarito, negro sobre blanco, sentencias que vienen a confirmar que la Junta, en efecto, suele dar el primer paso jurídico contra algunas ilegalidades pero después se olvida. El caso de la ampliación de la tercera fase del centro comercial La Cañada en Marbella, autorizado por decreto de la ex alcaldesa Marisol Yague, conocido hace unos días, es explicado muy clarito por el juez en su resolución“ por cuanto el recurso ha sido interpuesto fuera del plazo legal (caducidad), y por ello el acto recurrido ha devenido firme y consentido, no siendo, por tanto, susceptible de impugnación”.

CUADRILLA ELECTORAL DE DEMOLICION

El empresario Tomás Olivo está recibiendo en los últimos días sentencias judiciales favorables a sus intereses, mientras el juez Torres le mantiene imputado en el frivolizado Caso Malaya. El delito de Olivo es haber pagado con cheques bancarios nominales una operación inmobiliaria y, esos talones, han aparecido posteriormente como pago de otra operación ilegal, aportados en ese caso por el receptor de la primera venta. Esos pagares, dice Olivo, figuran declarados por él en la escritura notarial de la transacción comercial.

La implicación de Olivo en la Malaya, segundo propietario de centros comerciales del país, tras el Corte Ingles, le ha convertido en el primer candidato de la lista de empresarios a los que Manuel Chaves quiere enviar la cuadrilla electoral de demolición. El PSOE-A ha llegado al convencimiento que, puestas como están las cosas, con una opinión publica escandalizada por tanto bucanero dentro y fuera de la política, deben apostar decididamente por acciones ejemplarizantes como demoler algunos iconos considerados escandalosos por ilegales. El Algarrobico caerá con fondos públicos y al que los jueces pondrán el justiprecio; la Casa Club de Montenmedio propiedad de Antonio Blázquez, amigo de Felipe Gonzalez y de la CEA, también está en el objetivo de la Junta; Las Beatillas en el Puerto, propiedad de Jose A. Lopez Esteras, también la quiere demoler Concha Gutiérrez, así como la nave de Rafael Gómez Sandokán cerca de Medina Zahara en Córdoba. Pero al poder andaluz les obsesiona Tomás Olivo, el mejor objetivo para lo que se persigue en esta campaña electoral de oportunas y oportunistas demoliciones. Olivo es rico, metido hasta las trancas en Marbella, ha estado cerca del clan Muñoz- Pantoja, fue el primer jefe que tuvo Roca, ese que Gaspar Zarrías dice que no conocía hasta verlo en el furgón policial, Olivo no es de la CEA y lo que más empieza a irritar al poder, beneficiado gracias a la incapacidad de la Junta en afrontar los contenciosos judiciales con medios, rigor político y jurídico, según escriben los togados ante tanto silencio administrativo y tanto despiste procesal.

“JUSTICIA AGIL Y EFICAZ”

Los últimos dictámenes de la Justicia tienen, además, un denominador común que debiera preocupar en la Junta. La Justicia les recuerda reiteradamente que deben respetar más la autonomía de los ayuntamientos. Ahí quedó el Auto del TSJA, del que fue ponente el prestigioso magistrado Antonio Moreno Andrade, donde se da la razón al ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda en el caso de un centro comercial, incluyendo un duro varapalo a la Junta a la que se acusa de actuar contra las buenas intenciones de la corporación sanluqueña o el que se ha conocido esta semana de Roquetas donde el juez Jesús Rivera deja en evidencia el escaso interés de la Administración para que funcione la maquinaria judicial con este texto: “Situación propiciada por los poderes públicos responsables de la dotación de medios personales y materiales a los órganos jurisdiccionales que, secularmente, mantienen una ratio de jueces por 100.000 habitantes muy alejada de los parámetros de otros países de nuestro entorno, en los que, en comparación con el nuestro, se muestra un mayor grado de preocupación por una justicia ágil y eficaz”. Escribe el magistrado Rivera Fernández tras evidenciar el atasco judicial de años en el caso Gran Plaza.

SISMOGRAMAS

Uno. Paulino Plata no sabe como justificar la inversión de su consejería en la película El Camino de los Ingleses al carecer de aspectos promociónales turísticos de Andalucía.

Dos. El juez del Caso Gran Plaza estudia querellarse con la radio municipal de Juan Enciso en El Ejido por acusarle de prevaricar.